La fiscal tacha a Cano de ambicioso y único autor intelectual posible del crimen de Polop

La fiscal del juicio por el crimen en 2007 del alcalde de Polop (Alicante) Alejandro Ponsoda ha sostenido este jueves, en sus conclusiones finales, que el principal acusado, Juan Cano, es «el único autor intelectual posible» del asesinato y ha mantenido su escrito de acusación inicial.

El juicio se celebra contra siete acusados: el entonces concejal de Urbanismo y sucesor en la Alcaldía, Juan Cano, del PP; el empresario del calzado Salvador Ros; Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, dueño y gerente del club de alterne Mesalina (donde supuestamente se fraguó el crimen), y tres presuntos sicarios -Radim Rakowski, Robert Franek y Rafael Montero Trevejo-.

Para todos ellos se piden 25 años de cárcel, a excepción de los tres últimos, para quienes se demandan dos años más por tenencia ilícita de armas.

Ante el jurado popular, la fiscal Lourdes Giménez-Pericás ha determinado también la supuesta participación del resto de acusados del crimen y ha defendido la declaración del testigo protegido.

La representante del ministerio público se ha centrado, principalmente, en establecer la mala relación entre Cano, número dos del alcalde asesinado, y Ponsoda, fundada en la declaraciones de la mayoría de los testigos que han comparecido en el juicio.

La fiscal ha recordado que existían «problemas constantes» entre ambos, ya que «Ponsoda era quien tenía la última palabra en el ayuntamiento y tomaba las decisiones», algo que Cano no soportaba, debido a su «ambición».

También ha defendido Giménez-Pericás la investigación realizada «desde finales de 2007 hasta mediados de 2010». Ha asegurado que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «estudiaron todo y lo investigaron todo», desde las amenazas recibidas por Ponsoda por parte de «vecinos con conflictos» hasta todo lo relacionado con la «vida sentimental» de la víctima.

De las amenazas, ha señalado que «fueron descartadas porque no tenían motivo suficiente«. En cuanto a las relaciones sentimentales de Ponsoda, ha indicado que el alcalde asesinado »no contaba a nadie cuál era su cargo« y llevaba »esta parcela privada de su vida con absoluta discreción«.

Igualmente, la fiscal ha defendido la «credibilidad» del testigo protegido que situó a Cano al frente del complot en el que, presuntamente, pactó el asesinato de Ponsoda junto al empresario Salvador Ros y al propietario y el gerente del club Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto.

Además, ha considerado probado que trabajaba de portero en aquellas fechas, que en su declaración fue «sincero» en todo momento y que no obtuvo beneficios por su declaración, sino «perjuicios».

Por tal motivo, tal como ha refrendado también el representante de la acusación particular, Vicente Guerri, la Fiscalía ha ratificado su petición de 25 años de cárcel por el presunto delito de asesinato para Cano, Ros, Hermosilla y Gatto.

La misma condena que solicita para los considerados autores materiales, Robert Franek, Radim Rakowski y Raúl Montero Trevejo, para quienes las acusaciones añaden dos años más por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas.

Las defensas de los siete acusados del asesinato en octubre de 2007 de Ponsoda han pedido a la magistrada de la Audiencia de Alicante que el juicio no se someta a veredicto del jurado por falta de pruebas.

Así lo han solicitado en una sesión en la que las partes han ratificado sus conclusiones y las han elevado a definitivas. La magistrada ha rechazado esta petición formulada por las defensas que representan al exconcejal de Urbanismo y sucesor de Ponsoda en el Ayuntamiento de Polop, Juan Cano, y otras seis personas más entre acusados como inductores y autores materiales del asesinato.

La Fiscalía ha indicado que pese a que no hay un aprueba directa, y que no se ha encontrado el arma, «sí hay una pluralidad de indicios y el testimonio del testigo protegido», que trabajó de portero en el club Mesalina, lugar donde presuntamente se urdió el crimen.

Según fiscal y acusación particular, Alejandro Ponsoda fue tiroteado en la cabeza a las puertas de su domicilio, en «un ataque sorpresivo» del que «no tuvo capacidad de defenderse».

Para la acusación pública ha quedado probado que Juan Cano, el empresario Salvador Ros y los dueños del Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gato, acordaron el asesinato en el interior del local de alterne, «el peor de los ámbitos delincuenciales, según la UCO», ha dicho.

Las acusaciones, que sostienen que el objetivo era que Cano se hiciera con la Alcaldía, han afirmado que «fue un tiro por encargo», y se pagó a los autores materiales, Raúl Montero, Robert Franek y Radim Rakowski, que «solo lo hicieron por enriquecerse», ya que no conocían al entonces alcalde de Polop.

La fiscal ha pedido al jurado que contemplen el contexto, que los hechos sucedieron hace diez años y que Cano, considerado principal inductor, sigue paseando por Polop tras «insultar» y «enfrentarse» a los miembros de la Guardia Civil, y amenazar al testigos y familiares, según se ha podido escuchar durante el juicio.

Asimismo, ha destacado que las detenciones se produjeron dos años después del asesinato, a la vez que ha negado que existiera presión para que la UCO cerrara la investigación en falso.

Ministerio fiscal y acusación particular sostienen que había una «planificación» ya que, a partir de 2003, pese a que Juan Cano se queda fuera del Ayuntamiento, intenta mantener el control de Urbanismo, apoyado por el testimonio de Juan Andrés Llorens, con el que se ha demostrado, asegura la fiscal, que la actitud de Cano en el Ayuntamiento hasta 2007 «no era una colaboración», sino un intento «de golpe de Estado».

En cuanto a los intermediarios, las acusaciones aseguran que a Cano se le ha situado en varias ocasiones en el club Mesalina en compañía de los responsables, Hermosilla y Gatto, y del amigo íntimo del exconcejal, el empresario Salvador Ros al que Raúl Montero, uno de los presuntos autores materiales, le vendió un arma.

Respecto al testigo protegido, señalan que ha quedado demostrado que en 2007 era portero del Mesalina y que, según ha declarado en Instrucción, Juan Cano, al que describió como director de la CAM, en una reunión en la sala VIP, junto a Hermosilla, Gatto y Ros, le encargó el asesinato de Ponsoda y que tras negarse, oyó que se lo habían encargado a Raúl Montero Trevejo, a Robert Franek y a Radim Rakowski.

En cuanto a la autoría material, han incidido en que en el asesinato se utilizaron dos pistolas y cartuchos compatibles con las intervenidas a Raúl Montero, y a Robert Fraenek y Radim Rakowski, en sendas operaciones en Sueca y Benidorm.

Por su parte, las defensas de Raúl Montero, Radim Rakowski y Robert Franek, acusados de ser autores materiales del asesinato, han asegurado que no hay pruebas de que sus clientes participaran en los hechos, por lo que han solicitado un veredicto de no culpabilidad.

La defensa de Montero califica de «hipótesis», «conjeturas» y «rumores» los testimonios durante el juicio y ha cuestionado al testigo protegido, que dos años después del asesinato aparece «por arte de birlibirloque» y se pretende que se dé a sus declaraciones el «carácter de Dios», ha indicado.

Por su parte el abogado de Radim Rakowski asegura que no hay la más mínima prueba ni de que se haya reunido con los inductores del crimen ni que haya hablado por teléfono con ellos para organizar el asesinato.

El principal acusado y sucesor del alcalde fallecido a tiros en 2007 de Polop (Alicante) Alejandro Ponsoda, Juan Cano, era un «borracho, un loco y un mal alcalde», según el testimonio de una testigo leído este miércoles ante el jurado popular que enjuicia este crimen en la Audiencia Provincial alicantina.

Estas palabras sobre el considerado cerebro del asesinato, Juan Cano, fueron emitidas en la fase de instrucción por la popular María Dolores Zaragoza, que fue alcaldesa de Polop entre diciembre de 2009 y junio de 2011, cuando relevó a Cano una vez que fue detenido por la Guardia Civil por su supuesta participación.

Zaragoza falleció posteriormente por una grave enfermedad, por lo que su declaración en instrucción ha sido leída ante los seis hombres y tres mujeres del jurado popular.

Según este testimonio, Cano (PP), entonces vicealcalde y concejal de Urbanismo, consideraba como su «enemigo político número uno» al también popular y alcalde, su compañero Alejandro Ponsoda, a quien «siempre trataba de forma despectiva» y le decía que era un «inútil» y que «no sirve para nada».

«No lo quiere ni su familia», ha relatado Zaragoza sobre lo que solía decir Cano del fallecido, así como otras frases como «ni eres hombre ni eres nada», con otras alusiones a la vida íntima del regidor asesinado.

La exalcaldesa de Polop también declaró en instrucción que era «habitual que Cano fuera 'alegre' (en alusión a la bebida) a las reuniones en el ayuntamiento» sobre todo después de las 11 horas, ya que era frecuente que antes ingiriera alcohol en el bar de la piscina municipal.

Ha relatado que, sin alcohol, Cano tenía un carácter «afable» pero que si consumía su talante se volvía «insoportable e, incluso, daba miedo», y ha añadido que su faceta de «intimidador» le provocó a ella misma llegar a tener «miedo» de que le pasase «lo mismo que a Alejandro (Ponsoda)».

Aunque ha aclarado que desconoce «si Cano mató a Alejandro», la exalcaldesa indicó que el acusado le trasladó que el hecho de ser relegado en las listas electorales de cuatro años antes (en 2003 tras una denuncia por un supuesto soborno) y quedar fuera del ayuntamiento durante 4 años antes de volver como número dos, le sentó mal y que aquello provocó que se sintiera «defraudado» por Ponsoda, a quien veía como «una mala persona».

Este testimonio refuerza la tesis de la investigación sobre que el móvil del crimen pudo ser el «odio» de Cano hacia Ponsoda, en un juicio en el que se piden 25 años de cárcel para el sucesor de la víctima.

El asesinato de Alejandro Ponsoda se produjo el 19 octubre de 2007 cuando regresaba a su domicilio, situado en la pedanía de Xirles, y según el sumario recibió tres disparos, aunque solo uno de ellos le impactó en la cabeza, lo que acabó provocando su muerte ocho días después en el Hospital General de Alicante.

Cano le relevó al frente de la alcaldía como número dos de la lista del PP hasta que, al cabo de dos años, fue detenido junto a los otros seis acusados por, supuestamente, orquestar y ejecutar el crimen con el móvil de un odio personal.

Ponsoda había sido alcalde entre 1995 y el momento del crimen, y le sucedió Cano hasta diciembre de 2009, cuando fue arrestado, mientras que la testigo María Dolores Zaragoza tomó el relevo en ese momento hasta las siguientes elecciones, en mayo de 2011, cuando pasó a gobernar el PSPV-PSOE.