E. B.
Miércoles, 23 de febrero 2011, 01:17
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El Defensor del Pueblo ya ha recibido una veintena de reclamaciones procedentes de ciudadanos de la Comunitat Valenciana que se han visto afectados por la anulación de la ayuda estatal que ya tenían concedida por la compra de una vivienda usada. Según señalaron fuentes del Defensor, el proceso de todas estas reclamaciones está actualmente abierto y no se les ha remitido ningún caso desde el Síndic de Greuges, donde también están recurriendo los afectados.
La supresión de esta subvención estatal a la entrada del piso (podía ascender a los 11.000 euros) ha provocado malestar entre decenas de alicantinos, (son 800 en la Comunitat Valenciana) que no saben dónde tienen que reclamar una ayuda que ya tenían aprobada desde finales del pasado año.
Hay casos de jóvenes que decidieron adquirir una vivienda y que confiaban en recibir pronto la subvención para ir afrontando los gastos. El problema es que ninguna administración (estatal y autonómica) asume la responsabilidad y el Ministerio de Vivienda y la Conselleria se echan la culpa de la situación en la que han quedado estos propietarios. Desde el Gobierno se acusa a la Conselleria de Vivienda de haber excedido el cupo de beneficiarios que tenía asignado, por lo que 800 expedientes han sido devueltos a la Comunitat Valenciana. El Consell denuncia que el Ministerio ha decidido suprimir un acuerdo, lo que impide afrontar el pago a estos beneficiarios con el presupuesto que esperaba recibir en este ejercicio.
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