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Alicante
Miércoles, 30 de octubre 2019, 11:48
El grupo empresarial de la familia del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala valían entre 120 y 150 millones de euros cuando, en diciembre de 2016, mataron de dos tiros a su viuda, María del Carmen Martínez, en el lavadero del concesionario de coches de su yerno y único acusado, Miguel López.
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En la duodécima sesión del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia Provincial de Alicante contra López por el crimen, así lo ha afirmado el albacea del testamento de la víctima y amigo de la familia desde hacía 40 años, José Luis Albarracín, economista e inspector de Hacienda de profesión.
El albacea ha testificado a propuesta de la acusación particular, que ejerce el hijo primogénito de la víctima, Vicente Sala Martínez, que formaba uno de los dos «bloques» de la familia junto a su madre frente al que ejercían sus tres hermanas, entre ellas la esposa del único acusado.
Albarracín, a quien la víctima consultaba casi a diario y al que ésta definió en su diario personal como «amigo entrañable, asesor, consejero y confidente», ha relatado que María del Carmen Martínez disponía de la llamada «participación privilegiada» o «acción de oro», que le otorgaba un peso especial y la posibilidad de veto en las decisiones empresariales de la familia.
Y ha continuado que, siguiendo el expreso deseo de su difundo marido antes de morir un par de años antes de cáncer, María del Carmen Martínez tenía la intención de cambiar los estatutos de la empresa para, en caso de su muerte, que la «acción de oro» pasara a su hijo primogénito (que se encargaba diariamente de la principal empresa, la dedicada a los plásticos) con el fin de que sus hermanas no pudieran apartarle de las decisiones importantes desde el punto de vista económico.
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El albacea ha explicado a las seis mujeres y tres hombres del jurado que, para ello, tenía intención de modificar los estatutos y que la víctima guardaba un borrador de este futuro estatuto en sus cajones, los cuales un par de semanas antes del crimen fueron revueltos por desconocidos aunque ella le confesó a él que estaba convencida de que habían sido sus hijas.
Según su testimonio, los citados nuevos estatutos habrían sido planteados para su aprobación en enero de 2017 aunque finalmente no se hizo porque el asesinato de María del Carmen Martínez ocurrió el 9 de diciembre de 2016.
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El objetivo era «garantizar la estabilidad» de los negocios, de manera que todos los yernos continuaran en sus puestos (incluido Miguel López al frente del concesionario Novocar, con un sueldo de 100.000 euros anuales) y que las hijas mantuvieran su porcentaje en el capital social aunque sí se traspasaba la «acción de oro» en la gestión empresarial a favor de Vicente Sala Martínez.
Aunque esta 'acción de oro' no varía el reparto accionarial, tener el control de las empresas era importante porque podría determinar posibles subidas o bajadas de los sueldos de la familia y también si se repartía a cada uno de ellos más o menos porcentaje de los beneficios.
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Posteriormente al crimen, el primogénito ha comprado a sus tres hermanas sus acciones en la compañía de plásticos, Samar, por 20 millones de euros a cada una, y se ha puesto de manifiesto que el pago ha sido financiado por cuatro bancos y aplazado, de manera que ya se han desembolsado unos 54 millones de euros y quedan pendientes de abonar unos 2 millones a cada una de las tres hermanas.
El albacea también ha sido preguntado por un mensaje de Whatsapp del acusado a su esposa en el que le define a él como «un sinvergüenza asesorando a un tonto«, éste último en referencia a Vicente Sala hijo, y ha comentado que no le sorprende por »la personalidad« de López, de quien ha dicho que le consta que »tenía una gran capacidad de influencia« tanto en su mujer como en sus cuñadas.
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María del Carmen Martínez falleció desangrada en torno a las 19 horas del 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos disparos en la cabeza cuando fue a recoger un coche de su propiedad en el lavadero del concesionario que regentaba Miguel López.
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