Los ocho presos permanentes de la Comunitat

Un castigo ejemplar. Una crueldad impasible. Pocos son los asesinos condenados a la prisión permanente revisable en la Comunitat Valenciana. Pero los monstruos están entre nosotros. Un padre que mató a su niño de 11 años para hacer sufrir a su expareja, un asesino en serie que disfrutaba viendo cómo sus víctimas morían tras introducirles cocaína en sus órganos sexuales … No hay mayor castigo vigente ahora mismo en el Código Penal. En un país en el que las penas de asesinato llegan como máximo a los 25 años, hay casos que se merecen una especial atención por parte de la Justicia.

La prisión permanente revisable llegó en 2015, como respuesta a una época de máxima alerta antityihadista, pero no con el único foco puesto en los terroristas: como la más severa pena para asesinos de niños, homicidas múltiples, criminales que mezclan sus delitos de sangre con agresiones sexuales, autores de delitos contra el Rey, genocidio... Un amplio espectro de infracciones penales, las más graves que se pueden cometer, y por las que ya han sido condenados hasta ocho procesados en la Comunitat. Los ocho penados con la prisión permanente revisable de la región.

El asesino de Marta Calvo, a quien el Supremo acaba de imponer esta semana la pena, es sólo el último criminal valenciano en recibirla. En este elenco de los horrores están ya el parricida de su hijo en Sueca, el joven que asesinó y violó a una adolescente de 15 años en Chella, la 'viuda negra' que mató a su marido discapacitado en Godelleta, el verdugo de sus padres y su hermano en Alicante...

Es el balance de casi una década de aplicación de una medida que prevé la 'revisión' que contiene la nomenclatura de la pena cada 25 años. Así, no será hasta 2044 cuando se revise la que fue la primera prisión permanente revisable impuesta en la Comunitat. La que se dictó contra Laurentiu Mihai, el hombre que asesinó a la hija de su mujer, de dos años.

No es una revisión sin más. Ni automática con ese paso de años entre rejas. Los penados tienen que cumplir una serie de condiciones que fija la ley. Principalmente, haber cumplido entre 25 y 35 años de prisión, hallarse en tercer grado y que el tribunal estime que existe un pronóstico de reinserción del recluso. Ese es el horizonte que espera a los ocho penados con la prisión permanente revisable en la Comunitat. Estas son sus historias.

Venganza. Fue la gasolina que encendió el horror protagonizado por Laurentiu Mihai. Sólo dos años tenía la hija de Victorina. Ella había decidido separarse. Y él degolló a la pequeña y le clavó un cuchillo en el corazón. La clásica dominación machista que acaba en tragedia. Fue el primero en recibir la prisión permanente revisable en 2019 por un crimen cometido dos años antes. «Me quería matar a mí. Nunca pensé que a mi hija», fue el desgarrador testimonio que dio después la apenada madre de la criatura desaparecida.

Su caso incluye uno de los aspectos contemplados por la ley de la prisión permanente revisable: que sea un crimen cometido sobre un menor, o bien una persona de avanzada edad y desvalida, o aquejada de alguna discapacidad. Y como en este caso, con un menor como maquiavélica herramienta para hacer daño a la mujer. De hecho, Laurentiu acuchilló a la pequeña justo cuando ella iba camino de comisaría a presentar una denuncia por malos tratos. El horror del machismo en su máxima expresión.

El criminal de Alzira fue el primero y Jorge Ignacio Palma ha sido el último caso. El más reciente penado que ha recibido la prisión permanente revisable. Después de una tremenda batalla legal personificada en una madre coraje. Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, la mujer que no cesó de batallar desde que escuchó por última vez la voz de su hija allá en 2019. Su lucha y la de las acusaciones particulares ha supuesto la máxima pena para el triple homicida tras dictaminarlo el Supremo. Con una sentencia histórica y que macra un precedente: no es preciso que un desalmado como Jorge Ignacio Palma haya sido condenado previamente por dos asesinatos previos para incluirse en los supuestos que marca la ley. Los dos crímenes que cometió sobre las víctimas con las que se acostaba y a las que introducía cocaína en sus cuerpos son suficientes para merecer el mayor castigo con la posterior muerte de Marta Calvo.

Y todo ello con una contundencia contra el machismo que plasma el magistrado alicantino Vicente Magro en la sentencia del máximo tribunal español: «El autor actuó de esta manera con una conducta supremacista de dominación y humillación bajo el aseguramiento de que el lugar a donde acudía donde trabajaban las víctimas mediante precio a cambio de sexo le iba a posicionar en una situación de clara desigualdad de las víctimas hacia él y con subordinación de obediencia debida de éstas a las reclamaciones que éste les hiciera».

Jordi murió a manos de su propio padre. Un hombre al que no se le cayó ni una lágrima durante el juicio. «Aquí hemos llorado todos», dijo en el proceso la abogada de la acusación particular. A Jose Antonio Alapont, ni una. «Jordi me dijo que no era su padre y le clavé el cuchillo». «Él no tenía que pagar los platos rotos». Frases que salieron de su boca. Sin una emoción. Sin un lamento.

«La perversidad de haber propiciado que la madre oyese morir a su hijo», como descarnó la sentencia, recordando cómo el homicida llamó a la madre mientras apuñalaba al inocente niño. De 27 cuchilladas. Y esa crueldad, unida a su condición de menor, abrió las puertas a la prisión permanente revisable tras aquel crimen cometido en 2022. En las fechas en las que el chaval cumplía años: «Murió luchando con denuedo por su vida con sus débiles e insuficientes fuerzas, sufriendo un 'innecesario dolor' tanto físico como psíquico, derivado del vínculo afectivo y de dependencia que le unía con su padre».

El pequeño municipio de Chella lleva marcado a sangre aquel horrendo octubre de 2016. Aquel instante en el que el joven Rubén Mañó decidió ejecutar a Vanessa, de tan sólo 15 años, porque ella se negó a mantener relaciones sexuales. La violó. La mató asfixiándola. La envolvió en una manta, la metió en el maletero de un coche y la arrojó a una sima de la localidad de la Canal de Navarrés.

Durante el juicio todos fueron testigos de las mil y una argucias con las que Rubén trató de despistar al jurado. De nada sirvió. También en este caso están presentes el machismo, la dominación y la humillación. Otros elementos que la ley de prisión permanente revisable tiene en cuenta a la hora de justificar la aplicación de la más severa pena del ordenamiento jurídico español. «Por dejar patente su superioridad y dominación masculina sobre la menor, por el hecho de ser mujer, pues él quería mantener relaciones sexuales sobre cualquiera y fue Vanessa la primera que le contestó a las propuestas que envió«, subraya la sentencia que en 2020 le impuso la prisión permanente revisable.

«El modo, cruel, en que le causó la muerte -intentando, primero, que Isaac Guillén inhalara gas butano para, después, asfixiarle con un cordón de zapato, no sin antes propinarle golpes, que le causaron distintas lesiones, para vencer la escasa resistencia física que opuso la víctima atendida su casi inmovilidad-, el sofisticado plan de ejecución trazado y el modo en que se pretendió deshacer del cadáver -echando sobre los restos cal viva y enterrándolos en una zanja de una finca rústica-, patentizan una intención homicida, muy alejada de la compasión y del respeto por la autonomía y la dignidad personal». Pocas palabras hacen falta añadir al contundente e inhumano párrafo de esta sentencia. La que ajustició a Beatriu Friginal por acabar con la vida de su marido, Isaac, discapacitado y en silla de ruedas, en Godelleta.

Ocurrió en 2019. Y el proceso en la sala del jurado fue un compendio de mascaradas de la procesada por simular que su esposo quería suicidarse. Tapaderas insensibles en las que Beatriu llegó a usar el móvil de la víctima para mandar mensajes a amigos y familiares del hombre. «Estoy bien. No me busquéis». El caso es uno de los paradigmas de otro de los supuestos en los que se aplica la prisión permanente. Aquellos crímenes en los que, como el de Godelleta, pierde la vida una víctima desvalida y sin capacidad alguna de defenderse.

Sin psicopatías de por medio. Sin enfermedad mental con la que dar una explicación sobre las a veces retorcidas profundidades de la mente humana a lo sucedido. Fruto de la «pura maldad». Lo sostiene la sentencia que condenó con la prisión permanente a Francisco Javier Martínez. «Se perpetró por pura maldad del autor y con conocimiento de lo que estaba llevando a cabo. Era imputable y lo hizo a sabiendas de lo que estaba realizando. Fue esperando a sus víctimas/familiares hasta acabar con la vida de todos ellos», es el rigor textual del fallo.

Aquel fue uno de los más recientes crímenes múltiples acaecidos en la Comunitat. En 2018, con un cuchillo como única arma y con sus padres y su hermano como víctimas de la trágica carnicería. Actuó «de manera despiadada» y completamente «a sangre fría».

Primeró ejecutó a su hermano pese a que este trató de resguardarse en una habitación del domicilio familiar. Con el cadáver a su lado aguardó a que llegaran a casa su padre y su madre. Ninguno se pudo defender. Otro aspecto que tiene en cuenta la ley a la hora de fijar la prisión permanente. Y otra vez el hogar, eso que es casa pero a veces es infierno, como escenario de lo ocurrido: «En el lugar donde más protegidos se encuentran que es en el hogar, y que en este caso concreto fue donde el recurrente mató a sus tres familiares más directos, se convirtió en el lugar más inseguro».

«Resulta difícil negar que quien, de forma particularmente violenta, golpea hasta en cuatro ocasiones distintas en la cabeza a un menor, que contaba a la fecha de los hechos siete meses de edad, no hubiera contemplado la alta probabilidad de provocarle la muerte». Ginés S. A. negó por activa y por pasiva que quisiera acabar con la vida de un bebé. Repetimos. Un bebé. ¿Puede haber alguien más incapaz de defenderse? Segó su inmenso futuro en 2021. Sólo un año después, la Audiencia de Alicante sentenciaba el caso. Luego lo confirmarían en cascada el Tribunal Superior y el Supremo.

Una espiral de violencia con una sola víctima. El niño. La madre también fue inicialmente procesada por el crimen. La sentencia inicial ya la sacó de esa encrucijada sangrienta aunque la hizo culpable en parte. Condenada por un delito de malos tratos hacia el pequeño. Señalada también por lo ocurrido. Ella presenció los hechos. Pero «lejos de proteger a su hijo o recriminar la acción» a su pareja, «lo toleró». Una familia rota. Dos culpables. Y un inocente por el camino.

Una mentira no se convierte en verdad por mucho que sea repetida cien veces. Lo intentó hasta la saciedad Alejandra García. Primero simulando que aquella tarde de agosto de 2017 unos motoristas encapuchados y con guantes habían asaltado su casa en Elda. Allí estaban ella y el pequeño Dominique. Sólo ocho años. Autista. Hijo de acogida de su novio. La versión se deshizo al instante.

Pero ella aún tenía más. Aún mantuvo un tiempo que los estrambóticos asaltantes incluso la forzaron. Que ella se quedó embarazada. En el proceso el absurdo rozó lo surreal. Alejandra trató de poner sobre la mesa que el niño se había atragantado al comerse un trozo de jamón de york. Una fiscal imperturbable, ayudada por pruebas de cargo, lanzó un dictamen que el jurado acabó haciendo suyo: «El niño la sacaba de quicio y organizó todo. Lo tenía preparado».

Fue la primera mujer condenada en la Comunitat con la prisión permanente revisable. Años después llegó la asesina de su marido en Godelleta. Ocho rostros del mal. Ellos y ellas. La versión más definitiva de que el horror no entiende de condiciones humanas.

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