Procesado el funcionario que pagaba la pensión a su mujer muerta para no saldar una deuda

valencia. Un juzgado acaba de procesar a un funcionario de la Generalitat por mantener un embargo en su nómina para pagar la pensión de su exmujer pese a que esta había fallecido siete años antes. De esta forma, lograba que la Administración ya no pudiera retenerle más importe -hay un máximo de cantidad a embargar para no dejar al trabajador sin sueldo- y los otros acreedores se quedaban a la espera.

Antonio Moya es el funcionario que ha trabajado para la Conselleria de Inmigración. El hombre se divorció de su mujer en mayo de 2009. Lo hicieron de mutuo acuerdo y en la sentencia se recogió que pasaría una pensión de alimentos de 1.200 euros para los niños y de 650 euros como compensatoria para ella. Todo parecía correcto.

Pero el hombre dejó de pagar desde 2011. La exmujer acudió al juzgado para reclamar los impagos (algo más de 13.000 euros) y asegurarse las pensiones futuras. Al cabo de unos meses, desgraciadamente, murió. Pero esto no generó ningún cambio en la situación del funcionario. Desde esa fecha hasta marzo de 2019 se le retuvo 1.900 euros de su nómina que iban a parar a la cuenta de su expareja en la que ahora sólo él seguía como titular. De tal forma, que el dinero a través de esta operación terminaba en sus manos. Así, evitaba que le embargaran los acreedores ya que las pensiones de alimentos tienen carácter preferente.

No terminaron ahí las supuestas irregularidades con la nómina del funcionario. Su hijo, una vez se comunicó de manera oficial el fallecimiento de la mujer y dejó de recibir un embargo, acudió al juzgado para reclamar el impago de las pensiones desde 2017. Le exigía cerca de 18.000 euros de atrasos junto a otros 2.000 de gastos extraordinarios. Y todo esto pese a que el joven residía todo este tiempo con el padre. De nuevo, se le pone un embargo de 1.500 euros en la nómina, una supuesta argucia para frenar las intenciones de los acreedores. Entre ellos, figura un particular, pero también dos entidades bancarias por impago de préstamos. El funcionario se acogió a su derecho a guardar silencio cuando fue convocado en la Ciudad de la Justicia.

El juzgado de Instrucción 6 de Valencia ha dictado el auto de procedimiento abreviado. Es un auto que pone punto final a la instrucción y detalla los indicios delictivos y la supuesta autoría. En este caso, se dirige contra el funcionario, pero también contra su hijo por participar en estas operativas. Considera que este supuesto encaja en un delito de estafa procesal. La Fiscalía deberá acusar si considera que los hechos revisten responsabilidad penal o pedir el archivo. También podría pedir más diligencias para aclarar las pesquisas.

Este caso amenazó con salpicar a más cargos de la Generalitat. En su día acudieron a declarar responsables de la Conselleria de Economía. Entre ellos, la que fuera subsecretaria de la Conselleria, Concepción del Ruste, que cesó a mediados del año pasado. También fue citado Josep Vicent Tarí, secretario general del departamento autonómico, según consta en la web de la Generalitat. Por último, las comparecencias se completaron con Ana María Sánchez, la interventora delegada. El juez decidió archivar el procedimiento.