Alejandra Ayala, madre de la valenciana desaparecida en Perú: «Nos ofrecen decir dónde está el cuerpo de mi hija a cambio de menos condena»

valencia. Ha pasado ya un año y medio desde que el rastro de Nathaly Salazar, de 28 años, se perdió en los escarpados montes de Perú. Pero para la familia de la mochilera valenciana el sufrimiento no cesa. Tras denunciar las múltiples trabas por parte de las autoridades andinas a la hora de aclarar qué sucedió exactamente con Nathaly, los padres se topan ahora con «un auténtico chantaje».

Los dos jóvenes que permanecen en prisión preventiva como sospechosos tras la desaparición «ofrecen revelar dónde está el cuerpo de mi hija a cambio de ser sometidos a un proceso judicial que les podría acarrear una pena menor». Así lo denunció ayer a LAS PROVINCIAS una incrédula Alejandra Ayala, que se preguntaba: «¿Qué locura es esta?, ¿qué clase de país puede permitir algo de semejante crueldad?».

Cabe recordar que la versión que mantuvieron inicialmente los dos sospechosos de la desaparición de Nathaly es que la joven sufrió un accidente de tirolina en una atracción a la que le condujeron y, posteriormente, tras comprobar que había muerto, decidieron lanzar su cuerpo a un río por miedo a las consecuencias. Pero las investigaciones policiales condujeron a su arresto. Si bien dieron indicaciones de una supuesta ubicación en la que lanzaron el cadáver, el cuerpo jamás apareció, con lo que ha sido imposible determinar si decían la verdad.

Como ya informó LAS PROVINCIAS e insiste Alejandra, el fiscal del caso «quiere que cumplan entre 15 y 20 años de cárcel por un homicidio calificado y que sean sometidos a un juicio ordinario». El acusador, Juan Carlos Larnia, «entiende que hay indicios suficientes para que así sea». Sin embargo, recientemente, los abogados de los dos procesados «presentaron una dolorosa propuesta». Dicen, explica Alejandra, «que se comprometen a revelarnos dónde está el cuerpo de nuestra hija a cambio de ser procesados por lo que allí se conoce como juicio de terminación anticipada y por un delito de homicidio culposo, con una pena máxima de seis años».

Ahora el juez decidirá por qué vía se juzga a los dos sospechosos en prisión preventiva. Esta determinación, anunció Alejandra, se producirá a finales de este mes. Sin embargo, la propuesta ha caído como un jarro de agua fría para la familia residente en Valencia. Un plus de indignación.

«¿Qué garantías tenemos de que van a cumplir su palabra?», se pregunta. Además, «¿qué mayor prueba hay de su culpabilidad que venir con ese planteamiento ahora? Están admitiendo que nos engañaron a todos con la versión del río y se merecen que la justicia caiga sobre ellos con todo el peso». En el supuesto caso de que revelaran el paradero del cuerpo y su análisis evidenciara una muerte homicida «ya no se podría actuar contra ellos, puesto que ya habrían sido juzgados mediante el procedimiento de terminación anticipada».

Alejandra y su esposo viajaron antes de verano a Perú y allí denunciaron que la desaparición de su hija no es un caso aislado. «Justicia y soluciones para que este horror no se repita», clamaron en Cuzco rodeados de padres de otros turistas desaparecidos en parecidas circunstancias. «Nuestra hija no fue la única», lamenta Alejandra.

Ellos ya estuvieron en el enclave andino a principios del año pasado para impulsar una compleja búsqueda a raíz de la confesión de los dos sospechosos, dos lugareños de la zona de Maras. Mantuvieron que la joven sufrió un accidente de tirolina, atracción con la que estaban vinculados, y después decidieron cargar su cadáver en un coche y deshacerse de él arrojándolo a un río.

Según la madre, para el fiscal Larnia «la hipótesis de un accidente se cae». El acusador «dice que la drogaron y le hicieron cosas atroces. La violaron, le robaron sus cosas y luego la mataron. Se basa en las contradicciones de los sospechosos, los testigos y las personas interrogadas hasta la fecha». Alejandra se queja de que «en todo este tiempo no ha habido avances en las investigaciones. Ellos siguen en la misma cárcel y creemos que se ponen de acuerdo para sus declaraciones, más al saber que no tenemos el cuerpo», lamenta la familia.

En la concentración de mediados de junio en Cuzco alzaron su voz las familias de otros jóvenes extranjeros fallecidos o desaparecidos, como Carla Valpeoz o Jesse Galgano. También otras de peruanos desaparecidos allí «de los que el Gobierno no se responsabiliza ni los busca», según Alejandra.

«Nadie les da voz y se quedan en el olvido. En nuestra misma lucha está el padre de Miluska Pacheco, que murió practicando tirolina en la misma compañía culpable de la desaparición de Nathaly». Para la familia valenciana, «han sido víctimas de la inseguridad en la que está sumida el país».

Nathaly, denuncia la progenitora, «fue víctima del turismo ilegal e irresponsable que se cobró su vida. Durante una búsqueda sin descanso nos hemos encontrado trabas. El caso de nuestra hija ha quedado estancado por la burocracia y falta de medios personales y económicos. No se hizo nada por buscarla hasta que no fuimos a Perú».