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La presunta envenenadora de Paterna llevaba los medicamentos laxantes en el bolso, sin los envoltorios ni prospectos, cuando entraba y salía de la habitación donde estaba ingresado su compañero sentimental. Una empleada de hogar desveló este indicio criminal y otros datos relevantes para la investigación durante su declaración ante los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna autorizó las primeras diligencias de investigación en abril de 2021 tras la muerte de Salvador V., de 70 años, en extrañas circunstancias. La causa está abierta por los delitos de homicidio, estafa, apropiación indebida y hurto «sin perjuicio de una ulterior calificación», según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La presunta homicida fue detenida el pasado 2 de febrero, y quedó en libertad después de acogerse a su derecho a no declarar. Tras valorar las pruebas de los delitos que la Policía atribuye a Mari Carmen B. G., la jueza ha acordado citarla para tomarle declaración el próximo mes de marzo.
Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, la magistrada autorizó la intervención del número de teléfono de la sospechosa tras la muerte de su pareja, pero las escuchas durante un mes no aportaron más pruebas incriminatorias.
Durante los diez meses que ha durado la investigación criminal, la presunta envenenadora residía en el chalé de la víctima en La Canyada, donde la mañana de este miércoles apareció una pintada: «Aki vive una puta asesina». La mujer ha estado dos días hospitalizada por un intento de suicidio por ingesta de una gran cantidad de pastillas tranquilizantes, según informó ella misma a sus familiares.
Primeras sospechas
La actitud manipuladora de Mari Carmen y las mentiras que decía a los hijos y hermano de la víctima infundieron las primeras sospechas a los familiares, que acudieron a la Policía Nacional para pedir una investigación por la muerte de Salvador.
La mujer gastó hasta 2.000 euros en la compra de gran cantidad de laxantes en farmacias con la intención, presuntamente, de envenenar a su pareja, y según la investigación policial, aprovechó la larga hospitalización de Salvador para vaciarle la cuenta bancaria y realizar compras con sus tarjetas de crédito. Sin embargo, Mari Carmen mantiene que es adicta a los laxantes desde hace tiempo por sus trastornos alimenticios y que todos los medicamentos que compró eran para ella y uno de sus hijos, que también toma estos fármacos.
La declaración de una empleada de hogar que trabajaba en el chalé ha corroborado las sospechas de los hijos y los investigadores. La mujer afirma que vio cómo Mari Carmen sacaba los medicamentos laxantes de sus envoltorios y los metía en su bolso con la excusa de que ocupaban menos espacio.
La testigo aseguró a la Policía que ella misma compraba los fármacos por encargo de la presunta homicida, y que incluso pedía en la farmacia que le dieran los medicamentos sin los envoltorios de cartón para facilitarle la tarea a Mari Carmen. También manifestó que la presunta homicida «comenzó a realizar compras de ropa de forma compulsiva», acompañándola ella en muchas ocasiones, desde que Salvador fue ingresado en el hospital por segunda vez.
Según su declaración, Mari Carmen le dijo en una ocasión que en la caja fuerte de la casa había más de un millón de euros, y que no tenía ninguna necesidad de aguantar a la hija de Salvador, ya que con ese dinero ella podría comprar más de diez Maseratis, la marca del coche de la víctima.
Demanda de desahucio
Meses antes de que fuera detenida por la Policía Nacional, los hijos de Salvador pidieron a Mari Carmen que desalojara el chalé tras descubrir que una de las cuentas bancarias de su padre se encontraba con saldo negativo. Pero la presunta envenenadora se negó a abandonar la casa, donde vive con dos de sus cuatro hijos, y los familiares de la víctima presentaron entonces una demanda de desahucio.
La sospechosa quedó en libertad sin pasar a disposición judicial y regresó el 3 de febrero al chalé de La Canyada. Los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional registraron la casa, pero no hallaron medicamentos laxantes. La mujer estuvo detenida un día y medio y se acogió a su derecho a no declarar, aunque niega haber envenenado a su pareja. Tras recibir el alta médica en el hospital de Requena, Mari Carmen se ha trasladado a vivir a otra vivienda que compró en 2020 en Paterna.
La víctima estuvo siete meses ingresada en el hospital IMED Valencia. A pesar de todas las pruebas y analíticas que le realizaron para esclarecer los motivos de las diarreas que sufría, los médicos no lograron establecer las causas. Sin embargo, los sanitarios constataron que cuando el enfermo ingresaba en la unidad de cuidados intensivos, donde no recibía visitas, su estado de salud mejoraba, pero el paciente volvía a empeorar cuando lo trasladaban a una habitación del hospital en compañía de su pareja. Y así una y otra vez.
La presunta homicida decía a los hijos de Salvador que no podían visitar a su padre porque sólo permitían un acompañante en el hospital para prevenir contagios de Covid. Los investigadores creen que Mari Carmen echaba gotas de laxante en los zumos que bebía la víctima, pero los análisis realizados en el hospital y el Instituto Nacional de Toxicología no han detectado restos de este medicamento en la sangre ni en la orina del hombre fallecido.
La empleada de hogar declaró a la Policía que Mari Carmen le encargó varias veces que comprara gran cantidad de laxantes en pastillas y gotas, y que vio cómo metía los medicamentos en el bolso y tiraba a la basura las cajas con los prospectos.
Según la testigo, la presunta homicida hacía comentarios con frecuencia del dinero que tenía porque le había tocado la lotería, según ella, alardeando de su cómoda situación económica, pero era Salvador el que se hacía cargo de los gastos tanto personales como del hogar.
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