Una red estafa 645 millones con falsas inversiones en cannabis medicinal

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó 645 millones de euros mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal. La red tenía oficinas en diferentes ciudades de Europa, como Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa, para facilitar la captación de clientes, ofrecerles confianza y organizar incluso visitas a plantaciones de cannabis legal, supuestamente socios de esta plataforma, en Colombia, Dinamarca y Portugal, pero nunca hubo inversión real en las cosechas. Los estafadores llegaron a firmar acuerdos con empresas del sector y los publicitaron para dar apariencia legal a su actividad ilícita.

Tras una ardua investigación, la Policía detuvo a nueve personas, dos de ellas en Tenerife, y el juez confiscó diez bienes inmuebles valorados en 2,6 millones de euros, bloqueó cuentas bancarias con 58.600 euros y se incautó de 106.000 euros en efectivo y otros 116.300 euros en criptomonedas.

La denominada operación ‘Stoner’ se llevó a cabo en el marco de un equipo conjunto de investigación con la Policía de Berlín y la Gendarmería de Francia, con la colaboración de Europol y Eurojust, y la participación de agentes de la República Dominicana, EEUU y Reino Unido.

Los estafadores operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta y cometieron un delito de estafa en masa con víctimas de más de 35 países, entre ellos España, Alemania y Francia. Miembros de la red acudían eventos y ferias cannábicas, utilizando campañas publicitarias para ofrecer confianza a sus clientes.

La operación se ha saldado, hasta el momento, con nueve detenidos en Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana, país donde residía el principal investigado. Los agentes intervinieron joyas, obras de arte y vehículos de alta gama, material informático y documentación. A esto hay que añadir el bloqueo al inicio de la investigación de 4,5 millones de euros en una cuenta que la organización tenía en Chipre y cuatro cuentas con 23 BTC valoradas en 1,4 millones de euros.

El modelo de negocio que ofrecía la organización consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar el cultivo del cannabis. Una vez cosechada la plantación, cuya duración dependía del tipo de planta de marihuana, el socio vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que luego devolvería al inversor.

Con este sistema prometían beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la especie de cannabis en la que se invirtiera. La red necesitaba promocionar su producto, por lo que realizó una fuerte inversión en marketing, estando presente en eventos y ferias cannábicas, utilizando campañas publicitarias con alta presencia en redes sociales. En estos vídeos se mostraban coches de lujo, fiestas en hoteles y videoclips musicales.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comprobaron que los fondos captados a las víctimas no se reinvertían en cannabis medicinal, sino que parte se destinaba a pagos parciales a las víctimas, marketing y al enriquecimiento de los investigados. La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba en un complejo entramado de cuentas bancarias y exchanges de criptomonedas, titulados por sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.

Gracias a la investigación policial, los agentes identificaron a los máximos responsables de la estafa (ciudadanos rusos), los cuales actuaban bajo identidades falsas y nunca aparecerían en las oficinas ni en actos y eventos promocionales. Por debajo de ellos se encontraban los directivos de la plataforma, de diferentes nacionalidades, quienes gestionaban la red de oficinas y empleados, así como los eventos y campañas de publicidad.

Las actuaciones operativas se iniciaron rápidamente para tratar de bloquear los fondos de las víctimas. Por ello, la Policía registró en 2022 la sede de esta plataforma en España y detuvo al administrador en nuestro país tras el registro de su domicilio.

Una vez analizadas las cuentas bancarias que poseía la red, los investigadores comprobaron cómo el total recibido por los inversores asciende a más de 416,9 millones de euros. Sin embargo, muchas víctimas no denunciaron la estafa, por lo que no se puede realizar una valoración total de los fondos defraudados.

Desde España se han emitido un total de cinco órdenes europeas de detención y entrega (OEDE), dos órdenes europeas de investigación (OEI) y dos comisiones rogatorias internacionales. Asimismo, los agentes realizaron 36 registros en domicilio en Letonia, República Dominicana, España, Estonia, Reino Unido, Portugal, Alemania y Polonia.

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