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F. P. PUCHE
Jueves, 4 de octubre 2012, 02:35
Fue un desafío del sindicalismo a la sociedad y al Gobierno. Una gran prueba de fuerza del poder de los trabajadores organizados frente a las patronales del transporte sobre raíles, que comenzó en Cataluña pero se extendió como la pólvora por toda la red nacional. Y que hubo que conjurar mediante la militarización del servicio. El 3de octubre de 1912, la fuerza y organización del Ejército, sin necesidad de un solo disparo, tomó las riendas del transporte ferroviario y resolvió el conflicto. Pero, como se habría de ver con el tiempo, el otoño caliente de hace un siglo fue solo la primera de una larga serie de inquietudes sociales e intentos revolucionarios.
A mediados de septiembre de 1912, los periódicos comenzaron a publicar inquietantes noticias. El mundo ferroviario catalán, muy concienciado y bien organizado en sindicatos de clase de cuño socialista, había puesto sobre la mesa reivindicaciones que las empresas se resistían a aceptar. La más importante, la que no había forma de aceptar, era la disminución de la jornada a ocho horas, una cláusula que solo se podría satisfacer aumentando el número de trabajadores o pagando miles de horas extraordinarias.
La red española de ferrocarriles, de algo más de 3.000 kilómetros de longitud, estaba servida, hace un siglo, por unos 70.000 ferroviarios. Cinco grandes empresas privadas explotaban parcelas del territorio ferroviario por concesión estatal. Sus consejos de administración, y sus presidentes, solían ser influyentes personajes de la burguesía y la aristocracia, muy cercanos a la Corona, que simultaneaban la política y las altas finanzas. Ser senador vitalicio, haber sido presidente de las Cortes o ministro, llevaba aparejada una plaza en un consejo de administración ferroviario.
El 17 de septiembre, cuando el ministro de Fomento, señor Villanueva, recibió en su despacho a los representantes de la Unión Nacional Ferroviaria, probablemente ya tenía en los mesa los costes de las demandas sindicales: 70 millones de pesetas anuales, algo que los concesionarios no podían aceptar. Al mayor de ellos, la empresa Madrid-Zamora- Alicante (MZA) le suponía 25 millones; y a su colega, la Compañía del Norte, otros 24 millones. De modo que se aceptaron las reivindicaciones menores -premios a los revisores, pagos quincenales, pago por alquiler de domicilio, uso de dormitorios de la empresa, pago de uniformes y otras menudencias de los maleteros- pero no el elemento principal de la batalla, la jornada de ocho horas que articulaba la meta de todo el sindicalismo español.
El 25 de septiembre la huelga comenzó en Cataluña y se extendió como una traca por Madrid, Zaragoza y Alicante. En Valencia, se sumaron al paro los ferroviarios del Central de Aragón y los de la Compañía Norte. Siete mil ferroviarios pararon en toda España; se retrasaron o anularon muchos trenes, algo que distorsionó el correo oficial y privado, el reparto de prensa y mercancías y el normal regreso de vacaciones de toda la burguesía urbana que se disponía a comenzar el ciclo de otoño y el curso escolar.
LAS PROVINCIAS habló de alarma. A la distorsión de los transportes se unía el temor popular; porque el sindicalismo, entonces, iba muy aparejado a la violencia. El día 26 hubo que empezar a transportar el correo a Francia por barco de vapor desde Barcelona, mientras otro buque, el "Antonio Lázaro", llevaba soldados de Infantería desde Valencia a la Ciudad Condal, en previsión de incidentes. Desde Aranjuez y Madrid, al mismo tiempo, llevaron soldados para mantener el orden en Valencia.
La huelga general se votó el día 27 de septiembre en toda España. El escrutinio indicó que 65.409 ferroviarios la querían y 1.418, no. De modo que fue convocada, con carácter nacional, para el 9 de octubre. Con los plazos que la ley marcaba, pero sin servicios mínimos, pues tal detalle no estaba en las previsiones de hace un siglo.
El Gobierno liberal de Canalejas tuvo que actuar. Lo pedía una opinión pública atemorizada. Así, el 3 de octubre se publicó un decreto, firmado por el Rey, de movilización de soldados de Ferrocarriles reservistas. El día 5 de octubre, en todas las grandes ciudades, y desde luego en Valencia, hasta seis reemplazos de soldados que habían hecho el servicio militar en Ferrocarriles, fueron concentrados, para intervenir en la red.
Por fortuna, el mismo día 5, patronales y sindicatos hallaron soluciones, el Gobierno prometió redactar una ley adecuada y se desconvocó la huelga. En Valencia, en el teatro Escalante, una gran asamblea obrera puso fin al paro. Pero el ciclo de una España con crecientes problemas sociales estaba abierto.
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