El fiscal pedirá un informe que desvele si el fallo del desfibrilador causó la muerte

La muerte de un hombre en la Ciudad de la Justicia se investiga en dos ámbitos. Por un lado, el judicial. Instrucción 3 de Valencia, el juzgado que estaba de guardia el día del fatal desenlace y que procedió al levantamiento del cadáver, tiene abierta una investigación para esclarecer todas las circunstancias del suceso. Y entre las diligencias que, en breve, solicitará el ministerio público se encuentra el encargo de un informe al médico forense.

La pericial tendría como objeto averiguar si el fallo del desfibrilador -aparecía sin batería cuando fue a utilizarse- pudo ser determinante en el fallecimiento. En definitiva, ver hasta qué punto el problema llevó a la muerte del paciente o si, por el contrario, debido al tipo de patología que padeció la víctima, de 50 años de edad, el desfibrilador no hubiera sido suficiente para efectuar la reanimación que necesitaba el perjudicado.

Las pesquisas pretenden aclara si al margen de una responsabilidad administrativa -esta es evidente que la hay- los hechos pueden derivar también en consecuencias penales hacia algunos de los responsables del cuidado y mantenimiento de estos aparatos.

La instrucción se encuentra todavía en una fase embrionaria -el suceso se produjo la semana pasada- y habrá que esperar a que avancen las diligencias para poder saber si esa supuesta responsabilidad se proyecta sobre algún responsable.

La vía administrativa también sigue adelante. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha convocado hoy a todos los operadores jurídicos a una reunión en la Ciudad de la Justicia de Valencia, en la que les explicará los datos de los que dispone sobre el fallo de este desfibrilador.

Las asociaciones de jueces, por otro lado, insisten en aclarar lo sucedido. La sección territorial valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) ha expresado su «preocupación» ante el reciente fallecimiento por parada cardiorrespiratoria de una persona en la Ciudad de la Justicia de Valencia, «que ha puesto de manifiesto que el único desfibrilador existente en las instalaciones no funcionaba correctamente». Ante estos graves hechos, la organización pide investigar si ha habido «negligencia» en la gestión de la Conselleria de Justicia.

Según JpD, la Generalitat es la titular del edificio, donde pasan a diario miles de personas, y debe cumplir el decreto aprobado por el propio Gobierno valenciano que regula la instalación y uso de los desfibriladores, así como su mantenimiento.

Además, la asociación de jueces critica que el departamento que dirige Gabriela Bravo no haya convocado desde enero al comité de coordinación de prevención de riesgos laborales, a pesar de que debía reunirse con carácter trimestral. También lamenta que «la falta de funcionamiento de esta mesa técnica muestra cierta desidia de la actuación institucional en la materia».

La entidad agrega que la Conselleria de Justicia está adoptando medidas que afectan a posibles riesgos laborales, como actuaciones sobre entradas y salidas de los edificios judiciales, sin contar con la participación de los delegados de prevención de los colectivos afectados.