Un hombre con dos causas por maltrato archivadas mata a sus hijas en Castellón

Dictadura machista llevada al extremo. Ricardo C. G., un hombre de 48 años exempleado de una azulejera de Castellón, acabó ayer de madrugada con la vida de sus dos hijas, la pequeña Nerea, de 6 años, y Martina, de 3. El porqué es algo que se ha llevado a la tumba tras arrojarse por la ventana. Ningún juicio lo aclarará, pues con su muerte desaparece cualquier responsabilidad penal.

Sin embargo, los ingredientes de su atroz conducta parecen claros a tenor de los testimonios de vecinos y las explicaciones de las autoridades: el enfrentamiento con su expareja en el seno de una ruptura matrimonial, con las niñas en el medio de la contienda, y el crimen como la venganza perfecta. La manera de acabar con todo e infligir el mayor castigo posible a su exmujer, una psicóloga castellonense de 42 años.

El propio autor del parricidio había dicho a un conocido que tras quedarse en paro, tenía una cuenta embargada, problemas para la manutención de las menores y temeroso de que en el proceso de separación las niñas pudieran acabar con su madre. Y entonces optó por el peor camino imaginable.

La estela del horror comenzó con el hallazgo, por parte de un vecino, del cuerpo de un hombre tendido en el suelo en la calle Río Adra de la capital de La Plana. El reloj marcaba las 5.30 horas y el testigo tenía la sensación de que estaba muerto.

Tal y como comunicó al 091 por teléfono yacía semidesnudo, en medio de un charco de sangre. Se trataba de Ricardo y se acababa de arrojar de un sexto piso, la mayor de las alturas de su finca.

Cuando los agentes se entrevistaron con los vecinos, manifestaron que en la casa de Ricardo vivían de manera habitual dos niñas: Nerea y Martina. Para atenderlas lo antes posible, la policía solicitó la presencia de los bomberos para entrar en la vivienda, pues nadie en el vecindario tenía llaves. Y así se hizo. Al penetrar en el hogar, los agentes se dieron de bruces con la tragedia. Las niñas yacían, aparentemente sin vida, y con claras lesiones de arma blanca.

Varias ambulancias acudieron al lugar. Padre e hijas estaban ya muertos. El personal sanitario sólo pudo certificar los tres fallecimientos. Pero la labor de los médicos de urgencias no terminó ahí. Hubo que asistir a la madre de las niñas y a su abuela, de 75. Destrozadas por el dolor y la rabia. No tardaron en saber lo sucedido, pues viven cerca del escenario del crimen. Fueron trasladadas a un hospital para recibir la oportuna atención psicológica.

A partir de ahí todo quedó en manos del juzgado de instrucción 4 de Castellón. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Ricardo «se habría quitado la vida tras matar, supuestamente, a las pequeñas». De acuerdo con las mismas fuentes, «el fallecimiento del presunto autor del doble crimen extingue su responsabilidad penal».

El TSJCV ahondó ayer en el historial judicial que rodea al matrimonio. En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Castellón constaban dos procedimientos contra Ricardo, uno abierto tras una denuncia por amenazas interpuesta por la madre de las menores y otro tras recibir un parte médico. «Ambos se archivaron a petición del fiscal y de la propia víctima». Además, la diligencia policial de valoración de riesgo de la mujer arrojó un resultado de riesgo bajo. El investigado no tenía antecedentes penales ni le constaban episodios previos de violencia doméstica.

Según el TSJCV, la primera causa se incoó el pasado mes de enero. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Castellón abrió un procedimiento tras recibir un parte médico. No hubo denuncia de la víctima. En su comparecencia ante el juez, la mujer y madre de las menores se acogió a su derecho a no declarar. Sin parte de lesiones y sin el testimonio de la víctima, el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa y el juzgado la acordó.

El pasado mes de febrero, el día 24, la mujer denunció por amenazas en el juzgado de guardia a su expareja. Fue quince días después de que un juzgado de familia fijara medidas provisionales para regular el régimen de visitas y uso de la casa en base al convenio regulador que los padres habían alcanzado de mutuo acuerdo.

Después de una discusión con su ex cuando procedían a intercambiarse a las niñas, la mujer interpuso la denuncia, solicitó una orden de alejamiento y mostró su disconformidad con las medidas provisionales que habían sido fijadas tras el acuerdo entre los progenitores de las menores. Según el TSJCV, el fiscal no consideró necesaria la adopción de medidas cautelares y se opuso a la concesión de alejamiento. El juzgado de guardia denegó la orden.

Al día siguiente, la decisión fue revisada por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Castellón, competente en la materia. «Tras esta nueva comparecencia, y de conformidad con el criterio del fiscal, se vuelve a denegar la orden de alejamiento», expone. La denunciante recurrió esa decisión judicial, pero mientras se tramitaba su recurso desistió de seguir adelante. El auto denegatorio de la orden de alejamiento cobró entonces firmeza.

La fiscalía difiere en un aspecto. Según informa Ep, sí pidió ante Violencia Sobre la Mujer la prohibición de que el padre se alejara a menos de 250 metros, tanto de la denunciante como de las niñas, su domicilio y su lugar de trabajo. Pero la defensa de Ricardo se opuso por varios motivos y, finalmente, el juzgado denegó la protección. Tuvo en cuenta las «versiones contradictorias entre las partes» y que el juzgado de guardia que valoró con anterioridad los hechos no apreció «la concurrencia de la situación objetiva de riesgo». Consideró el juez que la madre no dio una explicación razonable a su miedo». El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, mostró su malestar con la versión del TSJCV que consideró «incorrecta».

Más allá de la cuestión del alejamiento, el procedimiento por las supuestas amenazas siguió su curso. Tras la práctica de las diligencias solicitadas por las partes, el fiscal solicitó el sobreseimiento. La víctima, personada como acusación particular, también pidió el archivo. Al no existir ninguna parte que ejerciera acusación, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer sobreseyó el procedimiento.

Y desde entonces, hasta la tragedia de ayer. Las niñas pernoctaban en la casa paterna, la que fue domicilio familiar hasta la separación, dentro del periodo de convivencia con las menores que le correspondía a Ricardo.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, apuntó ayer el que parece perfilarse como móvil del doble crimen. «Todo apunta a que es un caso de violencia de género que, en este caso, se ejerce contra las niñas como venganza y maltrato hacia la madre», aseguró Oltra en declaraciones a la agencia Efe.