La madre de Marta Calvo sigue su lucha incesante en busca de justicia para su hija. Para ella y para otras que han sido o pueden ser víctimas de los más despiadados. Marisol Burón acudirá mañana al Congreso de los Diputados para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) que persigue un cambio legal que endurezca las penas para casos como el que le ha tocado sufrir.
Su propuesta pasa por conseguir tipificar el delito de ocultamiento intencionado del cadáver como una infracción autónoma e independiente. En la presentación del escrito estarán presentes Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, y Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo. También cuentan con la colaboración de la Asociación Clara Campoamor. La entrega de la iniciativa al Congreso está prevista a las 17 horas.
Paralelamente, se ha creado la plataforma 'Marta Calvo Burón ¿Mis derechos dónde están?' cuyo objetivo es recabar el apoyo de ciudadanos en forma de firma o colaboración para lograr que la iniciativa legislativa prospere y sea posible un cambio que podría marcar un antes y un después para casos criminales.
La intención del homicida al ocultar el cadáver es, obviamente, obstaculizar las investigaciones policiales. Puede destruir el cuerpo de la víctima con productos químicos, fuego o descuartizamiento o bien ocultarlo en un lugar donde no pueda ser hallado. Sin embargo, lamenta la plataforma y sustenta Burón, «cuando el homicida no colabora y se niega a indicar el lugar, las consecuencias legales del crimen serán bien distintas».
Además, los derechos del detenido le permiten guardar silencio, negarse a prestar declaración o contestar solamente a algunas de las preguntas que se le formulan, incluyendo el derecho de no confesarse culpable y no declarar contra sí mismo.
Pero el Estatuto de la Víctima del delito marca muy claramente la obligación que tienen los poderes públicos de «ofrecer una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas». Y no únicamente reparadora del daño en el proceso penal, «sino también minimizando otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar».
El concepto de víctima es «absolutamente amplio». Por cualquier delito «y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya causado, incluyendo tanto a la víctima directa como a las indirectas». El cónyuge, la pareja, los hijos, los progenitores...
Como destaca la iniciativa legislativa, «nos encontramos ante dos situaciones antagónicas». Por un lado, el derecho del detenido a guardar silencio y no declarar el lugar en que se encuentra el cadáver y, por otro, el derecho de las víctimas a su integridad moral, a dar el último adiós a su ser querido para evitar «la permanente tortura que supone ignorar su ubicación».
Hasta diez años de cárcel
Lo que propone la madre de Marta es la tipificación del delito de ocultación de cadáver «cuando el autor de los hechos se niega a colaborar o comunicar la ubicación y pueda probarse su autoría» por otros medios incriminatorios que desmonten la presunción de inocencia de la que goza el investigado.
La extensión de la pena propuesta es de entre seis y diez años de cárcel, como un delito autónomo y sin perjuicio de la condena que pudiera imponerse al autor por el delito homicida en cada caso concreto. De este modo, alguien que ha ocultado un cuerpo pagaría por su deleznable acción incluso en el supuesto de ser declarado inocente del delito de homicidio.
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