«Pagué 6.000 euros y me aseguraron que volvería a mover las piernas»

La fiscal reclama cuatro años de cárcel para la investigadora (nacida en Valladolid pero con su carrera vinculada a la Comunitat Valenciana) y su pareja. La acusación sostiene que los perjudicados llegaron a pagar cantidades que empezaban por 4.000 euros pero que llegaron a los 150.000. El tratamiento consistía en cuatro fases y se basaba en el trasplante de células adultas del entorno de la médula espinal.

Las dos primeras fases eran la de diagnóstico y «terapia de activación medular», según la Fiscalía. Las dos segundas, a las que según la acusación no llegó ningún paciente, eran ya los momentos propiamente dichos del trasplante. La Fiscalía sostiene que los procesados manejaban el uso de productos homeopáticos sin la autorización de la Agencia Española del Medicamento.

Los dos procesados estuvieron este lunes presentes en la sala de vistas pero no declararán hasta el final del proceso. Aunque su abogado empezó ya a poner sobre la mesa algunos de los argumentos que se emplearán en el juicio, que tiene señaladas otras dos sesiones. El letrado subrayó como el juzgado de instrucción llegó a archivar la causa contra la pareja «al no hallar el más mínimo indicio de que se trate de una estafa» y que llegó a defender la idoneidad de la terapia.

La Audiencia reabrió el caso, pero al abogado reclamó la nulidad del proceso «por una investigación nula». El tribunal rechazó este lunes la anulación y siguió adelante con el proceso. El abogado anunció que traera a la sala a expertos del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, referencia en España en la atención a pacientes con daño medular.

Contra sus argumentos testificó este lunes Bernardita Delgado, una paciente de Chile que viajó a Valencia a someterse al tratamiento de la doctora Ramón y una de las denunciantes. Aunque lo cierto es que su declaración, realizada por videconferencia y también con muchas dificultades de sonido, no estuvo exenta de contradicciones, dudas y lagunas. «Me aseguraron que me podía curar», fue una de sus frases más directas, aunque luego arrojó sombras. Explicó que conoció la controvertida terapia en la web de los acusados. Se decidió a viajar a España y pagó 180 euros por la primera visita y después casi 6.000 euros por las primera pruebas. «Acabé siendo declarada no apta para el tratamiento».

Bernardita sufre una paraplejia en las dos piernas tras una fractura medular. En su declaración subrayó que los procesados le prometieron que recuperaría la movilidad de las dos extremidades inferiores, así como el control de los esfínteres. El abogado de la defensa de los acusados la arrinconó en su interrogatorio. La supuesta víctima no supo contestar con claridad a la pregunta del letrado de numerosos correos enviados por los procesados en los que no se comprometían al éxito médico del tratamiento.

Tampoco supo contestar la testigo a por qué ella envío mails agradeciendo la atención de la clínica. «¿Qué ha cambiado para que ahora les acuse de estafa?», fue el interrogante lanzado por el abogado. La mujer acabó reconociendo que se sumó a la denuncia presentada por otros afectados al saber que se señalaba a los procesados y a la clínica por la posible comisión de una estafa que la Justicia deberá ahora aclarar si se produjo o no.

El proceso supone el punto más bajo de una carrera de una científica que llegó a ser de las más prestigiosas y con renombre de su campo. Ramón llegó a ser directora de la Unidad de Regeneración Neural del Instituto de Biomedicina de Valencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el año 2000 se dieron a conocer sus trabajos por devolver la movilidad a ratas parapléjicas. Dos años después, dirigió un estudio sobre el implante de células gliales cobertoras del sistema olfativo en la médula espinales de ratas adultas paralíticas, que demostró promover la reparación de las células neuronales y restaurar sus funciones.

En enero de 2007, denunció al Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) por un supuesto delito contra la propiedad intelectual, trato degradante, coacciones, apropiación indebida y falsedad cuando había empezado la investigación con primates. Tras paralizar el CIPF sus experimentos, un grupo de lesionados medulares recogieron 14.000 firmas para solicitar que la científica continuara su investigación con monos tetrapléjicos.

Ocho años después, la doctora anunció que había comenzado a aplicar su terapia regenerativa medular en pacientes españoles, fruto de 25 años de investigación y tras comprobar el resultado logrado en un bombero polaco que sufrió una lesión en su médula espinal. Almudena Ramón aseguró que su paciente había recuperado la sensibilidad en ambas piernas y logrado volver a caminar. Hasta que la Guardia Civil y el juicio ahora pendiente de sentencia se cruzó en su camino.