La presidenta del Tribunal Superior alerta del colapso de los juzgados que asumen custodias de menores y divorcios

«Los tiempos de respuesta en el ámbito de los juzgados de familia son excesivos, por lo que se deberían especializar juzgados en los partidos judiciales o comarcalizados y ampliar o crear más secciones en las Audiencias», ha declarado de la Oliva. La presidentaha evidenciado que la sección décima de la Audiencia, que cuenta con cinco magistrados, «no es suficiente para resolver las apelaciones de toda la provincia, a pesar de la encomiable labor que hacen sus integrantes, por lo que en la nueva creación de plazas deben valorarse estas contingencias».

En su discurso (el último como presidenta en una apertura de año judicial) ha recordado a mujeres como Rocío, Florica, Rosi, Juliana, Margarita o Lorena, asesinadas durante este año en la Comunitat y ha puesto encima de la mesa la necesidad de establecer medidas preventivas para evitar que las víctimas «sigan muriendo a manos de asesinos sin escrúpulos».

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia considera que los juzgados de familia tienen que compartir información con los juzgados de violencia de género para así poder detectar las situaciones de riesgo y «tratar de evitar en la medida de lo posible crímenes execrables como los que aquí tuvimos que afrontar recientemente». En la mente de todos, el parricidio de Sueca, en el que un fallo de coordinación entre juzgados permitió al asesino acercarse a su hijo Jordi y acabar con su vida pese a tener una orden de alejamiento de su esposa por maltrato.

De la Oliva ha hecho una valoración positiva de los juzgados de violencia sobre la mujer comarcalizados. «Desgraciadamente, cuando el juzgado de violencia actúa, el conflicto ya ha explotado, por lo que si conseguimos que los juzgados de familia actúen rápidamente, al igual que las secciones de las Audiencias que conocen de esta materia podremos evitar una parte de estas situaciones dramáticas», ha enfatizado.

Otro de los puntos que ha puesto sobre la mesa es la necesidad de efectuar evaluaciones continuas de calidad para ver si las instituciones orgánicas dan una respuesta eficaz a las nuevas modalidades delictivas. En esta cuestión se ha centrado en el narcotráfico, el crimen organizado o la criminalidad informática. Para la presidenta del TSJCV, este tipo de delitos «necesitan órganos judiciales que excedan del partido judicial tradicional para dar una respuesta inmediata tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento, evitando la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas».

Entre las preocupaciones de la presidenta del TSJCV está la población de avanzada edad. Teniendo en cuenta que cada vez tenemos una población más envejecida, Pilar de la Oliva considera relevante potenciar los Juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos relativos a medidas de apoyo a personas con discapacidad y otras materias.

«Sólo tenemos dos órganos exclusivos en esta materia en la Comunitat Valenciana y están en la ciudad de Valencia. Creo que deberían generalizarse porque se dirigen a proteger a las personas más vulnerables de nuestra sociedad», ha expuesto durante su discurso.

En la apertura del año judicial también ha intervenido el fiscal superior, José Ortiz. En su intervención ha hecho referencia a las estadísticas. Durante 2023 se incoaron en la Fiscalía de la Comunitat 26 diligencias de investigación penal, cinco más que el año anterior, por lo que se han incrementado en un 23,8%.

Además, la Sala de lo Civil y Penal incoó el pasado año un total de 482 procedimientos penales, frente a los 424 del año anterior, lo que supone un aumento del 13,6%. Uno de los puntos en los que se ha centrado el fiscal superior es en el incremento de los delitos contra la libertad sexual. Sobre todo en los casos cometidos por menores.

«Los fiscales especialistas apuntan a la confluencia de factores diversos, pero destacan la carencia de una formación afectivo-sexual y el acceso precoz a material pornográfico», ha señalado Pedro Ortiz. El Fiscal Superior ha evidenciado que algunos menores de 14 años «necesitan una intervención clara de reeducación, formación y apoyo que ayude a que comprendan la gravedad de los hechos y se les facilite los medios necesarios para evolucionar en su conducta».