Los peritos tumban la terapia de la doctora Almudena Ramón: «Su tratamiento no estaba aprobado»

Ramón, quien hace años alcanzara fama mundial por curar las lesiones medulares de ratas y primates, ha sostenido ante el tribunal que nunca «aprovechó su prestigio científico para atraer a pacientes», como sostiene la fiscal. A pesar de los hasta tres testimonios que han declarado en la sala y que sostienen que la médico y su pareja, socio en la clínica de Valencia, les aseguraron que su dolencia iría a menos, la investigadora ha sostenido: «Yo soy médico y rotundamente digo que nunca prometí una mejoría ni que nadie volviera a andar».

Eso sí. De los testimonios lanzados ante el tribunal por la doctora y su marido, se concluye que sólo atendieron a cinco pacientes en su centro médico, tres de los cuales fallecieron.

La sesión también ha servido para que declaren tres peritos del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que realizaron un informe tras el arresto de los acusados por la Guardia Civil por presunta estafa. «Ofrecían un tratamiento no autorizado por la Agencia Española del Medicamento. La última fase (la del trasplante) no estaba aprobada», han sostenido.

La tesis de los acusados es que la terapia de estimulación celular no es un medicamento y por lo tanto no precisa de esta autorización ni de un ensayo clínico en seres humanos, al depender sólo de la autorización administrativa que debía tramitar un hospital de Elche donde iban a realizarse las supuestas operaciones que nunca llegaron.

Ramón incidió en la teoría de su defensa: la purificación celular no es un medicamento: «No se manipulan, ni se cambia la función de las células y se implanta en el mismo tejido». También ha rebatido que pretendiera engañar a los pacientes. «Si fuera una estafa no tendría sentido que tuviéramos todo listo en un hospital de Elche para llevar a cabo ese trasplante», ha señalado, para añadir: «No he tenido ningún beneficio de mi terapia. Sólo la inmensa satisfacción de ver cómo estas personas mejoraban». Y ha responsabilizado incluso a los afectados con lesión medular de hacerse 'falsas esperanzas': «Una cosa es lo que un médico dice y otra lo que los pacientes quieren escuchar o interpretar».

Su marido, Eduardo R. y administrador del Centro de Innovación Médica en Regeneración Medular (CIMERM), escenario de la estafa sostenida por la acusación, ha asegurado ante el tribunal que todos los pacientes «sabían que ser admitidos en el programa no implicaba acabar teniendo acceso a los trasplantes. Se informaba en la primera cita y constantemente se recordaba que ser aceptado en una fase en ningún caso suponía pasar a la fase posterior». También ha calificado de «sorprendente» que ni la Agencia del Medicamento ni el Hospital de Parapléjicos de Toledo les pidieron el protocolo de la terapia e hicieron sus informes «sólo con la información de la página web».

En la vista también ha declarado Carmen, paciente del centro. «Me aseguraron que me curaría. Me dijo que todo el tratamiento estaba en regla y aprobado por la ley», ha indicado. Ha subrayado que con el tratamiento noto la misma mejoría «que con fisioterapia diaria». Y ha trasladado un relato de los más sobrecogedores de los tres días de juicio: «No denuncié por miedo. Un compañero mío murió en su clínica. Estas personas me hicieron pasar una auténtica pesadilla de la que aún no me he recuperado. No se puede abusar así de personas vulnerables».

En la sala, a petición de la defensa, se han exhibido varios vídeos de pacientes y su supuesta evolución y mejoría durante varios meses en CIMERM. Varios ninos tratados con imágenes que muestran cómo logran mantenerse sobre las piernas y dar algunos pasos, moverse al son de música, gatear o manipular objetos con las manos que antes tenían inmovilizadas.

La madre de uno de esos menores ha señalado que se trata de vídeos «sesgados» en los que no se aprecía el sufrimiento de los pacientes. De hecho, su hijo falleció tiempo después. El juicio ha quedado visto para sentencia con la Fiscalía manteniendo su petición de cuatro años de cárcel.