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J. MARTÍNEZ
Viernes, 18 de diciembre 2020, 00:55
Un año, un mes y once días después de la desaparición y muerte de Marta Calvo, la Guardia Civil mantiene abierta las investigaciones para tratar de localizar el cadáver de la joven y averiguar también si un cómplice ayudó al presunto asesino en serie a deshacerse del cuerpo. El juez instructor de la causa ha autorizado la práctica de nuevas diligencias, como un informe de geolocalización de varios teléfonos móviles, para obtener y comparar las ubicaciones del autor del crimen y otros posibles implicados.
Los datos de las antenas de telefonía podrían arrojar luz sobre las incógnitas del caso después de que la Guardia Civil investigara varias llamadas que realizó Jorge Ignacio P., el presunto asesino de Marta y otras dos jóvenes, desde el centro penitenciario de Picassent.
Tras burlar los controles de las comunicaciones en la cárcel, el preso compró un móvil en el mercado negro de la prisión y habló con varios individuos que ahora trata de identificar la Guardia Civil. Algunos reclusos venden o alquilan teléfonos por horas a cambio de drogas o tabaco. Cada interno suele utilizar una tarjeta y la extrae cuando termina la llamada para no dejar rastro de sus comunicaciones. La tenencia de móviles en la cárcel está considerada una falta grave que acarrea sanciones y apertura de expedientes que repercuten en la concesión de permisos.
Antes de que fuera detenido por el crimen de Marta Calvo, Jorge Ignacio usaba tres teléfonos de las marcas Apple, Wico y BQ y se deshizo de los móviles el 11 de noviembre de 2019, cuatro días después de la muerte de la joven, tras arrojarlos a papeleras y contenedores de diferentes calles de Valencia, según su declaración ante la Guardia Civil. Uno de los móviles tenía un programa de encriptación de llamadas, un sistema de cifrado que no impidió a los investigadores conocer la ubicación del presunto asesino en la franja horaria que asegura que se deshizo del cadáver.
Los expertos en telecomunicaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya elaboraron un informe con los datos de geolocalización del teléfono para reconstruir los movimientos que realizó Jorge Ignacio la noche del crimen y el día posterior.
Sin embargo, una de las acusaciones particulares solicitó la ampliación de ese estudio hasta las 16 horas del 11 de noviembre, cuando el presunto asesino se deshizo del coche que utilizó para trasladar el cadáver, un Volkswagen Passat, al entregarlo a un amigo en El Puig.
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