Las cifras del terrorismo machista no dejan de acongojar. La lacra no cesa, pero las estadísticas podrían ser incluso más cruentas. Durante el año pasado, siete mujeres valencianas estuvieron al borde de la muerte como consecuencia de agresiones de sus parejas o excompañeros. Siete vidas ... más al borde de truncarse. Otros dramas a unir a las seis mujeres que este año han sido asesinadas ya en la región por violencia de género. El mismo número que en todo 2023, y todavía con cuatro meses para cerrar 2024. El agónico drama no cesa.
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Las cifras las aporta la memoria de la Fiscalía General del Estado, hecha pública este jueves, y que recoge estadísticas de todo el territorio nacional. La cifra de seis supervivientes de crímenes machistas en la Comunitat deja bien claro que el problema es especialmente acuciante en la región. Es la cuarta autonomía con un dígito más elevado. En toda España la Fiscalía General detectó 45 intentos de homicidio por violencia de género en 2023. Diez mujeres más al borde de la muete que en 2022.
Por comunidades autónomas, en la que más feminicidios intentados se han registrado es Cataluña y Andalucía con nueve casos en cada una de ellas; seguidas de Valencia (siete), Madrid (siete), Galicia (cinco), Canarias (cuatro) y Murcia (uno), Extremadura (uno), Asturias (uno) y Castilla-La Mancha (uno).
Las medidas cautelares, como las pulseras para controlar el alejamiento de agresores denunciados, acaban siendo el método más fiable para evitar nuevos dramas. Las fiscalías reconocen mayoritariamente en sus memorias la «indiscutible utilidad» de los dispositivos como instrumento para combatir la violencia de género. Pero no todo es halagüeño.
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Los fiscales alertan de muchos fallos. Aluden a las dificultades de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, la «deficiente» cobertura de zonas rurales aisladas, el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos de reparación a esas áreas, así como el trabajo que les supone el análisis y cribado de las incidencias que reporta dicho centro (alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil), para decidir sobre la formulación de denuncia.
Por último, señalan varias delegaciones lo «gravoso» que supone para las víctimas las comunicaciones de «incidencias reiteradas», con «la consiguiente ansiedad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos». Los problemas acaban provocando que muchas mujeres maltratadas renuncien a los dispositivos, a riesgo incluso de poner en peligro su vida.
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El informe de la Fiscalía contabiliza un total de 66 hechos graves, de los que 45 podrían ser constitutivos de «feminicidios íntimos de pareja intentados», tal y como los define. De ellos, en 12 casos las víctimas habían denunciado previamente (el 26,66%) y nueve de los presuntos feminicidas tenían antecedentes con otras mujeres.
La mayoría de las víctimas implicadas (27) tiene nacionalidad española (60%), al igual que más de la mitad de los agresores, 28 (62,22%). En cuanto a la edad, la mayor parte de las víctimas están comprendidas entre los 25 a 50 años (31 de las víctimas, el 68,88%) al igual que los agresores (30, el 68,66%).
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La Fiscalía alerta del 'agujero' de entrada de cocaína por el puerto
El problema viene de lejos y lleva años siendo un coladero: la entrada de droga por el puerto de Valencia sigue siendo una cuestión por resolver. La memoria de la Fiscalía General vuelve a poner el foco sobre el recinto portuario de la Comunitat. El informe insiste en el problema de la entrada de drogas por los puertos españoles, especialmente el de Valencia, Algeciras y Barcelona y Valencia. Y pone el foco especialmente en el puerto valenciano.
Como subraya la Fiscalía, es el tercer recinto portuario de Europa en el número de incautaciones de cocaína. En 2023 se intervinieron 12.523 kilos ocultos en 39 contenedores, 23 de ellos procedente de Ecuador, la principal 'línea caliente' del narcotráfico en la Comunitat Valenciana.
A nivel nacional, la Fiscalía General alertado de la «proliferación escandalosa de narcolanchas» dedicadas a la introducción de hachís en la desembocadura del río Guadalquivir y la costa de Cádiz, lo que vincula con la «menor presión policial tras el desmantelamiento de OCON-Sur», la unidad antidroga de la Guardia Civil para el Campo de Gibraltar a la que puso fin el Ministerio del Interior.
«La realidad que constata la Fiscal coordinadora de Andalucía es que el alza en las cantidades intervenidas no ha supuesto un aumento de investigaciones dado que en muchos casos las intervenciones no han dado lugar a detenciones ni se ha logrado identificar a la organización detrás del envío incautado», señala el informe de la Fiscalía General del Estado.
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