Cae una red internacional que distribuía porno infantil por Skype desde Valencia y Alicante

La Policía Nacional ha desmantelado una red internacional de distribución de pornografía infantil que operaba a través de la aplicación de comunicación online Skype, en una actuación coordinada por la «Fuerza de Acción Conjunta contra el Cibercrimen» (JCAT) de Europol que se ha saldado con la detención de ocho personas en Francia (1), Italia (1), Hungría (1), Canadá (1) y España (4), donde el Grupo de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia detuvo a cuatro personas en Alicante (2), Palma de Mallorca (1) y Valencia (1).

En los registros realizados en sus domicilios se intervinieron 12 discos duros, 4 ordenadores portátiles, 5 memorias USB, 5 teléfonos móviles, 1 tarjeta microSD y 1 tarjeta SIM. Tras el análisis superficial, los agentes constataron la distribución de los contenidos de pornografía infantil a través de esta aplicación.

Según explica la Policía Nacional en un comunicado, los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia detectaron patrullando en la red TOR un enlace con el que se invitaba a participar en diferentes salas de chat para intercambiar archivos de contenido pedófilo. A partir de ahí, identificaron varios links de invitación abiertos a todos los usuarios que daban acceso a grupos residentes en un servicio de comunicación VOiP.

Los investigadores pudieron verificar que los miembros de estos grupos intercambiaban todo tipo de contenidos relacionados con la explotación sexual infantil y facilitaban todo tipo de archivos multimedia, incluyendo en muchos de ellos enlaces de descarga a la nube que los albergaba.

Los ciberagentes consiguieron detectar las actividades ilícitas de diferentes usuarios en España, Francia, Italia, Hungría y Canadá, que intercambiaban contenidos de pornografía infantil en Skype, unos archivos de imagen y vídeo que, según la Policía Nacional, «se caracterizaban por el evidente trato vejatorio y degradante infligido a los menores«.

Las características del registro en la aplicación empleada por los arrestados dificultó en gran medida las investigaciones, por lo que los especialistas de la Policía Nacional hicieron uso de «un protocolo operativo innovador» para analizar la información recabada de los proveedores de servicio sobre las personas investigadas.

Además, planificaron una acción coordinada entre todos los países implicados para impedir la destrucción, pérdida o deterioro de las pruebas, así como que los presuntos autores se dieran a la fuga. En concreto, se solicitó la colaboración técnica y operativa del Grupo de Acción contra el Cibercrimen (JCAT) a través del Centro Europeo de la Cibercriminalidad (EC3) radicado en EUROPOL.