El juzgado de la dana investiga quién tomó la decisión de enviar el SMS de alerta por la riada

El Tribunal Superior de Justicia ha señalado este viernes que la magistrada del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Catarroja que ha asumido la investigación de todo lo ocurrido durante la dana ha acordado ya la práctica de las primeras diligencias. El primero de los oficios ha sido el enviado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Ese fue el órgano, comandado por la Conselleria de Interior y Emergencias, bajo cuyo paraguas echó a andar el Centro de Coordinación Operativo Integrado de la Generalitat Valenciana, más conocido como Cecopi, el centro de mando que ha regido y sigue orquestando las decisiones relacionadas con la catástrofe. La juez exige que se le informe de «todas la actuaciones llevadas a cabo por ese órgano entre los días 29 y 30 de octubre».

No es la única 'caja de Pandora' que abre el juzgado de Catarroja. La magistrada también se dirige a la Conselleria de Interior y Emergencias. Es la cartera que ha sucedido a la de Justicia e interior, después del cese por el presidente Mazón de la consellera Salomé Pradas. La petición de la instructora es que se comunique «quién tomó la decisión de emitir el SMS de alerta a la población la tarde del 29 de octubre, la información de que se disponía y desde qué momento, si ésta procedía de otros órganos o administraciones y si se adoptaron otras medidas preventivas».

Una tremenda madeja que desentrañar. Cabe recordar que Salomé Pradas fue apartada de su cargo días después de reconocer en una entrevista en À Punt que no conocía hasta el día de la dana la existencia del sistema 'Es-Alert' para comunicar un peligro inminente de manera masiva a la población. El juzgado busca aclarar también si llegó de manera correcta y cómo las informaciones de la CHJ y de Aemet sobre las crecidas que se estaban produciendo en los barrancos, así como del tremendo nivel de precipitaciones que se estaban produciendo cabecera arriba de los cauces del barranco del Poyo o el río Magro, entre otros.

¿Se produjo el «apagón informativo» que en reiteradas ocasiones se ha denunciado por parte del Consell respecto a los órganos estatales y la información que hacían llegar al Cecopi? ¿Por qué se desconecto la presencia de los representantes del Gobierno de la sesión durante uno de los recesos del Cecopi en el que se siguió tratando la emergencia? Son agunos, entre otros, de los interrogantes que busca dilucidar la instrucción.

No es el único paso ni el único foco que pone el juzgado. La magistrada de Catarroja se dirige también a los organismos estatales para dilucidar su responsabilidad en lo ocurrido. La jueza también ha acordado remitir oficio al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a fin de que aporte documentación «sobre los embalses de Forata, Loriguilla y Buseo y el estado de sus cauces».

Estos pantanos, y sobre todo sus presas, fueron el escenario principal de la tension vivida en la tarde noche del 29 de octubre. La infraestructura estuvo al borde del colapso y se temió por su integridad, lo que obligó a desaguar más de un pantano de su capacidad hasta el día siguiente, como ya informó LAS PROVINCIAS. No sólo ello. Algunos municipios, como Algemesí, aseguraron no haber recibido alerte alguna que les alertara de la apertura de compuertas en Forata, a pesar de que los propios documentos de la Confederación señalan que la incorporación de este agua al ya crecido río Magro aumento los daños sufridos por la población de la Ribera. También ha reclamado información al Ministerio el organigrama directivo y técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Todas estas diligencias ya fueron ordenadas por el juzgado de Catarroja a principios del pasado mes de diciembre, después de que lo solicitara Francisco Regalado Rojas, el abogado de la familia de uno de los fallecidos. Desde el Tribunal Superior de Justicia señalan que al tener conocimiento de estas diligencias es cuando desde la Fiscalía se pidió al juzgado asumir las otras investigaciones abiertas sobre la tragedia. La inhibición de esos otros juzgados a la causa de Catarroja aún está pendiente.

El abogado penalista solicitó a la jueza que requiriera al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información detallada sobre las presas de Forata, Loriguilla y Buseo.

La magistrada pidió entonces al Gobierno datos sobre la clasificación de los embalses en función de la peligrosidad (A, B o C), los coeficientes de seguridad, planos, número de aliviaderos, estados de almacenamiento desde las 0 horas del día 28 de octubre hasta las 0 horas del día 31 de octubre de 2024, secuencia de llenado y gráficas. La jueza también quiere saber si se determinó laminar y cuándo, qué caudal por metros cúbicos, qué sistemas de avisos hubo a la población y si se emplearon, así como la hoja de control de las tres presas.

Igualmente, con respecto a los cauces, la jueza ha solicitado información sobre cuando se limpiaron por última vez, presupuestos y estado de estas labores, el Informe de inspección de los embalses y presas que conforman la cuenca del Júcar y su organigrama con los responsables técnicos de cada embalse.