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Reuters

El cargador universal, obligatorio para todos desde este fin de semana en España

El Gobierno traslada la directiva de la UE, que se aplica desde el 28 de diciembre, y elabora un documento con orientaciones para su puesta en práctica y la implantación general del USB de tipo C

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 28 de diciembre 2024, 07:48

El 28 de diciembre de 2024 entra en vigor la obligación de implantar en España el cargador universal. No es una inocentada. Es el plazo que se fijó en 2023 cuando se aprobó la Directiva 2022/2380, después de 10 años de intentos por parte de la Unión Europea para imponer este cargador de tipo USB-C en el ámbito de la electrónica de consumo. El Gobierno trasladó esa directiva y fijó esa fecha en el real decreto.

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Será el conector que permitirá cargar todo tipo de smartphones, tabletas electrónicas, ordenadores... de forma que reduzcamos el número de adaptadores de corriente que tenemos por casa. Es el que utilizan los android por defecto y tiene alguna excepción en su aplicación, ya que el plazo de adaptación por parte de los fabricantes para los portátiles se amplía hasta el 28 de abril de 2026.

Puedes leer el documento que publicó el BOE con las orientaciones para la interpretación de la Directiva relativa al cargador común.

Su navegador no admite iframes

Apple, la clara perjudicada

En Apple siempre se han mostrado contrarios a pasar por el aro de la UE, ya que utilizan un puerto de conexión exclusivo para sus dispositivos. Sin embargo, con la entrada en vigor de esta medida, no les quedó más remedio que sumarse al modelo universal a partir de 2025. «Obviamente tendremos que cumplir con las exigencias», reconoció Craig Federighi, vicepresidente de Ingeniería de Software de Apple, a 'The Wall Street Journal' hace unos meses. Dicho y hecho. Introdujo este sistema de carga en sus dispositivos desde el iPhone 15.

Según recoge el documento que publicó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la medida afecta a teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas, cámaras digitales, sistemas de navegación portátiles, altavoces portátiles, consolas de videojuegos portátiles, auriculares, teclados, ratones, lectores de libros electrónicos y ordenadores portátiles.

Más libertad para el consumidor

La nueva normativa también revolucionalos métodos de comercialización. Al acudir a cualquier tienda para cambiar de smartphone, por ejemplo, podremos decidir si adquirir el nuevo con o sin cargador. De este modo, si el fabricante de turno incluye un adaptador de corriente en la caja, se verá obligado a vender un empaquetado alternativo sin el mismo.

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Por el contrario, si el teléfono se comercializa exclusivamente sin cargador, el decreto obliga a indicarlo mediante un etiquetado visible y claro. Lo que nunca podrá faltar será el cable de carga del dispositivo, dada la tendencia de éstos a deteriorarse (o perderse).

El Ministerio no especifica si las versiones sin cargador de ciertos aparatos costarán más baratas, aunque la Unión Europea permanecerá alerta para evitar que se produzcan abusos por parte de las compañías. Con todo, la situación más plausible es que éstas oferten únicamente cajas sin cargador, fijando así precios únicos para los últimos modelos a la venta sin posibilidad de represalia por parte de Bruselas.

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Beneficios económicos y medioambientales

El empeño de la Unión Europea en un cargador para todo no es baladí: contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (responsables del cambio climático). Más concretamente, dejarán de emitirse 184 kilotoneladas de CO2 equivalente (ktCO2e) a nivel europeo y 20 ktCO2e en suelo nacional.

De igual modo se reducirá el empleo de hasta 2.606 toneladas anuales de materiales para la fabricación de adaptadores de corriente en Europa (276 toneladas en España), al tiempo que los residuos electrónicos merman en 980 y 104 toneladas anuales respectivamente.

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Esto último estaría directamente relacionado con unos consumidores que no necesitarán cambiar de cargador cada dos por tres, lo que supondrá un ahorro anual para los europeos de 246 millones de euros (26 millones de euros en nuestro país según lo estimado por el Ministerio).

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