El juzgado togado militar número 13 ya ha puesto el foco en el polvorín que en los últimos años parece haberse convertido el cuartel de ... la Guardia Civil de Oliva. Tras la denuncia interpuesta por dos agentes por supuesto acoso y abuso de autoridad de sus superiores, la autoridad encargada de dilucidar estos hechos ha dado ya su primer paso. Según el auto al que ha tenido acceso este periódico, el juez militar ya ha encuadrado como investigados a dos exresponsables del citado cuartel, a los que ha citado en calidad de imputados.
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El auto del juzgado llega tras la denuncia presentada por dos guardias civiles del cuartel de Oliva. El juez militar señala al exteniente del cuartel, J. L. F., como investigado por un presunto delito de abuso de autoridad. «El superior que, respecto de una persona subordinada, realice actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional, le amenace, coaccione, injurie, atente de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, o realice actos que supongan discriminación grave referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad, será castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo», es la conducta que tipifica el Código Penal Militar y por la que se investiga al mando.
El juzgado también cita como investigado al entonces subteniente del cuartel de Oliva, R. O., en este caso por no denunciar la conducta de su superior. «El militar que, obligado a ello, dejase de promover la persecución de delitos de la competencia de la Jurisdicción Militar o que teniendo conocimiento de su comisión no lo pusiere en inmediato conocimiento de sus superiores, o no lo denunciase a autoridad competente, será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión», dice en este caso el Código Penal Militar.
Como ya adelantó LAS PROVINCIAS, la instrucción del juzgado togado llega tras la denuncia interpuesta por dos agentes de Oliva. Uno de ellos asegura haber sufrido el acoso en el trabajo entre 2016 y 2023. Con «frases humillantes y vejatorias» delante de sus compañeros, como «tienes sólo una neurona para follar», «mucho sandwich y mucho zumo y luego te pones fino a alcohol los fines de semana» o «eres un inútil».
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El denunciante también alega que se le negó el uso del garaje en el cuartel, así como la privación de una llave magnética para acceder a la zona de viviendas, o incluso la negtiva de entrar en dependencias oficiales. Según la denuncia, «el subteniente presenció estas situaciones en varias ocasiones, al insultar o vejar al denunciante y a otros compañeros, sin haber dado cuenta para tomar medidas».
El otro denunciante sostiene que los hechos que sufrió se produjeron entre 2020 y 2022. Entre las frases que el agente atribuye al teniente se encuentran algunas como «no vas a venir a joder el buen ambiente que hay aquí», «¿estás seguro de que no quieres venir?... ya te acordarás (tras no querer ir a tomar café)» o «¿qué hacemos con él, le ponemos contra la pared y le follamos el culo».
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El agente también critica que el mando le arrinconó en el area de atención al ciudadano, que ambos mandos entraron en la base de datos de la Guardia Civil para «obtener información de su vida íntima y personal», expulsión de grupos de trabajo de Whatsapp por el subteniente y negativa a acceder a la zona de viviendas de la casa cuartel.
El juzgado togado señala que los hechos denunciados «pudieran constituir un delito de abuso de autoridad» y de otro de no persecución de los hechos por el subteniente. El juez cita a declarar a los dos mandos como imputados, así como a los dos agentes que presentaron la denuncia.
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El auto del juzgado togado militar pide también que comparezcan hasta una docena de testigos, entre ellos el propio comandante jefe de la Comandancia de Valencia, el teniente coronel picólogo (por las posibles secuelas del supuesto acoso por los denunciantes) y varios guardias civiles.
El exteniente denunciado ya tiene antecedentes. Lo detuvieron en 2023 por pertenecer a una banda de contrabando de tabaco. La operación se saldó con 21 detenidos, de los cuales 17 eran trabajadores de esta industria ilegal, donde se hallaron cerca de 800.000 cajetillas de tabaco ilegal, listo para ser distribuido sin pasar los controles y sin pagar los impuestos que este tipo de mercancía tributa.
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