Piden prisión y el pago del desalojo a los activistas de la alquería de la V-21

El desalojo se produjo hace ahora dos años. Fue sobre las siete de la madrugada cuando los agentes se personaron en la zona, situada entre los términos de Valencia y Alboraia. Como informó en su día este diario, las fuerzas de seguridad desalojaron a los asistentes para permitir el paso de los operarios y la maquinaria.

Posteriormente formaron un cordón de seguridad alrededor del inmueble. Apróximadamente medio centenar de personas, entre vecinos y activistas, permanecieron junto a los caminos de acceso para impedir el tránsito de los camiones que debían retirar el material de la alquería.

Pero finalmente el derribo comenzó por una de las paredes laterales, en concreto, por la que tenía un mural reivindicativo pintado por Diego Mir en 2017 y que sirvió para convertir el Forn de la Barraca en un icono de las protestas de distintos colectivos ecologistas y a favor de la huerta, contrarios por su ideología a las obras de ampliación de la V-21 en aras de la mejora del tráfico.

Según Adelina Cabrera, abogada de uno de los acusados, tras la acción policial fueron identificadas varias personas y cuatro de ellas han acabado encausadas en un procedimiento judicial bajo instrucción del juzgado número 2 de Moncada.

Tal y como detallo la letrada valenciana, hay tres de los activistas a los que la Fiscalía de Valencia acusa de un delito de desobediencia a la autoridad. Pide para ellos una pena de ocho meses de prisión. Además, para un cuarto miembro de la defensa del Forn de la Barraca el Ministerio Público exige una pena de cinco meses de cárcel al entender que cometió un delito de resistencia a la autoridad. Para todos ellos se pide, además, el pago del coste del desalojo «sin que se haya especificado la cuantía», como asegura la abogada.