El jurado declara culpables a los procesados por el crimen de La Fe

Culpables. Ese es el veredicto pronunciado esta mañana por el jurado popular tras el juicio celebrado en Valencia por el apaleamiento mortal de Javier Redondo Calero, el joven de 33 años que fue acuchillado y golpeado el 16 de febrero de 2016 en presencia de su hija de cuatro años junto al Hospital La Fe. Los miembros del jurado, compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres, consideran probado que siete de las personas procesadas cometieron el homicidio y otras dos fueron cómplices de la muerte violenta, según el veredicto tras casi 14 horas de deliberación.

Los nueve acusados y sus abogados estaban presentes en la sala cuando el portavoz del jurado leyó en voz alta el veredicto. Tras algunos murmullos y gestos de desaprobación, uno de los miembros del clan de Benimàmet frunció el ceño y miró a su letrada. Era consciente de la condena que pide el fiscal y las acusaciones particulares. Siete de los hombres considerados culpables se enfrentan a una pena de 15 años de prisión por un delito de homicidio, mientras que el fiscal solicita tres años de cárcel para dos cómplices, los hermanos Juan Carlos y Adrián L., tras considerar la atenuante de confesión.

Las acusaciones particulares apoyan una rebaja de pena para estos dos últimos individuos por haber colaborado en la resolución del caso, concretamente la condena se quedaría en un año y tres meses de prisión, y el abogado Óscar Fernández, que defiende a los cómplices, solicitó la suspensión de la pena al ser inferior a los dos años de cárcel.

Los letrados de las acusaciones y el fiscal pidieron también el ingreso en prisión de los otros siete procesados por el riesgo de fuga y la elevada condena de prisión a la que se enfrentan, pero el magistrado tuvo en cuenta el arraigo familiar de los acusados para no acodar la privación de libertad.

Los hechos son constitutivos de un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad, ya que la víctima fue atacada por un grupo numeroso de individuos, varios de ellos armados con palos y un cuchillo. Los testigos desmintieron en el juicio la versión de algunos acusados que declararon que solo hubo un agresor.

Una ardua investigación del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional desveló que lo que parecía una discusión de tráfico al principio fue una reunión entre Javier Redondo y uno de los ahora procesados para saldar un asunto pendiente. Los agresores acusaban a la víctima de haberles robado tres kilos de marihuana. Antes del fatal desenlace, Javier y dos miembros del clan de Benimàmet ya mantuvieron una pelea por este asunto. Uno de los acusados se presentó en la vivienda de la madre de Javier para decirle que si su hijo no devolvía la droga robada acabarían con su vida.

El 16 de febrero de 2016, Javier quedó con uno de los individuos juzgados para solventar el asunto, pero a la cita acudieron ocho hombres más. La víctima salió del Hospital La Fe tras llevar a su hija de cuatro años a una revisión médica y cruzó el bulevar sur para encontrarse con uno de los miembros del clan. Javier salió de su coche y dejó a la niña en la parte trasera del vehículo, pero entonces aparecieron varios individuos y empezaron a golpear a la víctima con palos, una porra metálica y un cuchillo. El hombre trató de zafarse de sus agresores, salió corriendo para cruzar otra vez el bulevar sur y cayó al suelo pocos segundos después en medio de la calzada. Los sanitarios que le atendieron no pudieron reanimarlo. Dos cuchilladas acabaron con su vida.

Tras declarar el jurado la culpabilidad de los procesados, los tres abogados que ejercen la acusación particular, Isabel Carricondo, Laura Muñoz y Juan Carlos Navarro, mostraron su satisfacción por el veredicto. «Han sido más de dos años de trabajo y no era fácil obtener un veredicto condenatorio, pero la verdad es que hemos trabajado duro y en equipo», afirmó Isabel Carricondo. «Hemos defendido por encima de todo los intereses de los familiares de la víctima y el resultado ha sido muy satisfactorio», añadió la letrada.

Las cuantías de las responsabilidades civiles que reclaman las acusaciones particulares son de 190.000 euros para una de las hijas de la víctima, 160.000 euros para la otra menor y 120.000 euros para la madre.