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Una mujer que denunció unos abusos sexuales en grupo en mayo de 2019 ha recurrido la sentencia que absolvió, por falta de pruebas, a los cinco procesados. La víctima declaró que los individuos la drogaron en un bar de Valencia y después tres de ellos la manosearon dentro de un coche, pero el tribunal afirma que no consta que tuviesen lugar los tocamientos «ni que los procesados vertiesen sustancia tóxica alguna en la bebida» de la denunciante.
El juicio se celebró el pasado mes de mayo en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Los cinco encausados, todos ellos colombianos, negaron los abusos sexuales a pesar de que los investigadores hallaron ADN de uno de ellos en la parte interior del sujetador de la mujer. El procesado declaró en el juicio que no sabía cómo había llegado su ADN a la ropa interior de la víctima y manifestó también que no le tocó los pechos.
La sentencia de Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia absolvió a los cinco hombres acusados de echar droga en las bebidas que tomaron dos hermanas, y abusar sexualmente de una de ellas, al considerar que los hechos no quedaron probados durante la celebración del juicio.
Los tocamientos libidinosos son «descartables», según la sentencia, porque no consta en el informe en qué zonas concretas del interior de las copas del sujetador fue hallado el ADN del acusado. «No tiene el mismo significado la aparición de ADN en el borde que en el punto donde se pueda encontrar la aureola y el pezón, y solo consta que el hisopo que arroja resultado positivo se aplica en la parte interna de las copas», señala el fallo.
Además, el tribunal sostiene que en el juicio quedó probado que la víctima bailó varios merengues con el procesado, y que este baile se caracteriza «por el permanente contacto físico entre las manos de los protagonistas, soltándose solo para realizar algunos giros».
«El roce de las manos resulta intenso y la transferencia epitelial ha de ser desmesurada. El eventual posado de restos epiteliales de su acompañante de baile en el interior del sujetador constituye una indudable posibilidad ante cualquier recomposición de prendas que ella pudiese realizar sobre la prenda interior tras cada baile o después de varios», especifica la sentencia.
Sin embargo, la abogada que ejerce la acusación particular asevera en el recurso que es más evidente que el ADN del procesado llegara al interior del sujetador de la víctima por un contacto íntimo, y dado el estado de intoxicación de la mujer, los tocamientos se produjeron «sin su consentimiento». La letrada Isabel Fernández descarta que un escote pronunciado o el hecho de que bailaran pegados y se cogieran de las manos pudiera ser la causa de la transferencia epitelial.
La abogada también destaca que la versión de la víctima ha sido siempre la misma sin contradicciones, tanto en la denuncia como en sus declaraciones en el juzgado y la vista oral, y señala que la sentencia recurrida ignora las declaraciones de las dos hermanas.
En lo que respecta a la intoxicación que sufrió la víctima, su letrada sostiene que está acreditado que todas las sustancias tóxicas halladas en la analítica fueron ingeridas esa noche, y que la mujer «no consumió voluntariamente ningún tipo de sustancia estupefaciente, pues la sospecha de que la habían drogado fue lo que hizo que se marchara del piso y acabara en el hospital».
La víctima aseguró en el juicio que no toma drogas y que aquella noche los cinco procesados fueron los únicos que estuvieron cerca de las bebidas que tomaron. Las dos hermanas tenían 41 y 45 años cuando ocurrieron los hechos. La víctima recibió tratamiento psicológico para superar el trauma que sufrió cuando se recuperó de la intoxicación de drogas y empezó a recordar.
La mujer denunció que tres de los cinco acusados la manosearon y besaron tras drogarla. Aunque no recordaba bien cómo ocurrieron los hechos por el estado de aturdimiento que presentaba, declaró que uno de los individuos se puso encima de ella en la parte trasera del coche mientras otro les hacía una foto con un teléfono móvil.
Los cinco hombres se enfrentan a penas que suman 26 años de prisión tras ser procesados por los delitos de abuso sexual (antes que entrara en vigor la ley del 'solo sí es sí'), contra la salud pública y lesiones leves. Tras el fallo absolutorio de la Audiencia Provincial de Valencia, la víctima ha interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
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