La telaraña que envolvió a Florina

Tras meses de investigación, seguimientos, escuchas telefónicas y una costosa colaboración internacional, la Policía Nacional dio por desmantelada, a finales de 2019, la mafia de prostitución que supuestamente explotaba a mujeres junto a la Pista de Silla. Arrestaron a 16 miembros de la trama (finalmente fueron 30 los investigados), la mayoría rumanos, e identificaron a 17 víctimas. Una de ellas era Florina Gogos, 'Flori', la joven de 18 años que el pasado 30 de enero apareció asesinada en una acequia de Silla tras su desaparición el día 8 del mismo mes, caso que actualmente está en manos de la Guardia Civil.

Sin embargo, esta investigación ha acabado en carpetazo por parte un juzgado de Alzira. En un auto fechado justo cuatro días después de la desaparición de Florina, el juez explica que una de las denunciantes, supuesta víctima y testigo protegido, había huido y ya no se encontraba en España. Además, «las posibles víctimas o no han podido ser localizadas o, si lo han sido y han declarado, han negado los hechos investigados».

Admite el juez que, si bien «inicialmente existieron serios indicios de la posible comisión de los delitos, estos han decaído a lo largo de la instrucción». Y por todo ello ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y ha levantado todas las medidas cautelares que había sobre los 30 investigados. Los que estaban en prisión, ya están en la calle.

La operación policial requirió la colaboración de Europol y, con mucho esfuerzo, se constató la presencia de la organización en Alzira y la localidad alemana de Saarbrücken, donde también residió Florina antes de su traslado a Valencia.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada ante la Policía Nacional por una de las supuestas víctimas, la testigo protegido, en Valladolid. Decía haber sido captada y explotada sexualmente por una organización compuesta mayoritariamente por ciudadanos rumanos.

Según los investigadores, «el clan investigado tuvo que abandonar la ciudad alemana después de duros enfrentamientos con otra organización criminal rival». Al final todos los miembros de la organización «se asentaron en Valencia, donde ya estaban residiendo los líderes».

Según se desprende del trabajo policial, los explotadores captaban en Rumanía a mujeres necesitadas o jóvenes de familias desestructuradas. Su supuesta trampa era el método conocido como 'lover boy' en la que las víctimas se enamoran de un hombre que les promete un futuro mejor para luego aprovecharse de ellas. Detectaron que los sospechosos se aprovechaban de la confianza que nacía de relaciones familiares o amistad con las jóvenes en sus pueblos.

Así describió la policía el infierno que padecían las mujeres: «Eran desposeídas de su documentación, sufrían agresiones y vejaciones y eran obligadas a ejercer la prostitución en la Pista de Silla». Además, «miembros de la organización criminal las controlaban y vigilaban estrictamente».

Ellos, averiguó la policía, se encargaban de buscar clientes y acordar el precio de los servicios sexuales, con un «importante beneficio económico». El operativo finalizó con cinco registros en Valencia. Cuatro fueron en Alzira, donde residía Florina, y uno en Tavernes de la Valldigna. Arrestaron a los supuestos explotadores o controladores, entre ellos cinco cabecillas que ingresaron en prisión, e identificaron a 17 víctimas de trata y explotación.

Además, se incautaron de 8.000 euros en efectivo, joyas, tres lujosos vehículos, seis armas blancas, marihuana y cartas de identidad de las víctimas. Les imputaron delitos de trata de seres humanos, explotación sexual, pertenencia a organización criminal, lesiones y amenazas.

Cuando el juez de Alzira decretó el archivo de la causa eran 30 los investigados. Además de levantar todas las medidas cautelares sobre los sospechosos, se ha ordenado que se les devuelvan los pasaportes y efectos. Ahora, tras el crimen de Florina, la Guardia Civil se ha interesado por el trabajo de la Policía Nacional pues podría ser muy relevante.

Una mayor protección y un apoyo social, residencial o económico similar al que reciben las víctimas de violencia de género. Es lo que reclaman policías especializados en la lucha contra las mafias de prostitución para evitar que investigaciones tan costosas como la de la red de la Pista de Silla caiga en saco roto «precisamente por el yugo de los explotadores». Por «el miedo o amenazas que al final empujan a las chicas a no declarar» en sede judicial, a no ratificarse a pesar de haber confesado previamente su martirio y penosa situación ante policías.

«Sin una mayor protección que les haga sentirse seguras para dar el paso es difícil que corroboren sus denuncias», estiman. Los agentes consultados, que prefieren el anonimato por la naturaleza de su trabajo, consideran «vital» que la justicia valore el miedo de las víctimas a la hora de declarar y otorgue «un mayor peso al resto de pruebas policiales», ya sean escuchas, documentos o seguimientos, «que sí incriminan con fuerza a los responsables» de la esclavitud sexual de jóvenes rumanas.

Mientras, colectivos feministas de pueblos próximos a la Pista de Silla han fundado la plataforma Dones V31 «para acabar con la explotación de mujeres», explica Elvira Catalán, presidenta de la Casa de la Dona de Silla. Plantean a la Delegación del Gobierno, «no sólo que despliegue todos los dispositivos necesarios para liberar a las mujeres», como ya ocurrió con la archivada investigación policial. Urgen también «una ley abolicionista que criminalice al putero. Si no hay negocio no habrá trata».