La jueza del caso Alcàsser ordena analizar más de 50 pelos que fueron descartados antes del juicio

La magistrada Elisa Fort ha dictado una providencia en la que insta a los biólogos a practicar las analíticas necesarias para extraer los perfiles de ADN, unas pruebas que permitirían enjuiciar con garantías a Antonio Anglés, el presunto autor material de los asesinatos de Toñi, Míriam y Desirée, en el caso de que estuviera vivo y fuera detenido antes del 14 de diciembre 2029, la fecha que prescribe el triple crimen.

Las nuevas diligencias de investigación fueron solicitadas por una de las acusaciones populares, la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención, tras revisar el sumario y realizar un informe sobre los pelos y vellos que no se analizaron por diferentes causas. «Hasta la fecha de hoy no existen indicios forenses que vinculen a Anglés con el crimen, y las ciencias forenses en la actualidad pudieran salvar este escollo», afirma el perito judicial y presidente de Laxshmi, Félix Ríos, en un escrito remitido a la jueza.

Según fuentes del Instituto Nacional de Toxicología, los pelos fueron descartados para el estudio genético en su momento tras realizar una selección en el laboratorio en función de su estado (si estaban cortados o tenían raíz) y las técnicas de extracción.

Los peritos que declararon en 1997 en el juicio contra Miguel Ricart, el único condenado por el triple crimen, coincidieron al aseverar que las diferentes secuencias de ADN de una docena de pelos encontrados en los cadáveres de las niñas no correspondían a un mismo número de asesinos, ya que cuatro eran de las víctimas. Además, contemplaron la posibilidad de que algunos fueran de personas con las que tuvieron contacto las menores antes de ser asesinadas o incluso de los guardias civiles que desenterraron los cadáveres.

La Guardia Civil recogió estos cabellos y vellos en el interior de la fosa, dos colchones, dos guantes de apicultor, un jersey de una de las niñas asesinadas y dos de los cadáveres. Además de intentar extraer ADN de los pelos, el Instituto Nacional de Toxicología deberá reunir todos los perfiles genéticos obtenidos, completos o parciales, relacionados con el triple crimen, según otra providencia dictada por la jueza el pasado 14 de octubre.

Como las muestras han sufrido durante el procedimiento diferentes idas y venidas de laboratorios y depósitos judiciales, la magistrada ha ordenado también al Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que busque todos los perfiles de ADN relacionados con el sumario –obtenidos la mayoría de ellos en la década de los 90–, para remitirlos al Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira y al Instituto Nacional de Toxicología.

El objeto de estas pruebas es cotejar los perfiles genéticos que se puedan lograr con los que ya se disponían en la fase de instrucción del caso. Según Ríos, numerosas pruebas relacionadas con cabellos y vellos no se practicaron en el pasado «por no considerarse de importancia, o se realizaron con las limitaciones lógicas de la época, pero a fecha de hoy podrían aportar datos importantes de cara a corroborar la participación de Anglés y arrojar luz sobre otras circunstancias que rodearon el caso».

El perito judicial añade que los investigadores de la Guardia Civil «no pudieron encontrar pruebas genéticas que situaran al fugitivo ni en la fosa de La Romana (donde fueron hallados los cadáveres), ni en la caseta donde se cometieron las agresiones sexuales ni en las propias víctimas» en referencia a los cuerpos de las menores y la ropa que llevaban.

Además de la confesión de Ricart, otra de las pruebas que relaciona a Anglés con el triple crimen son los trozos de volante médico hallados con su apellido cerca de la fosa, un documento que fue reconstruido por los investigadores delante del juez en el paraje montañoso.

Prescripción de los crímenes

La extinción de la responsabilidad penal de Antonio Anglés en el triple crimen se extingue el 14 de diciembre de 2029, fecha en la que se cumplirán 20 años de la intervención del teléfono y el correo electrónico de la hermana del fugitivo.

Las escuchas telefónicas, que fueron autorizadas por la jueza de Alzira con el fin de localizar al prófugo, gozan de las características exigidas para comenzar otra vez el plazo de 20 años estipulado para la prescripción del triple asesinato. El fiscal jefe del área de Alzira, Javier Roda, y la asociación Clara Campoamor, que ejerce una de las acusaciones populares en el caso Alcàsser, propusieron la fecha del 14 de diciembre de 2029 después de que la magistrada solicitara a todas las partes que se pronunciaran.