La Policía Autonómica lucha contra el Covid con un 25% menos de la plantilla prometida

Las medidas de cautela para evitar en lo posible los contagios del coronavirus están dictadas. También las sanciones para aquellos que las incumplan con mayor o menor gravedad. Pero todo eso es inútil sin una vigilancia efectiva que, en buena medida, recae en la Policía Autonómica o, lo que es lo mismo, los agentes de la Policía Nacional adscritos a la Generalitat Valenciana. Pero este cuerpo arrastra desde hace años una herida que nadie remedia: deberían ser 500 y a día de hoy son sólo 380 después de años de ascensos, traslados o jubilaciones que no se están cubriendo.

Las competencias de la Policía Autonómica abarca ámbitos tan diversos como el control del juego y espectáculos, el patrimonio y los yacimientos. También la economía sumergida, la violencia de género, la lucha contra incendios, asuntos relacionados con menores o la lacra del robo en el campo. Pero el papel del cuerpo policial regional es ahora más crucial que nunca, al estar llamado también a velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas por la Generalitat para frenar los efectos de la pandemia y perseguir las imprudencias en todos los ámbitos sociales. Y, paradójicamente, la Policía Autonómica asume esta gigantesca labor con su plantilla más reducida que nunca.

Viajamos en el tiempo. El 18 de septiembre de 2018, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pasaron revista a los agentes de la Policía Autonómica. Fue un día de abrazos, apretones de manos y conmemoración de los 25 años de la unidad policial valenciana.

Hubo honores, altisonantes palabras de agradecimiento y un pacto formal: elevar el número de agentes, de una vez, a ese medio millar que por catálogo de puestos le corresponde desde hace años a la región. Cuando se escenificó y redactó la promesa entre ambos mandatarios el cuerpo autonómico contaba con 393 agentes en sus filas.

Aquel anuncio simbolizaba una muestra de cordialidad, buenas intenciones y encuentro entre poderes amigos socialistas. Atrás quedaban las reclamaciones de Puig al exministro popular Juan Ignacio Zoido por la falta de agentes. Sin embargo, la realidad hoy, casi dos años después de aquella cumbre, es que la Policía Autonómica se sigue vaciando sin que nadie lo remedie: cuenta exactamente con 380 policías, según indicó ayer la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas. Son exactamente 13 agentes menos que el día en que Grande-Marlaska y Puig sellaron y celebraron su compromiso.

Responsables de Emergencias llegaron a afirmar tiempo atrás a este diario que una buena ratio para los cinco millones de habitantes con los que cuenta la Comunitat se situaría en 650 efectivos, pero en el convenio de 2018, aceptado de buen grado por Puig, se habló sólo de medio millar. Y se anunció que esa cifra se alcanzaría antes de 2020. Pero una vez más, promesa al grueso saco del olvido. Llegó el nefasto año de la pandemia y nada de nada. Lejos de incrementar, la Policía Autonómica seguía cayendo sin remedio en número de agentes.

Cuando el departamento de Gabriela Bravo relevó al anterior mando del cuerpo, Álvaro Rodríguez, la unidad policial languidecía con 384 agentes autonómicos, un déficit de 116 funcionarios. Un 23% por debajo de lo legal y políticamente establecido. La recientemente nombrada nueva jefa del cuerpo, la comisaria Marisol Conde, hereda así una policía autonómica con cuatro agentes menos: los 380 que sirven actualmente en la unidad.

En febrero de este año hubo un nuevo gesto político con la cuestión. El gobierno del Botánico aprobó en Les Corts exigir al Ejecutivo de Sánchez los 500 policías autonómicos.

Desde Justicia no aclararon ayer por qué Interior aún no ha materializado aquello a lo que se comprometió el ministro hace dos años. «La Generalitat lo sigue reclamando y volverá a hacerlo», detallaron en referencia a la inyección de agentes para cumplir el convenio. Este, ahondaron, «es un asunto que está pendiente trasladar en la próxima mesa mixta de negociación» entre el Consell e Interior, un encuentro que ya debía haberse celebrado pero «se ha retrasado por la emergencia sanitaria».