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Antenas móviles. Pixabay

El Gobierno rastreará los móviles para controlar los movimientos de los ciudadanos durante el estado de alarma

El INE ya lo hizo en 2019 y ahora Sanidad también va a crear una APP para «entender los desplazamientos de población» y ver las «capacidades sanitarias en cada provincia»

EFE y LP.ES

MADRID | VALENCIA

Lunes, 30 de marzo 2020, 11:01

El BOE del 28 de marzo publicó una resolución que en la práctica permitirá al Gobierno rastrear los móviles de los ciudadanos durante el estado de alarma. El motivo expuesto es que se pretende «contar con información real sobre la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento».

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El texto pide «encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siguiendo el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística en su estudio de movilidad y a través del cruce de datos de los operadores móviles, de manera agregada y anonimizada, el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento.

En la ejecución de este estudio, se velará por el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y los criterios interpretativos dados por la Agencia Española de Protección de Datos.

El responsable del tratamiento será el Instituto Nacional de Estadística, que ya en el año 2019 estuvo autorizado para realizar este seguimiento para monitorizar los desplazamientos de la población durante cuatro fechas reseñables (20 de julio, 15 de agosto, 24 de noviembre y 25 de diciembre). Los encargados del tratamiento serán los operadores de comunicaciones electrónicas móviles, con los que se llegue a un acuerdo. El Instituto Nacional de Estadística, como responsable del tratamiento, autoriza a los operadores a recurrir a otros encargados en la ejecución de lo previsto en este apartado.

APP con información útil

El Ministerio de Sanidad también ha encargado una aplicación digital con servicios al ciudadano para luchar contra el COVID-19 que permitirá geolocalizar los móviles de los usuarios en los días previos y durante el estado de alarma para «entender los desplazamientos de población» y ver las «capacidades sanitarias en cada provincia».

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Según una orden publicada este fin de semana por el Boletín Oficial del Estado (BOE), Sanidad encomienda diferentes objetivos a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en virtud del real decreto del estado de alarma, para entre otras actividades remitir al Ministerio de Sanidad información de las comunidades autónomas, los centros hospitalarios públicos y determinados centros hospitalarios privados.

Concretamente, pide desarrollar software de recopilación de datos y desarrollar una aplicación informática de autoevaluación de síntomas médicos para el uso de los ciudadanos que permitirá la geolocalización del usuario «a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar«, según la orden.

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Sanidad especifica que esa aplicación puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información y servicios disponibles a través de Internet.

Lo dispuesto en esta orden se entiende sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y los criterios interpretativos dados por la Agencia Española de Protección de Datos.

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