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El presunto asesino de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas ya tiene sentencia firme por narcotráfico. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años y tres meses de cárcel que le impuso la Audiencia Provincial de Navarra por trasladar un alijo de cocaína desde Valencia a Pamplona.
Tras ser detenido por la Policía Foral en una vivienda de Pamplona, junto a otros tres traficantes, el delincuente colombiano Jorge Ignacio P. J., afincado entonces en Gandia, ingresó en la cárcel en octubre de 2017 y fue juzgado y condenado un año después por la Audiencia Provincial de Navarra.
El narcotraficante salió de prisión en 2018 después de recurrir la sentencia y se encontraba en libertad provisional cuando mató, presuntamente, a las tres jóvenes en Valencia y Manuel. Jorge Ignacio P. contactó con otro narcotraficante colombiano, cuya identidad responde a las iniciales R. V. O., para suministrarle cocaína de gran pureza que luego iba a adulterar este último en un laboratorio de droga en la localidad navarra de Orkoien.
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Durante el juicio, el presunto homicida admitió que la droga aprehendida en el piso era suya. Además, los mensajes de móvil que envió y el resto de comunicaciones que entabló con otro de las narcotraficantes probarobn su participación en el traslado de un paquete con 300 gramos de cocaína, un alijo valorado en 15.000 euros aproximadamente.
La abogada que defendió a Jorge Ignacio P. pidió al tribunal que le aplicara la atenuante de toxicomanía, con lo que hubiera conseguido una rebaja de su condena de prisión, y para ello aportó un documento de un centro de tratamiento de conductas adictivas de Valencia, pero los magistrados no tuvieron en cuenta la solicitud de la letrada al considerar que no había afectación de las facultades del acusado en el momento que ocurrieron los hechos delictivos.
La Policía Foral también arrestó en aquella operación a un hombre que ahora tiene 54 años, J. F. S. M., con domicilio en Valencia en 2017, que trasladó el alijo de cocaína, junto con Jorge Ignacio P. J., desde Valencia a Pamplona, según las investigaciones. Los agentes antidroga interceptaron el envío de cocaína cuando estaban siguiendo la pista de un narcotraficante colombiano, con domicilio en Pamplona, que suministraba droga a locales de alterne en esta provincia.
Este individuo, que fue condenado en la misma causa a cuatro años de cárcel, contactaba con otros narcos de Madrid y Valencia para que le suministraran cocaína. Jorge Ignacio era uno de ellos y por ello en octubre de 2017 acudió con su coche a Navarra con el alijo de droga que iba a comprar su compatriota.
Tras obtener la libertad provisional en 2018, Jorge Ignacio P. regresó a Valencia y la Guardia Civil sospecha que volvió a traficar con cocaína, motivo por el cual su nombre no figuraba en los contratos de alquiler de las dos casas donde residía en Manuel y l'Olleria.
Otro indicio de que podría haber reanudado sus actividades ilícitas fue su acción de mentir a la Policía Local cuando facilitó la dirección de su antiguo domicilio en Gandia, concretamente la plaza del Ejército Español, al ser identificado en abril de 2019 en un control policial en la calle de San Pío V de Valencia.
La Policía Local reconoció e identificó a Jorge Ignacio P. como el último cliente de Arliene Ramos, una prostituta brasileña que murió en marzo de 2019 tras consumir cocaína y sufrir convulsiones, al ver su rostro en un vídeo grabado en una casa de citas de Ruzafa. El delincuente, que llevaba tres teléfonos móviles y 7.000 euros en efectivo, no fue arrestado en ese momento al no tener ninguna orden de detención.
Lady Marcea fue la segunda víctima. La joven colombiana fue encontrada muerta el 15 de junio de 2019 en el piso donde se prostituía en la zona de la avenida de la Plata en Valencia. El ADN hallado en un preservativo y el análisis del móvil de la víctima posibilitaron la identificación de Jorge Ignacio P. como presunto autor de la muerte de esta mujer al introducirle, presuntamente, cocaína en sus genitales sin su consentimiento.
Los investigadores de la Guardia Civil creen que la primera víctima y Marta Calvo murieron también de la misma forma, por intoxicación de cocaína de gran pureza, durante sendas citas sexuales en Valencia y Manuel.
La Fiscalía de Valencia pide para el acusado una condena de 130 años de prisión, una de las mayores penas conjuntas solicitadas en la historia de la justicia valenciana en un caso penal. Los abogados que representan a los familiares de las tres víctimas mortales solicitan prisión permanente revisable, la máxima condena privativa de libertad en España. El juicio se celebrará entre los días 13 de junio y 15 de julio, ambos incluidos, en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La defensa del presunto asesino en serie pedirá la libre absolución de su representado, aunque en el caso de que fuera condenado solicitará «la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de toxicomanía», según el escrito que presentó en el juzgado la letrada que ejerce la defensa.
Jorge Ignacio P. está acusado de una treintena de delitos como presunto autor de la muerte de tres mujeres y de las intoxicaciones con cocaína y delitos contra la indemnidad sexual de otras ocho víctimas. Estas jóvenes sobrevivieron a la práctica sexual conocida como fiesta blanca (sexo con cocaína), un peligroso hábito del narcotraficante procesado, quien introducía la droga en los genitales de las mujeres sin que ellas dieran su consentimiento.
Los encuentros sexuales con las 11 víctimas se produjeron en un periodo inferior a un año y medio, entre el verano de 2018 y el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que murió Marta Calvo en la localidad de Manuel. El cadáver de la joven aún no ha sido localizado pese a los operativos de búsqueda que ha realizado la Guardia Civil en la macrovertedero de Dos Aguas y otros lugares.
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