Rechazan como prueba el informe que califica de «depredador letal» al homicida de Marta Calvo

La resolución judicial relata los hechos delictivos cometidos por Jorge Ignacio P. J., presuntamente, que causaron la muerte de tres de las 11 mujeres con las que mantuvo relaciones sexuales o intentó intoxicarlas al introducir cocaína en sus órganos genitales.

La Audiencia de Valencia no admite como prueba el informe criminológico sobre el procesado que encargó una de las acusaciones «al no versar sobre aspectos técnicos, artísticos, científicos o especializados sobre los que haya de completarse los conocimientos del Tribunal».

La pericial fue realizada por el doctor en Psicología Vicente Garrido y el detective y criminólogo Juan de Dios Vargas. Los peritos calificaron al encausado de «depredador letal», sádico sexual que siente placer al contemplar la agonía de sus víctimas y criminal que seguirá matando «si tiene libertad para hacerlo».

Sin embargo, la magistrada presidenta del tribunal declara improcedente el informe «por no tratarse de pericial alguna admisible en Derecho al versar sobre el núcleo de la labor juzgadora del Tribunal, cuyo único fundamento admisible ha de ser la convicción de sus miembros sustentada en la prueba que en el juicio oral se practique con todas las garantías». Respecto a esta importante labor, el auto añade que el sano criterio «no puede ser sustituido (ni completado, inducido o sugerido) por el de terceros ajenos al Tribunal».

Como ya informó LAS PROVINCIAS, el juez instructor decretó la apertura del juicio oral tras señalar como órgano competente el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia, y fijó también una fianza de 350.000 euros, una cantidad de dinero que deberá pagar el acusado por su responsabilidad civil. El juicio tendrá lugar en la sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de Valencia. El auto de la Audiencia Provincial de Valencia ha sido notificado hoy a todas las partes.

La exhaustiva investigación de la Guardia Civil y los testimonios de las distintas víctimas evidencian que sufrieron «la introducción de cocaína en su vagina y ano, sin su consentimiento, circunstancia que derivó en que muchas de ellas sufrieran problemas de pérdida de conocimiento o alteraciones psíquicas o físicas, y tres de ellas acabaran falleciendo», según el auto del juez instructor.

El presunto homicida reiteró esas prácticas sexuales, «conociendo sus consecuencias letales y asumiendo el posible fatal resultado que derivó en el fallecimiento de tres de sus víctimas», señala la resolución judicial.

Encuentros sexuales con 11 víctimas

Los encuentros sexuales con las 11 víctimas se produjeron en un periodo inferior a un año y medio, entre el verano de 2018 y el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que murió Marta Calvo en una vivienda de la localidad de Manuel. El cadáver de la joven aún no ha sido localizado pese a los operativos de búsqueda que ha realizado la Guardia Civil en la macrovertedero de Dos Aguas y otros lugares.

Jorge Ignacio P. está acusado de una treintena de delitos como presunto autor de la muerte de tres mujeres y de las intoxicaciones con cocaína y delitos contra la indemnidad sexual de otras ocho víctimas. Estas jóvenes sobrevivieron a la práctica sexual conocida como fiesta blanca (sexo con cocaína), aunque el procesado introducía la droga en los genitales de las mujeres sin que ellas dieran su consentimiento.

La Fiscalía de Valencia pide para el acusado una condena de 130 años de prisión, una de las mayores penas conjuntas solicitadas en la historia de la justicia valenciana en un caso penal. Los abogados que representan a los padres de Marta Calvo y las familias de Lady Marcela y Arliene Ramos solicitan prisión permanente revisable, la máxima condena privativa de libertad en España.

La defensa del presunto asesino en serie pedirá en el juicio la libre absolución de su representado, aunque en el caso de que fuera condenado solicitará «la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de toxicomanía», según el escrito que presentó en el juzgado la letrada que ejerce la defensa.

Una condena de prisión permanente revisable supone cumplir de manera efectiva 20 años de cárcel –debido al gran número de delitos que las acusaciones atribuyen al procesado–, sin descontar ningún día, y posteriormente un tribunal tendría que revisar nuevamente las circunstancias del penado y valorar si cumple los requisitos necesarios para obtener la libertad.