A. RALLO
Viernes, 2 de marzo 2012, 10:24
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Juan Ignacio Blanco, más conocido por ser el criminólogo de las niñas de Alcàsser, es un habitual de los juzgados. Al menos, los de Valencia. Recientemente volvió a visitar la Ciudad de la Justicia y de nuevo por un asunto relacionado con uno de los triples homicidios más mediáticos en la crónica negra de las últimas décadas. Ahora, el delito por el que le acusa la Fiscalía es la revelación de secretos. Solicita dos años de cárcel y una multa de 3.240 euros.
Los hechos se produjeron durante los años 2005 y 2007, más de una década después de que se cometiera el crimen. En esos años, Juan Ignacio junto a otro acusado, Diego P., tenían un conocimiento exhaustivo del sumario que se abrió en Alzira por las muertes de las tres jóvenes. Hasta tal punto era así, que el criminólogo llegó a escribir un libro relacionado con el caso.
No obstante, no es el hecho anterior el que será enjuiciado. Se trata de las imágenes que se difundieron a través de una página web -a la que ya no se puede acceder, según comprobó ayer LAS PROVINCIAS- donde se colgaron fotografías de las autopsias y del levantamiento de los cadáveres, junto a otras que pertenecían a las menores y que también figuraban en el sumario.
Dirección electrónica
Todos los archivos, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, fueron subidos al sitio web desde distintos correos electrónicos. La mayoría de las conexiones IP pertenecían al acusado Diego P. quien accedía desde el domicilio de Valencia donde residía. Pero también se localizó otra IP que tenía su origen en el despacho profesional de una mujer. Se trata de una letrada que tuvo como clientes a los ahora acusados pero que, además, compartió lugar de trabajo con el criminólogo de las niñas de Alcàsser.
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La Fiscalía solicitó el sobreseimiento de las actuaciones respecto de esta letrada ya que entiende que ni tenía acceso a las partes del sumario que fueron publicadas en la web «ni relación directa con el mismo».
Además, el Ministerio Público pide que se indemnice con 12.000 euros a una de las madres de las niñas de Alcàsser por el daño moral causado con la difusión de ese contenido a través de internet.
Juan Ignacio Blanco se convirtió en un personaje muy conocido en España a raíz de la investigación del crimen. Sus polémicas declaraciones, en las que no dudaba en criticar a guardias civiles, forenses e incluso fiscales, le proporcionaron minutos de éxito en la televisión. Pero no le salió gratis. Recientemente Canal 9 tuvo que afrontar una indemnización cercana a los 400.000 euros para las víctimas de los ataques del criminólogo y el padre de una de las menores, Fernando García.
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De hecho, en aquel proceso, García también fue condenado a un año y cuatro meses de prisión por un delito continuado de calumnias con publicidad. El criminólogo, igualmente, debía hacer frente a 3.600 euros de multa por la misma sentencia. El impago de esta cantidad sí que le podía obligar a ingresar en prisión. Todavía no ha cumplido con esta obligación. Es más, ha solicitado un aplazamiento, según las fuentes consultadas.
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