El mayor asesino en serie de la Comunitat disfruta de sus primeros permisos penitenciarios

Ferrándiz, que actualmente tiene 59 años, saldrá definitivamente de la cárcel a finales de julio de 2023 tras cumplir la pena que le impuso la Audiencia de Castellón por los asesinatos de Sonia Rubio, Natalia Archelós, Mercedes Vélez, Francisca Salas y Amelia Sandra, cinco crímenes que cometió entre el 2 de julio de 1995 y el 14 de septiembre de 1996.

Aunque fue condenado a 69 años de prisión, el reo permanecerá encarcelado un máximo de 25 años por ley, y será un ciudadano libre con todos sus derechos. Hasta que llegue el día de su liquidación de pena, Ferrándiz continúa realizando labores de ordenanza en el módulo de enfermería del centro penitenciario de Herrera de la Mancha.

El mayor asesino en serie de la Comunitat Valenciana ayuda a los funcionarios en algunas labores, como el reparto de artículos de higiene, y no ha protagonizado ningún incidente violento ni acto de desobediencia durante los 24 años que lleva entre rejas. Desde el principio, el recluso se adaptó a la vida carcelaria y su comportamiento ha sido ejemplar.

Una ONG de acción social ha acogido al preso en sus primeros días de libertad tras recogerlo con un vehículo en la puerta de la prisión manchega. «La fundación presta ayuda a presos y otras personas en riesgo de exclusión social y les proporciona alimentos, vivienda y asesoramiento para facilitarles el acceso al mercado laboral», según informaron fuentes de Instituciones Penitenciarias.

El nombre de la ONG y de la localidad donde Ferrándiz estuvo libre se mantiene en secreto y no ha trascendido para no crear alarma social. «Nadie quiere tener en su ciudad a un preso condenado por asesinato, pero no podemos olvidar que el fin último del sistema penitenciario en España es la rehabilitación y hay que favorecerla con permisos orientados a la integración social», añadieron las mismas fuentes.

La dirección de la cárcel manchega informó a la Policía del permiso penitenciario, como establece el protocolo de vigilancia de presos peligrosos, y Ferrándiz pasó desapercibido en sus entradas y salidas del centro de acogida y paseos por la calle.

En 2017, cuando cumplió tres cuartas partes de la condena, el recluso no solicitó su clasificación en tercer grado para disfrutar de permisos penitenciario. Tampoco tuvo un programa de rehabilitación específico en ninguna cárcel. «Ferrándiz no ha recibido ningún tratamiento psicológico especifico, como él mismo solicitó al asumir la culpabilidad de sus actos, para intentar asegurar su reinserción cuando salga a la calle», afirma Rosa Edo, la abogada que lo defendió en el juicio en 1999.

La Guardia Civil detuvo a Ferrándiz el 29 de julio de 1998 después de que intentara raptar a otra joven. Un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) vigilaba al sospechoso desde febrero de ese año, cuando también fracasó en otro intento de secuestro de una chica, que logró escapar y facilitó a la Policía la descripción del agresor.

Miguel Carcaño, que se encuentra en la misma cárcel, ha pedido una treintena de veces su primer permiso, pero la junta de tratamiento de la prisión ha rechazado todas las solicitudes. Desde Instituciones Penitenciarias añaden que el caso de Ferrándiz es diferente porque urge un proceso paulatino de reinserción al estar tan cerca la liquidación de su condena.

En el penal de Herrera de la Mancha se encuentran recluidos otros peligrosos asesinos y violadores como Tony King, José Bretón, Martín Rodríguez (conocido como el pederasta de Ciudad Lineal) o Santiago del Valle.

Un camionero permaneció cinco meses en prisión, entre el 20 de enero y el 17 de junio de 1997, acusado de tres de los crímenes cometidos por Joaquín Ferrándiz. Un mes después de la detención de Claudio Alba, un agricultor encontró el cadáver de Amelia Sandra en una balsa de Onda. La joven había sido estrangulada como las otras víctimas, pero los investigadores no relacionaron los casos.

Desde la cárcel, Alba insistía en su inocencia. Sólo le creían sus hijos y algunos amigos. Mientras el camionero lloraba entre rejas por el error policial, Ferrándiz leía en la prensa que los asesinatos de las tres prostitutas ya tenían un culpable, y quizás por eso dejó de buscar más víctimas durante un tiempo. Sabía que si continuaban los crímenes, con Alba en prisión como principal sospechoso, la Policía podría abrir otra línea de investigación.

El mismo día que el camionero ingresaba en la cárcel, el fiscal Jesús Alaña reconocía que no había pruebas concluyentes para incriminarlo. El infierno que vivió en prisión y el linchamiento social alargó el sufrimiento de Alba hasta el verano de 1998, cuando la Guardia Civil detuvo al verdadero culpable. Ocho años después, el Supremo fijó en 30.050 euros la indemnización para un hombre ya fallecido cuya presunción de inocencia fue dinamitada.