Palizas, extorsiones y amenazas con una pistola. Así doblegaba un grupo criminal la voluntad de una decena de personas vulnerables. La Guardia Civil ha liberado en Torrent y Montserrat a nueve víctimas que eran retenidas y maltratadas en «granjas humanas» por una organización delictiva para vaciar sus cuentas bancarias, desvalijar sus casas y suscribir préstamos bancarios.
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La operación Rapaix se ha saldado con la detención de tres presuntos miembros de la banda, dos hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 30 y 35 años, por los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Mientras los cabecillas del grupo amasaban una gran fortuna al comprar coches, viviendas y otros bienes con el dinero que robaban y estafaban, las víctimas malvivían en condiciones precarias en viviendas okupadas y una planta baja que alquilaron en Torrent.
Los extorsionadores se aprovechaban de la vulnerabilidad de estas personas para captarlas y luego las atemorizaban e incluso las amenazaban de muerte para que firmaran documentos. También alquilaban algunas de las casas okupadas para obtener más lucro y se alojaron en hoteles con el dinero de las víctimas, según las investigaciones de la Guardia Civil.
Los delincuentes llevaban un elevado tren de vida e incrementaron sus fuentes de ingresos «a costa de esquilmar y endeudar a las personas que maltrataban», afirmó el sargento primero Ramón, jefe del Área de Investigación de la Guardia Civil de Llombai.
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La organización delictiva actuaba en las comarcas valencianas de l'Horta y la Ribera, donde captaban a personas en situación de vulnerabilidad que recibían algún tipo de prestación, como pensiones o ayudas públicas.
Varias de las víctimas necesitaron asistencia médica tras ser liberadas por la Guardia Civil. Una de ellas dormía en el suelo y otra tenía heridas sangrantes en una pierna. Los agentes trasladaron a una de estas personas al centro de salud de Torrent y contactaron de inmediato con los Servicios Sociales para que atendieran a las víctimas.
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Tras quitarles la documentación, el grupo criminal retenía a estas personas vulnerables, siete hombres y dos mujeres, en lo que la Guardia Civil denomina «granjas humanas» por las condiciones precarias en las que malvivían. En cada vivienda había un individuo que vigilaba a las víctimas, controlaba sus entradas y salidas, y avisaba al cabecilla de la banda si alguna no regresaba. El castigo por no volver al piso okupado o no obedecer las órdenes era una paliza.
Según las investigaciones, los tres individuos detenidos compraron varios inmuebles en la ciudad de Valencia y las localidades de Torrent y Chiva con el dinero que lograron de los préstamos bancarios que obligaron a suscribir a las víctimas.
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«Adquirían todo tipo de bienes y servicios por cuenta de las personas que extorsionaban, y también alquilaban algunas de las viviendas a terceros para lucrarse», explicó el sargento primero responsable de la investigación.
El perfil de las víctimas
El grupo desarticulado seleccionaba a sus víctimas entre personas con discapacidad psíquica o que sufren problemas de adicciones. La mayoría no tiene familia o distanció de ella, e incluso algunas de ellas se encuentran cercanas a la indigencia.
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El cabecilla de la organización criminal, un hombre de etnia gitana, solía elegir a las víctimas y las amenazaba con un arma de fuego o golpeaba para someterlas, y su cónyuge era quien se encargaba de ingresar el dinero en varias cuentas bancarias.
La Guardia Civil de Llombai comenzó a investigar las extorsiones y amenazas en febrero de este año tras el desalojo de unas viviendas ocupadas de forma ilegal en la calle de la Pau en la localidad de Montserrat.
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Medio centenar de agentes del instituto armado, con el apoyo de la Policía Local de esta población, desalojaron a una veintena de personas vulnerables. Algunas de ellas vivían en condiciones infrahumanas en los pisos okupados, y abandonaron de forma voluntaria las viviendas tras una negociación con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
Uno de los desalojados declaró que una pareja le había robado el dinero de su pensión tras obligarle a firmar documentos, por lo que los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Llombai prestaron auxilio a la víctima y se hicieron cargo de las diligencias para identificar a los miembros del grupo criminal.
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Liberación de las víctimas
La fase final de la operación tuvo lugar el pasado 7 de octubre, cuando la Guardia Civil detuvo a los tres presuntos miembros del grupo criminal tras una ardua investigación que ha durado ocho meses. En el operativo participaron agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) con el apoyo de un perro del Servicio Cinológico
Los guardias civiles arrestaron a los tres componentes del grupo delictivo y realizaron tres registros en Torrent, en dos viviendas y un local comercial (un antiguo videoclub) utilizado como 'narcopiso', donde liberaron a ocho personas vulnerables que se encontraban retenidas en las «granjas humanas» del grupo criminal. La novena víctima fue auxiliada tras el desalojo de los pisos okupados en Montserrat.
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Pocos días antes de que la Guardia Civil de Llombai liberara a ocho de las víctimas, una de ellas fue agredida por un miembro de la banda en la planta baja de la calle Padre Méndez. Tras recibir el aviso de que un hombre había golpeado a una mujer, la Policía Nacional acudió al lugar y detuvo al individuo.
Después de este suceso y la intervención policial, los extorsionadores trasladaron a las víctimas a otro piso okupado en la calle Nuestra Señora del Buen Consejo en Torrent. Días después, los investigadores de la Guardia Civil localizaron la vivienda y liberaron a ocho de las personas maltratadas por el grupo criminal. Una de ellas necesita una silla de ruedas para desplazarse, por lo que no podía escapar y salía muy pocas veces a la calle.
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Las víctimas requirieron atención sanitaria y fueron trasladadas a las dependencias de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrent, donde recibieron una primera asistencia. Durante el registro de la planta baja y la vivienda, los agentes de la Guardia Civil se incautaron de numerosa documentación relacionada con las víctimas.
También encontraron y confiscaron un arma de fuego corta que habría utilizado el cabecilla de la banda para extorsionar a las víctimas, presuntamente, y retenerlas en contra de su voluntad en los pisos okupados.
Aunque salían a la calle sin que nadie lo impidiera, no denunciaban las agresiones ni pedían ayuda por miedo a represalias, y por la noche volvían a la vivienda. Estaban atemorizados porque habían sido testigos de las palizas que sufrieron algunas de las personas que no regresaron o intentaron escapar.
Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent, que abrió una causa contra los tres detenidos por los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
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El magistrado decretó la libertad provisional de las tres personas arrestadas, aunque tendrán que comparecer en el juzgado cuando sean citadas. El cabecilla de la banda tiene numerosos antecedentes delictivos.
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