Así era el museo clandestino de animales disecados, el más grande de España

El mayor museo clandestino de animales disecados de España se encuentra en una finca privada de Bétera, aunque está precintado por orden judicial desde el pasado miércoles. La colección de taxidermia intervenida por la Guardia Civil a un hijo del empresario valenciano Ros Casares tiene 1.090 ejemplares naturalizados, 405 de ellos de especies protegidas y algunos en peligro de extinción como el addax o el tigre de bengala, y está valorada en más de 30 millones de euros.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Valencia realizó la operación 'Valcites' el pasado miércoles en una finca de Bétera. Los agentes registraron dos naves y una vivienda, donde hallaron los especímenes disecados, y 198 colmillos de marfil de elefantes. La colección de taxidermia ocupaba unos 50.000 metros cuadrados.

El teniente Carlos Domínguez, jefe del Seprona de la Guardia Civil de Valencia, ha reconocido este domingo en una rueda de prensa que los investigadores no esperaban encontrar tal cantidad ingente de animales naturalizados. «Fue asombroso. El registro de la nave, la casa y las dependencias anexas superó con creces nuestras expectativas», ha señalado Domínguez.

De los 1.090 animales disecados, 405 tienen diferentes niveles de protección según el convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), y algunos de ellos «extintos como el órix cimitarra (oryx dammah) o, prácticamente, extintos como el addax o el tigre de bengala», según ha explicado el jefe del Seprona.

Los especialistas no han podido determinar todavía las especies de una gran número de ejemplares, por lo que podrían realizar pruebas de ADN y otros análisis en los próximos días.

Los agentes también se incautaron de un sofá y 20 sillas fabricadas con piel de cocodrilo, unos muebles que se encontraban en el domicilio del empresario. El Seprona comenzó las investigaciones el pasado mes de noviembre tras recibir un aviso de la posible existencia de un museo en Bétera con un gran número de animales disecados de especies protegidas.

Tras el registro de la finca del empresario, la Guardia Civil halló distintos tipos de animales de los cinco continentes con diversos niveles de protección como el guepardo, leopardo, león, lince, oso polar, pantera de las nieves y rinoceronte blanco. En la siguiente fase de la operación, que comenzará en los próximos días, los agentes del Seprona analizarán toda la documentación que el propietario del museo ilegal ha anunciado que aportará para justificar la tenencia de las piezas incautadas.

Orden judicial de registro

El empresario investigado, que estuvo presente en el registro con su abogado, no colaboró cuando los agentes de la Guardia Civil le pidieron que les dejara entrar para inspeccionar las dependencias donde tiene su colección privada. Los agentes del Seprona tuvieron que solicitar a la magistrada de Llíria de guardia la correspondiente orden judicial y mostrarle el documento para que les dejara acceder a la finca.

Una vez dentro, los guardias civiles contabilizaron durante varias horas todas las piezas disecadas, algunas de ellas de gran tamaño y peso, para realizar las correspondientes diligencias. En el registro del museo ilegal participaron, además de los agentes del Seprona, biólogos y veterinarios para identificar la multitud de especies, así como miembros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el objetivo de «datar el marfil hallado», ha precisado el teniente de la Guardia Civil.

El empresario no ha facilitado a los investigadores la documentación de los animales naturalizados, aunque ha afirmado que lo hará en los próximos días. También ha declarado que la mayoría de los ejemplares de la colección de taxidermia son bienes de la herencia de su padre.

Según ha explicado el teniente del Seprona, la tenencia de animales disecados sin acreditar su procedencia ya supone un delito relativo a la protección de la flora y la fauna. El convenio CITES, que fue firmado en 1973 por 21 países y al que España se adhirió en 1986, establece una serie de controles del comercio de especies amenazadas, exige permisos oficiales para la tenencia de ejemplares (vivos o muertos) y fija un plazo para legalizar la posesión de los mismos en el caso de que estuviera permitida su caza, por ejemplo, antes de que entrara en vigor el convenio.

Muchos de los animales intervenidos y algunos de los colmillos de marfil no cabían en los vehículos de la Guardia Civil, por lo que los agentes dejaron las piezas dentro de la nave y precintaron las dependencias para que nadie pueda entrar mientras la jueza decide cuándo y dónde se trasladan.

Cuando la jueza termine la instrucción de la causa, los investigadores consideran que los ejemplares naturalizados podrían trasladarse a museos de ciencias naturales de España o incluso podrían donarse a una institución, sin fines de lucro, para su conservación, estudio y exposición al público.

La operación 'Valcites' está considerada la mayor incautación de animales disecados protegidos en España y una de los más grandes de Europa. En la operación han colaborado los inspectores y técnicos facultativos de la Unidad Técnica de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza y miembros del Instituto Legal y Ciencias Forenses, que gracias al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente han conseguido identificar a las especies protegidas. También ha colaborado Europol.

El propietario del museo de taxidermia es un conocido empresario valenciano, hijo de Ros Casares, quien está acusado de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna y otro de contrabando. Este último está castigado con penas de entre uno y cinco años de prisión.

El Seprona de Valencia y la Fiscalía de Medio Ambiente continúan las investigaciones para determinar los apéndices del convenio CITES que ha incumplido el dueño de los animales disecados. Durante el registro, los investigadores ya encontraron indicios del presunto delito de contrabando al superar los 50.000 euros el valor de los ejemplares naturalizados de especies protegidas, y poco después, los especialistas confirmaron que la cuantía excedía mucho el límite.

La operación de la Guardia Civil de Valencia está enmarcada dentro de las actuaciones del EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), una plataforma multidisciplinar de la que es colíder la Guardia Civil. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria.

• Temas
• Guardia Civil
• Animales
• Europol
• europa
• Bétera