Los 59 pueblos de la Comunitat Valenciana con más riesgo ante desastres naturales

La Comunitat es una región que, por sus características geográficas, está sometida bajo un triple yugo de peligro: el que viene de las llamas en el monte, el que proviene del cielo y el que se gesta bajo tierra, con los movimientos sísmicos como los que causaron el desastre de la cercana Lorca, en Murcia.

Según los datos elaborados por expertos y bajo supervisión de la Agencia de Seguridad de Respuesta a las Emergencias, existen actualmente 59 municipios de la región que aglutinan, ya no uno, sino los tres peligros al mismo tiempo: el del fuego, el de las trombas y el de los terremotos. Se concentran en Alicante y también los hay en Valencia, sin embargo la provincia de Castellón está exenta del riesgo sísmico que contemplan los analistas de la Generalitat.

Son pueblos, estos 59, en los que los ayuntamientos están obligados a redactar planes de actuación municipal para los tres peligros, un requisito legal que se cumple todavía en un grado muy bajo. Algunos han redactado protocolo para uno de los riesgos, otros para dos, y ninguno tiene los deberes hechos al completo ante la triple necesidad.

La falta de cumplimiento es palmaria a pesar de las constantes advertencias de la naturaleza en forma de fuegos devastadores como el que arrasó más de 50.000 hectáreas hace una década, o la DANA que anegó la Vega Baja en 2019 y las históricas riadas de Valencia. O los frecuentes movimientos telúricos sobre la Comunitat que, si bien son de baja intensidad, recuerdan el peligro latente bajo nuestros pies.

Hoy mismo ha temblado la Comunitat Valenciana. El Instituto Geográfico Nacional ha informado que a las 8.18 horas de este jueves, 22 de septiembre, se ha registrado un terremoto en el sur de la Comunitat. El epicentro se ha situado en la localidad alicantina de Guardamar del Segura y ha tenido una magnitud de 2,6. El seísmo se ha registrado a una profundidad de 7 kilómetros.

El listado del triple riesgo, se escribe, en la provincia de Alicante con 33 localidades. Son Agost, Albatera, Alcoi, l'Alfàs del Pi, Alicante, Altea, Aspe, Benidorm, El Campello, Castalla, Cocentaina, Crevillente, Dénia, Elche, Elda, Guardamar del Segura, Ibi, Xàbia, Monforte del Cid, Novelda, La Nucia, Orihuela, Pedreguer, Petrer, Pinoso, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Teulada, Torrevieja, la Vall d'Ebo, la Vila Joiosa, Villena, Pilar de la Horadada.

En la provincia de Valencia son 26 las localidades en las que la Generalitat aprecia la confluencia de los tres riesgos naturales hasta el punto de exigir un plan de protección. Se trata de Alzira, Ayora, Bétera, Bolbaite, Calles, Canals, Carcaixent, Carlet, Quatretonda, Cullera, Gandia, Guadassuar, Xeraco, Llombai, Moixent, Navarrés, Oliva, Ontinyent, Paterna, Picassent, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Torrent, Valencia, Villalonga y Vilamarxant.

Según el cuadro más actualizado de Emergencias sobre la planificación municipal ante los peligros, ni uno sólo de estos 59 pueblos aprueba. Es decir, ninguno está lo suficientemente preparado para organizarse ante las tres emergencias que sobre ellos planean. Y la mayoría 'suspende' en la elaboración de planes ante terremotos, que son los que menor grado de cumplimiento tienen en toda la región. Hay algunos que sencillamente no han redactado ninguno de los tres protocolos pese a estar obligados.

Si analizamos por separado los tres peligros, nos encontramos con que los pueblos han empezado a prepararse en los últimos años para reaccionar del mejor modo posible ante los incendios forestales y ante las inundaciones. Pero el grado de cumplimiento ante la obligación de planes frente a terremotos está en un punto lamentable. Si bien son obligados o recomendables en todos los pueblos de Alicante y Valencia, son únicamente 22 obedecen a la imposición o consejo de Emergencias.

¿Qué sucede ante los incendios forestales? Más obediencia, pero todavía agujeros importantes a pesar del riesgo. Plan de Actuación Municipal. PAM. Con estas siglas se denominan los protocolos que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias impone o recomienda a una serie de municipios (la mayoría de la región) para actuar de la manera más rápida, efectiva y segura ante los incendios forestales, entre otros riesgos. Se conciben como la mejor organización posible a nivel local para que no haya que improvisar nada y esté todo bien previsto y definido si las llamas del monte se convierten en una amenaza.

Según los datos más actualizados respecto al cumplimiento de estos planes, ninguno de los pueblos donde se iniciaron los fuegos más devastadores de este verano, el más trágico de la última década, disponía de PAM. El de Bejís fue el más grave de los incendios forestales que arrancaron a mediados de agosto. Arrasó 20.000 hectáreas y Emergencias considera recomendable que tenga un PAM. Pero no existía. La situación es calcada a la Vall d'Ebo, origen de un fuego con 12.000 hectáreas calcinadas, y les Useres, con 800 quemadas.

Pero hay un dato más grave si ampliamos la vista y contemplamos lo que sucede con estos planes a nivel global autonómico. En la Comunitat existen 133 pueblos que, por sus peculiaridades forestales, están obligados a elaborar un PAM porque así lo dicta la Emergencias. Ya no se trata aquí de una recomendación, sino de una imposición.

Pero ni con esas. La desobediencia es patente y la mayoría de esos municipios, en concreto 80, no lo tienen. Porcentualmente, un 70% de los obligados desobedecen al departamento de Justicia y sólo un 30% tiene los deberes hechos en forma de protocolo contra incendio forestal. Teóricamente, son los mejores preparados para responder ante un eventual desastre forestal y proteger a sus vecinos.

En materia de inundaciones, también falta por hacer. Y mucho. De nuevo deberes sin presentar a pesar de que una buena organización puede traducirse en vidas salvadas. Ante este riesgo son 222 los municipios obligados a contar con un plan municipal según las valoraciones autonómicas frente al peligro. Sin embargo, únicamente 87 han asumido el requisito y han planificado cómo reaccionar ante las trombas o riadas según las particularidades de su demarcación. Es decir, un 60% incumplen su obligación y un 80% asume el mandato autonómico.

La última tragedia con coste humano en lo que a inundaciones se refiere fue la dolorosa pérdida del agente municipal de Calpe en acto de servicio durante la tromba de Benissa. Sin embargo, paradójicamente, esta localidad no está obligada, según Emergencias, a contar con un plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones.

La Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat es muy clara: «En el plazo de cinco años a contar desde la entrada en vigor de la presente norma todos los municipios deberán tener aprobados sus planes de actuación municipal (PAM) en caso de presentar riesgos específicos».

Pero hay más. La misma legislación autonómica considera infracción leve «no elaborar los planes de protección civil previstos». Y entre ellos están los de ámbito municipal. Se prevén multas de hasta 6.000 euros. De momento no hay constancia de que la Generalitat haya multado a los ayuntamientos que incumplen con los «obligatorios» planes locales contra el fuego.