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Las familias de cinco de las diez personas fallecidas en el incendio de Campanar se han unido en la tragedia y en su rechazo ... al sobreseimiento provisional de la causa. Quieren más información sobre el protocolo de actuación de los bomberos y piden respuestas que todavía no tiene el juez instructor.
Un mes y medio después del terrible siniestro, la Policía Científica continúa las investigaciones para determinar las causas exactas del fuego y de su rápida propagación por la fachada ventilada. Mientras la maquinaria judicial se engrasa con las diligencias policiales y los informes que preparan los peritos, los abogados que representan a las víctimas preparan también sus alegaciones.
Siete familiares de cinco personas fallecidas volverán a solicitar al juez que reclame a los bomberos información precisa sobre el protocolo de actuación que siguieron para rescatar a las personas atrapadas por las llamas. Quieren conocer «qué instrucciones dieron a las víctimas en relación a su comportamiento para la evacuación» de los dos edificios en llamas; y por ello piden al magistrado que reclame y escuche las grabaciones de todas las llamadas de ciudadanos recibidas en el 112 y 091, «las realizadas entre los propios policías y bomberos, y entre estos y las víctimas atrapadas en el incendio».
Algunas de las personas fallecidas estuvieron hablando por teléfono hasta el último momento con sus familiares, que les pidieron que intentaran bajar a la calle. Fueron momentos de pánico por el riesgo que suponía el avance del fuego, y las víctimas dudaron en seguir las recomendaciones de los bomberos o hacer caso a sus familiares.
El abogado Ignacio Grau, que representa a las familias de cinco víctimas, ha solicitado al juez que cite a declarar en calidad de testigo al mando del Servicio Municipal de Bomberos que actuó como jefe el día 22 de febrero.
El letrado pide también que remitan al juzgado, con carácter previo a la declaración, «el protocolo escrito de los bomberos en materia de evacuación de personas atrapadas en el interior de una vivienda con un incendio activo», afirma el primer recurso presentado por Grau.
Con respecto a la investigación policial, los familiares de las víctimas solicitan que declare en el juzgado el jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica para conocer, entre otras cosas, si es provisional o definitivo el oficio que descarta una «etiología criminal o delictiva» en las causas del incendio. También quieren saber «qué delitos han planteado los investigadores» a la hora de confeccionar el informe preliminar.
Como ya informó este periódico, un fallo eléctrico en el relé de una nevera provocó las primeras llamas en la cocina de una de las viviendas del complejo, según las investigaciones policiales. El fuego se propagó luego con rapidez dentro de la casa, cuyo inquilino estaba ausente, y se extendió por la terraza y la fachada ventilada del edificio.
El sobreseimiento provisional de la causa, apenas dos semanas después del trágico suceso que se cobró la vida de diez personas y destruyó 138 viviendas, ha contrariado a los familiares de las víctimas mortales y a los afectados que perdieron sus casas. Estos últimos piden que se investigue un presunto delito de daños por imprudencia grave respecto a las posibles negligencias que habrían cometido los agentes de la edificación. Los afectados consideran que los materiales de la fachada favorecieron la propagación de las llamas.
El incendio tuvo lugar el 22 de febrero en un complejo de dos edificios en la confluencia de las calles Poeta Rafael Alberti y las avenidas Maestro Rodrigo y General Avilés, en el distrito de Campanar en Valencia. El fuego se inició sobre las 17.30 horas en la cocina de la vivienda número 86.
Tras la rápida propagación de las llamas por la fachada ventilada, diez personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas, entre ellas siete bomberos. El voraz incendio destruyó en pocas horas dos bloques de 10 y 14 plantas con 138 viviendas en las que vivían 450 personas. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia considera que no existen indicios para poder concluir que haya un responsable penal del incendio, y por este motivo acordó el sobreseimiento provisional de la causa.
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