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V. HERNÁNDEZ/J. MARTÍNEZ
Sábado, 16 de marzo 2019
Todas las miradas están puestas sobre el área de Servicios Sociales tanto de Rocafort como de Godella, debido a que la vida de la pareja y los menores se desarrollaba a caballo entre ambas localidades. Tres intervenciones de equipos municipales y policiales no evitaron el drama del asesinato de los niños.
Por este motivo, los alcaldes de Godella y Rocafort salieron este viernes a la palestra para explicar o, más bien, justificar la actuación de sus respectivas corporaciones. La primera edil de Godella, Eva Sanchis, tras guardar dos minutos de silencio frente al Consistorio, explicó que la primera vez que intervino los Servicios Sociales de Godella fue en febrero de 2016 «por un conflicto de convivencia vecinal».
Sin embargo, según Sanchis, tras realizar el seguimiento del caso, ese mismo año «se archivó el expediente porque la familia abandonó el municipio». Según la alcaldesa, el Ayuntamiento de Godella no volvió a tener conocimiento de esta familia hasta el pasado día 11 de marzo, cuando la madre de María G. M. alertó a la Policía Local de Godella.
La preocupación de Noemi por sus nietos, también por su propia hija, llegó a las 17 horas. Fue tras recibir un inquietante mensaje de móvil por parte de María: «Me voy a reunir con el Creador». La abuela alertó a la Policía Local de Godella y los agentes se presentaron en la casa ocupada.
La propia Noemi se presentó allí y mostró el mensaje a los policías. María salió con el bebé en brazos y también apareció en escena Gabriel. El compañero de la sospechosa explicó, según fuentes policiales, que madre e hija estaban enfrentadas y que ese mensaje debía responder a un intento de María por «picar» a su progenitora. La propia madre de los niños aseguró a los agentes estar bien y, en esta tesitura, la policía entendió que no podía hacer nada más y ahí quedó todo.
Según el Ayuntamiento de Godella, todo respondía a «un conflicto entre los padres y «los agentes determinaron que tanto los progenitores como los menores se encontraban «en buenas condiciones».
Siempre en la versión de este consistorio, el miércoles, 13 de marzo, el Teléfono del Menor contactó con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Godella para poner en conocimiento una información facilitada por la familia extensa (de nuevo la materna).
«Desde Servicios Sociales se estableció coordinación con el centro escolar de San Sebastián de Rocafort donde el hijo mayor estaba escolarizado, el centro de salud de Godella y la Policía Local de Godella, además de contactar telefónicamente con la familia extensa para ampliar la información y continuar con la intervención», añadió el ayuntamiento en un comunicado.
Ya el 14 de marzo, la Policía Local de Godella recibió una llamada de la Policía Local de Rocafort informando del altercado que derivó en el rastreo y fatal desenlace. Aunque la familia nunca ha figurado como empadronada en Godella, sí se tiene constancia de que estaba en trámite una solicitud de empadronamiento presentada por registro de entrada. Sin embargo, desde el Ayuntamiento insisten en que la familia nunca ha figurado como empadronada en Godella.
Por su parte, el alcalde de Rocafort, Víctor Jiménez, aseguró que no había expedientes abierto en Servicios Sociales sobre esta familia «aunque sí se estaba tramitando la actuación llevada a cabo el día 13 por la alerta del Teléfono del Menor». Respecto a la familia en cuestión, las únicas relaciones que constan en el Ayuntamiento son una petición de María, la madre de los pequeños, en abril de 2015 para cumplir una pena de trabajo en beneficio de la comunidad que había sido iniciada en otro municipio.
El 1 de diciembre de 2016, solicitó información a Servicios Sociales sobre ayudas de emergencia. «Se le ofreció esa información pero no consta que realizara ninguna solicitud». Ya el 9 de mayo de 2017, de nuevo solicitó información sobre cómo escolarizar a su hijo mayor. Se le ofreció y el niño fue matriculado en el CEIP San Sebastián.
María estaba inscrita en la Bolsa de Empleo Local y fue contratada como peón de limpieza viaria durante un periodo de tres meses, entre el 22 de diciembre de 2017 y el 21 de marzo de 2018, sin incidencia alguna en los servicios prestados.
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