La Cigüeña concentró en la década de los 70 la mayoría de casos de 'niños robados'

La sombra de la compraventa de bebés se alarga durante varias décadas. Las sospechas se ciernen entre los años del franquismo y finales de los 80 en diferentes hospitales. Pero la eclosión de 'niños robados' en la Comunitat tiene una fecha y un lugar concretos: la clínica La Cigüena de Valencia (actual sede de la Conselleria de Bienestar Social) en los años 70. «Las sospechas que más se repiten proceden de ese hospital en esa época», explica Enrique Vila, el abogado de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). No es el único. También hay casos de otros centros como «La Fe, la Casa de la Salud, el General y el Clínico», enumera.

Sin embargo, el letrado prefiere hablar de personas concretas que formaban la trama, «no de instituciones religiosas ni hospitales», matiza. El número de médicos y matronas que pudieron estar involucrados en la red, según Vila, «resulta prácticamente imposible de calcular».

Lo que sí se sabe son las cantidades que los padres adoptivos abonaron por los niños sustraídos con la excusa de que habían fallecido. Aunque en la mayoría de casos las cifras oscilaban entre los 300 y los 1.500 euros (entre 50.000 y las 250.000 pesetas de la época), se alcanzaron sumas astronómicas. «Hubo parejas que llegaron a pagar un millón de pesetas (6.00 euros) o incluso más», asegura el abogado de Anadir, que aglutina a muchos de los afectados.

La conclusión que se extrae al manejar estos datos es clara. Las familias adoptivas debían de disfrutar de un alto poder adquisitivo. Vila confirma que muchas de ellas sí pero no todas. «Según nos cuentan diversos hijos robados, sus padres les confesaron que les costó mucho esfuerzo hacerse con el dinero que les pedían. En algunos casos, se tuvieron que endeudar para conseguir lo que más deseaban: un bebé».

Porque detrás de la mayoría de estas historias subyace el empeño de un matrimonio de tener niños y la desesperación de no poder concebirlos. «Los hijos no suelen tener rencor hacia sus padres 'falsos'. Consideran que, en cierto modo, también son víctimas de la trama porque a ellos les engañaban haciéndoles creer que la madre biológica no quería o no podía cuidarlos», manifiesta Vila.

La forma de pago para hacerse con uno de estos bebés era variable. Algunos médicos acordaban la entrega de una señal al médico unos meses antes del parto y el resto, tras dar a luz. «En otros casos incluso había donativos periódicos tras el alumbramiento», señala Vila.

Donaciones

Estas donaciones respondían, en ocasiones, a una muestra de agradecimiento. Gratitud porque con este procedimiento ilegal los padres conseguían la adopción de forma rápida y además no quedaba rastro de los padres biológicos. «El secretismo era muy importante en aquella época», señala Vila.

Y es que ahí radica una de las principales diferencias entre una adopción legal y una que no lo era. «En la partida de nacimiento de los procedimientos regulares figura que el bebé se dio en adopción y aparecen tanto los nombres biológicos como los adoptantes».

Uno de los motivos que hace saltar todas las alarmas a las personas que creen que fueron bebés robados es, precisamente, que en dicho documento aparecen sus progenitores adoptivos como biológicos. «Cuando los padres les confiesan que pagaron por ellos y en la partida no se refleja la adopción, empiezan a desconfiar», explica el jurista valenciano.

En el otro lado, las madres que ahora presienten que sus hijos, a los que daban por muertos al fiarse de la palabra del médico, pueden estar vivos. En la mayoría de casos no existe parte de defunción y a veces el bebé ni siquiera figura como enterrado en el cementerio. Los afectados también indican que los sanitarios no les dejaban verlos e insistían en que «se encargaban ellos mismos del entierro».

Ahora, cuando tratan de esclarecer sus dudas, impera el silencio. Por eso, la denuncia conjunta interpuesta ante la Fiscalía General del Estado el pasado 27 de enero supone una luz en medio del espinoso camino de estas familias. Ayer, fuentes de la Fiscalía de Madrid aseguraron a Efe que la intención es «llegar hasta el final».

Allí el Ministerio Público tiene abiertas un total de 84 diligencias sobre las denuncias de 'niños robados'. Para investigar estos casos se ha escogido a seis de los fiscales «más expertos» en este tipo de delitos.