
JOAQUÍN ANDREU
Domingo, 5 de septiembre 2010, 02:50
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La pequeña pedanía oriolana de Torremendo no ha podido encarar mejor las fiestas patronales que celebran estos días. La noticia de que una juez del Contencioso Administrativo de Alicante declara ilegal la ubicación del polémico vertedero del 'caso Brugal' en suelo de este núcleo rural ha caído como una tonelada de euforia sobre sus habitantes.
Ayer por la mañana, el salón social de Torremendo acogió una nutrida representación vecinal para conocer de primera mano las valoraciones de la asociación de vecinos que durante 18 años ha llevado una defensa numantina de sus tesis de que en la localidad no iban a acoger las basuras de la Vega Baja, desde antes incluso de que el Plan Zonal de la Diputación fuera una idea embrionaria.
Pero si las congratulaciones eran la nota dominante no lo fue menos la advertencia que desde la comisión vecinal lanzaron a la Diputación Provincial presidida por José Joaquín Ripoll, la principal valedora de ese documento y de que la empresa Cespa-Ortiz lo colocase allí, en vez de en Albatera, la primera de las opciones barajadas.
Dolores Andreu, una de las vecinas más involucradas con «la causa antivertedero» fue contundente. «Pensamos exigir y reclamar por todas las vías daños y perjuicios a la Diputación por todo lo que nos ha hecho pasar», explicó con la tranquilidad de quien se sabe que esa defensa a ultranza de sus ideales ha tardado en llegar, pero al final su esfuerzo ha servido.
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Andreu, que estuvo apoyada por otra componente de la plataforma, Lucía Páez, recordó que asimismo piensan pedir una revisión exhaustiva de todos los pormenores que rodean al Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, ya que para los ciudadanos «está más que bajo sospecha».
Los vecinos de la pedanía recordaron, no sin cierta emoción, que «son los días más felices de la pedanía» y que al final «la lucha del pequeño y débil contra el fuerte ha dado frutos». Tanto Andreu como Páez, dos de las cabezas visibles de la lucha, recordaron que cabe recurso contra la sentencia pero que les queda la satisfacción de que muchos de aquellos «que querían poner a todo un pueblo en el subdesarrollo y nos amenazaban han terminado en la cárcel o desfilando por los juzgados».
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En ese recopilatorio metieron desde el ex alcalde, Luis Fernando Cartagena, «que robó a unas monjas», a su sucesor, José Manuel Medina, y fueron agoreros al alertar a la actual primer edil y vicepresidenta de la Diputación, Mónica Lorente, de que puede salir «mal parada de este asunto, al igual que el presidente provincial, José Joaquín Ripoll». Para ambos la asociación exigió su dimisión por cómo han desarrollado el plan de residuos de la Vega Baja.
La juez sustituta del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante concluyó el pasado jueves, en una sentencia conocida el viernes, que el concurso para la adjudicación del vertedero que dará cobertura a la comarca de la Vega Baja debería haberse adjudicado según la oferta inicial de la empresa, que lo situaba en la localidad de Albatera. La ubicación se cambió durante la licitación, pero también después de la primera adjudicación. Fue esa operación la que destapó el 'caso Brugal', en el que está imputado el empresario de Orihuela Ángel Fenoll.
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