La Fiscalía pide a una fundación madrileña siete millones de euros que heredó de una anciana de Gandía tras un testamento en duda

Según el relato de los hechos que hace el Ministerio Fiscal, la notaria acudió al hospital en el que se encontraba ingresada la víctima, concretamente en la Unidad de daño cerebral tras haber sufrido diversos ictus. La acusada le llevó un documento público de otorgamiento de testamento y un documento público de otorgamiento de poder que había elaborado previamente en su despacho como si hubiera sido a petición de la víctima.

Sin embargo, la anciana se encontraba en un grave estado de salud tras haber sufrido varios accidentes isquémicos que le produjeron una alteración de sus actividades motoras, sensoriales y cognitivas que le dejaron en un estado de mínima conciencia con ausencia total del lenguaje (anartría) y sin capacidad para establecer ningún tipo de comunicación. Por estos motivos, la Fiscalía considera que la mujer no pudo prestar su consentimiento para realizar la firma del testamento.

En el documento se estipulaba que esta fundación madrileña que aparece implicada era la heredera universal de la fortuna de la mujer, recibiendo casi siete millones de euros. A los otros dos testigos implicados que participaron en la transacción les han retirado la acusación por motivos de salud pero tendrán que responder como responsables civiles directos.

El presidente de la fundación ha declarado ante la Audiencia Provincial que no tenía constancia de dónde procedían los bienes y que confiaba en la notaria implicada porque anteriormente había hecho acuerdos con su difunto marido. «Yo quería ayudarla. Somos una fundación sin afán de lucro», ha expresado el testigo.

Dicha fundación se presenta como una institución de de carácter benéfico cuyos fines fundamentales son contribuir a la asistencia e inclusión social, principalmente dirigido a la infancia y a personas discapacitadas y de la tercera edad. Según ha alegado la defensa en el juicio, la víctima era «una persona culta y con un carácter y una educación muy comprometidas con la sociedad y las personas más desprotegidas».

La Audiencia Provincial solicita para la notaria acusada una pena de cinco años de prisión por el delito de falsedad documental y la nulidad del testamento. Por ello la fundación y todas las personas que resultaron beneficiadas por la herencia deberían devolver todo el dinero que recibieron en 2012 con el fallecimiento de la víctima.