«No podemos vigilar cada casa»

«Impotencia y falta de medios y amparo legal». Es la sensación generalizada de policías nacionales, locales y guardias civiles ante la proliferación de fiestas ilegales en viviendas o espacios públicos, con el botellón. Llamados a detectar y perseguir estas reuniones para frenar el avance de la pandemia, los profesionales detectan, además, «una creciente resistencia y rebeldía por parte de los participantes, en su mayoría jóvenes o menores».

Sebastián Gómez es la voz del sindicato Justicia Policial (JUPOL) de la Policía Nacional. «Nuestros medios son escasos ante este cometido». Además «vemos que la justicia y jurisprudencia no es clara» ante la posibilidad de inspeccionar los domicilios. Según el responsable sindical, «en otros países está todo muy bien protocolizado y aquí no».

Y añade otro factor: «no hay policías suficientes para vigilar cada casa». En esta tesitura la detección de encuentros está supeditada a los «avisos de vecinos ante el alboroto». Según Gómez, «quienes montan estas fiestas han aprendido cómo protegerse para intentar pasar desapercibidos o complicar la labor a los agentes, con persianas bajadas si son en locales o amparándose en la privacidad de domicilios cuando se trata de una inspección en una casa». Como resume Gómez, «tampoco podemos quedarnos horas en el exterior esperando a que salgan los participantes, pues hay más servicios y emergencias que atender».

Un ejemplo de esta situación se vivió a finales de febrero, en un domicilio de Elda. Nueve de la noche. Un vecino llama a la policía acobardado ante una fiesta que define como «multitudinaria» a juzgar por el jaleo que traspasa las paredes.

Los policías comprobaron que en el interior «se escuchaba mucho ruido» y llamaron al timbre. Tras minutos de espera, dos jóvenes abrieron la puerta y trataron de colar una mentira: dijeron que estaban solos en el piso y que lo habían alquilado a través de una plataforma digital.

Pero no coló. Desde el exterior los policías repararon en «numerosas chaquetas y prendas de abrigo» amontonadas en la casa, además de «ruidos previos que se escuchaban desde el rellano». Los dos jóvenes no les permitían el acceso y los policías tuvieron que localizar a la propietaria. La mujer se presentó allí y trató de entrar en su casa. Ni con esas. Los festeros no le dejaban pasar.

Como última opción, la propietaria contactó con la plataforma de alquiler para cancelar la reserva. Al cabo de tres horas de gestiones la empresa confirmó la anulación e informó a los inquilinos que así se había decidido «por incumpliento de las condiciones legales». La Policía Local inició al fin el desalojo. Contabilizaron a 36 jóvenes escondidos por todas las habitaciones.

Manuel Sánchez, presidente nacional del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) pone el acento en las «escasas plantillas de los pueblos» y la consiguiente «falta de seguridad en las intervenciones ante fiestas en las que pueden juntarse hasta 40 jóvenes». Y cada vez, asegura, «con gente más agresiva y beligerante» frente a la labor policial. «Y si no te abren la puerta, a ver qué haces... La intervención puede alargarse horas», lamenta.

José Alfonso, vicepresidente de CSIF en Administración Local, sitúa los problemas en la «falta de personal por jubilaciones sin cubrir y escasez de sonómetros para medir decibelios y ruidos». Según el responsable, las fiestas ilegales «crecen por el cierre de locales» y, sin embargo, «solamente se puede entrar en domicilios con orden judicial o por delito flagrante».

Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), «hay un incremento de fiestas ilegales tanto en domicilios como en chalés de alquiler». Ahora «buscan casas aisladas donde el ruido no alerte a los vecinos». El mayor problema para los agentes es «la carencia de medios y la impunidad con la que realizan estos actos, pues por mucho que se denuncie nunca llegan las notificaciones a los infractores».