Las incógnitas de la investigación del incendio de Campanar

Los afectados reclaman respuestas para una decena de cuestiones clave sobre las causas del incendio, la rápida propagación del fuego y el protocolo de rescate que utilizaron los bomberos para rescatar a las víctimas.

El sobreseimiento provisional de la causa, apenas dos semanas después del trágico suceso, contrarió a los familiares de las víctimas y los vecinos del complejo siniestrado. La decisión del juez indignó a los afectados, pero ahora consideran que la práctica de nuevas diligencias arrojará luz sobre los hechos ocurridos el fatídico 22 de febrero de 2024.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia señalan que debe ser el juez instructor quien admita las diligencias (declaraciones de testigos y nuevos informes) que considere pertinentes para la investigación. Cuando los afectados recurrieron el sobreseimiento provisional de la causa pidieron el esclarecimiento de estas diez cuestiones clave:

Los familiares de las víctimas quieren saber por qué los responsables de la extinción del incendio no ordenaron de inmediato el rescate de las víctimas que estaban atrapadas en el bloque A. Consideran que los bomberos tenían que haber intentado sacar a estas personas de sus casas cuando el fuego todavía no había llegado al segundo edificio.

Tras unirse en la tragedia, los familiares de las diez personas fallecidas piden que el jefe de los bomberos explique el protocolo de salvamento que dirigió el 22 de febrero. También solicitan información sobre «la situación en el edificio de los heridos y fallecidos» con el objeto de saber si estos «tuvieron oportunidad temporal y espacial de salir ilesos»

Tras la minuciosa inspección que realizaron en la vivienda donde se inició el fuego, los investigadores de la Policía Científica concluyen que una posible fuga del gas refrigerante de una nevera causó las primeras llamas en la parte trasera del electrodoméstico, al parecer, por una chispa o incluso la electricidad estática del aparato. Sin embargo, los afectados quieren saber si el electrodoméstico de la marca Beko contaba con las revisiones, mantenimiento y garantías pertinentes.

La conclusión del informe policial no coincide con la principal hipótesis que baraja un experto investigador de incendios. Este especialista, que fue contratado por una de las partes personadas en la causa, también inspeccionó la cocina donde se inició el fuego y encontró evidencias que indicarían otro causa diferente, concretamente un fallo en otro electrodoméstico.

Los investigadores privados también hallaron restos de una gran mancha de aceite en el suelo de la cocina, junto al mobiliario calcinado, lo que habría facilitado la combustión después de las primeras llamas. Algunos creen que el foco del incendio es la nevera, pero otros no están de acuerdo con las conclusiones del informe de la Policía Científica.

El abogado Ignacio Grau, que representa a las familias de las cinco víctimas, solicita la reconstrucción de los hechos para conocer «la secuencia temporal de los mismos, momento y lugar de inicio, duración, forma y dirección del fuego, lugar exacto donde estaban los vecinos que salieron del edificio y hora aproximada en que salieron del edificio».

La comunidad de propietarios, que también presentó un recurso contra el archivo de la causa, solicita al juez que investigue un presunto delito de daños por imprudencia grave respecto a las posibles negligencias que habrían cometido los agentes de la edificación

Los damnificados consideran que los materiales de la fachada favorecieron la propagación de las llamas, y por ello solicitan un atestado policial completo «sobre los materiales empleados en la construcción, y si estos fueron concausa eficiente para la propagación del fuego, identificando a la empresa que suministró dichos materiales y la constructora de los edificios dañados», afirma

El auto de la Audiencia Provincial de Valencia que ordena reabrir la investigación afirma también que el primer oficio de la Policía no especificaba las causas que provocaron la rápida difusión del fuego, «como materiales empleados para la construcción, condiciones climatológicas, motivos por los cuales no se pudo rescatar a todos los residentes del edificio, faltando por tanto un relato fáctico completo, sólido y exhaustivo de las causas del siniestro».

Los familiares de las personas fallecidas piden al juez que reclame y escuche las grabaciones de todas las llamadas de ciudadanos recibidas el 22 de febrero en el 112 y 091, «las realizadas entre los propios policías y bomberos, y entre estos y las víctimas atrapadas en el incendio», afirma el recurso presentado por el abogado Grau.

Algunas de las personas fallecidas estuvieron hablando por teléfono hasta el último momento con sus familiares, que les pidieron que intentaran bajar a la calle. Fueron momentos de pánico por el riesgo que suponía el avance del fuego, y las víctimas dudaron en seguir las recomendaciones de los bomberos o hacer caso a sus familiares

Según el auto de la Audiencia Provincial de Valencia, el juez instructor no ha agotado todas las vías de investigación respecto al propio edificio con referencia «a las oportunas licencias o si los materiales empleados para su construcción contribuyeron a la propagación del fuego, cumpliendo o no la normativa exigida en ese momento».

Por ello, el tribunal concluye que el juez instructor debe investigar «si hubo alguna omisión o acción por parte de personas (que por infringir normas de cuidado) hubieran podido evitar el siniestro, o contribuir a la causación de siniestro previsible y que provocó el fallecimiento de diez personas y cuantiosos daños».

Todos los aparatos de la cocina donde se inició el fuego eran propiedad de la dueña del piso, ya que lo alquiló amueblado, a excepción de una freidora de aire. La propietaria de la vivienda declaró ante la Policía que no había sufrido ningún incidente eléctrico en el piso.

El informe de la Policía Científica remitido al juez incluye también la declaración del inquilino que residía en la vivienda número 86. El hombre manifestó que salió de su domicilio a las 7:30 horas de la mañana y que no había toldos en las terrazas de la vivienda ni persiana eléctrica en el comedor.

Cuando le preguntaron por la fecha de la última limpieza a fondo en la cocina, el inquilino respondió que fue hace un año y que para llevarla a cabo movió los electrodomésticos. También afirmó que no había sufrido ninguna incidencia eléctrica en su casa en los 10 años que llevaba viviendo en el edificio.

Los afectados piden también más información sobre la «situación de mantenimiento del sistema eléctrico de los edificios y viviendas, pues constan quejas de vecinos» sobre incidencias eléctricas, y consideran que se debe investigar «si pudieran guardar relación con el origen del incendio».

El incendio tuvo lugar el 22 de febrero en un complejo de dos edificios en la confluencia de las calles Poeta Rafael Alberti y las avenidas Maestro Rodrigo y General Avilés, en el distrito de Campanar en Valencia. El fuego se inició sobre las 17.30 horas en la vivienda número 86 por un fallo en una nevera, según las primeras investigaciones.

Tras la rápida propagación de las llamas por la fachada ventilada, diez personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas, entre ellas siete bomberos. El incendio destruyó en pocas horas dos bloques de 10 y 14 plantas con 138 viviendas en las que vivían 450 personas.