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J. Martínez
Miércoles, 4 de octubre 2023, 17:06
El incendio forestal que provocó la brigada municipal de Villanueva de Viver cuando limpiaba una senda arrasó un total de 4.723 hectáreas, la mayoría de ellas de arbolado, en siete municipios de la provincias de Castellón y Teruel, según el informe realizado por la Unidad Técnica de Análisis y Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat.
Según el desglose de la superficie quemada, un total de 3.868 hectáreas de masa forestal y terreno agrícola ardieron en Villanueva de Viver, Puebla de Arenoso, Montanejos, Montán y Fuente la Reina durante los 20 días que permaneció activo el fuego.
Del total de la superficie quemada en la provincia de Castellón, 2.832 hectáreas corresponden a arbolado, 767 hectáreas son de monte bajo, 158 de zona de cultivos y 110 de «terreno no agrícola», según la valoración de los técnicos de la Generalitat. En la provincia de Teruel, el fuego afectó a 854 hectáreas en los términos municipales de Olba y San Agustín.
El incendio se inició a las 12:38 horas del pasado 23 de marzo, y durante los ocho primeros días movilizó a un total de 500 medios terrestres y 23 aviones y helicópteros. Los bomberos de la Generalitat y la Diputación de Castellón se emplearon a fondo para tratar de impedir el avance de las llamas en la comarca del Alto Mijares, aunque no pudieron evitar que el fuego destruyera seis casas y un vehículo en la aldea La García del municipio turolense de San Agustín.
Los costes de la extinción del fuego superaron los dos millones de euros en gastos de medios personales y materiales. La jueza de Segorbe que dirige la investigación sobre las causas del incendio ya ha recibido las facturas desglosadas de la Diputación de Castellón y la Generalitat, los dos entes públicos de los que dependen la mayoría de los efectivos que lucharon contra las llamas las dos últimas semanas de marzo. Sólo la valoración de gastos de estas dos instituciones asciende a 1,7 millones de euros.
Fueron días de intensa lucha contra el fuego en los que se vivieron momentos de tensión y nerviosismo cuando cerca de 1.800 vecinos de ocho municipios tuvieron que abandonar sus casas por la cercanía de las llamas.
Los bomberos y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvieron que enfrentarse también a las condiciones y alertas meteorológicas, ya que el fuerte viento de poniente y las altas temperaturas que se registraron aquellos días de marzo avivaron el fuego en zonas escarpadas de difícil acceso.
Los especialistas de la UME y los bomberos emplearon fuego técnico, volaron drones y utilizaron cámaras térmicas para proporcionar información a la dirección de la extinción del incendio.
Según el informe de la Unidad Técnica de Análisis y Prevención de Incendios Forestales, los municipios con mayor superficie afectada son Puebla de Arenoso y Montanejos con 1.633 y 1.093 hectáreas quemadas, respectivamente. El fuego arrasó otras 768 hectáreas de monte y terreno agrícola en Montán, 239 en Fuente la Reina y 133 en Villanueva de Viver.
Los trabajos de limpieza de una senda, concretamente las chispas de una máquina desbrozadora, provocaron el incendio forestal junto al ribazo de un campo abandonado en el término de Villanueva de Viver, según las investigaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Segorbe.
Antes de llamar al 112, los cuatro brigadistas municipales intentaron sofocar el fuego con un extintor y una máquina pulverizadora de agua, pero las llamas se propagaron con rapidez. Uno de los trabajadores también telefoneó al Ayuntamiento de Villanueva de Viver para que informaran del grave incidente a la alcaldesa de la localidad.
Según el protocolo establecido para la limpieza de senderos y trabajos forestales para prevenir incendios, el brigadista que utiliza la desbrozadora debe actuar siempre con el apoyo de un operario controlador, un compañero que lleva un extintor o una mochila pulverizadora de agua para sofocar las llamas de inmediato en el caso de que las chispas provoquen un fuego.
Las investigaciones del Seprona indican que los trabajadores municipales incumplieron el protocolo o actuaron de forma negligente cuando realizaron los trabajos de desbrozo. La Guardia Civil atribuye a los cuatro brigadistas un delito contra la seguridad colectiva en su modalidad de incendio forestal.
Los agentes del Seprona intervinieron la mochila pulverizadora de agua, que estaba vacía, y el extintor, que tampoco tenía polvo, por lo que todo parece indicar que los trabajadores utilizaron estos medios de extinción en los primeros momentos que atacaron las llamas.
Como los cuatro brigadistas se acogieron a su derecho a no declarar, los investigadores de la Guardia Civil desconocen si los dos operarios controladores (que llevaban la mochila pulverizadora y el extintor) estaban preparados y cerca de los otros dos trabajadores que utilizaban las dos máquinas desbrozadoras.
La jueza de Segorbe ya ha tomado declaración a los cuatro brigadistas tras valorar el informe del Seprona sobre la presunta imprudencia que habrían cometido los trabajadores municipales.
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