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J. A. MARRAHÍ
Domingo, 6 de agosto 2017
valencia. Tres hombres han sido condenados por la Audiencia de Valencia por una cuantiosa estafa con más de 60 afectados y un importe superior a los 420.000 euros. Crearon una empresa en Paiporta y ofertaron a bajo precio motos de gran cilindrada. A los compradores, las víctimas, se les exigía dinero por adelantado, sin embargo jamás llegaron a recibir los vehículos por los que pagaron.
El fallo judicial de la Sección Quinta, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, estima que incurrieron en un delito continuado de estafa perpetrado con su oscuro negocio entre 2008 y 2009. Impone a Alfonso C. R., de 45 años, una pena de un año y nueve meses de cárcel. Para Jacobo M. V., de 40 años, el tribunal prevé la misma condena, mientras que Pablo P. S., de 42 años, merece 10 meses de prisión. No obstante, la Audiencia de Valencia les otorga la suspensión de la condena condicionada a dos circunstancias: que no cometan ningún delito en el plazo de cinco años y que cumplan a rajatabla con su responsabilidad civil, con la consiguiente devolución a los afectados del dinero que les corresponde.
Una cuarta implicada en la trama, Rocío B. S., de 45 años, ha quedado absuelta. La participación de la mujer, defendida por el letrado Nicolás Hellín, no tiene consecuencias penales. «Responderá únicamente a título lucrativo», es decir, únicamente es responsable civil.
El tribunal considera probado que Alfonso, en un acuerdo con Jacobo, se convirtió en administrador de la firma. Aprovechando el tener un establecimiento abierto al público y con credibilidad empresarial realizaron numerosas ventas de motos «defraudando a una gran cantidad de personas», recoge la sentencia. Para ello publicitaban las motos en diferentes portales y foros de internet y así conseguir mayores ventas, «aparentando una seriedad y solvencia comercial de la que carecían».
Los compradores, a la vista de los anuncios y precios ofertados por debajo de los de mercado, se ponían en contacto con la empresa para la adquisición de motos de importación marcas: Suzuki, Yamaha, Honda o Kawasaki... En los trámites, los estafadores exigían un primer pago de 1.000 euros en concepto de reserva. Cuando les decían que había llegado la moto, los clientes pagaban el resto en la cuenta que les indicaban. Mediante ingreso o transferencia pero también en la tienda y en mano a los implicados.
A cambio recibían una factura sin firmar con el cuño de la empresa. Constaba identificada la moto y un número de bastidor falso. «Pero luego los acusados iban dando largas». Que si faltaba documentación, que había que pasarla por aduana, que faltaba la ITV... Poco a poco desaparecieron. Dejaron de responder al teléfono y las víctimas jamás recibieron su moto.
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