
CARLOS LÓPEZ
Sábado, 16 de febrero 2013, 09:36
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El pleno del ayuntamiento celebrado ayer rechazó votar los tres puntos del orden del día, referidos a la eliminación del sueldo del alcalde y tres concejales del equipo de gobierno de Benitatxell, la apertura de un expediente disciplinario por presunta incompabilidad al secretario municipal y la retirada de las competencias a la junta de gobierno para devolverlas al pleno. El alcalde, Josep Femenia, permitió el debate, pero a la hora de la votación impidó hacerlo en base a los informes jurídicos que encargó, en los que se confirmaba que, entre otras cosas, debe «rechazar el debate y la votación de propuestas que invaden sus atribuciones».
Ante un nutrido público, la sesión, que había sido convocada de forma extraordinaria a petición de los cuatro concejales del PP y el edil del Pideb, empezó con el estreno de un sistema de megafonía y concluyó con toda la oposición municipal (PP, Pideb y los cuatro exediles del equipo de gobierno) indignada con el alcalde por el cierre recipitado de la sesión. La tensión se elevó por momentos y Femenia se retiró del salón del plenos, completamente solo, prueba de la soledad en la que gobierna.
La portavoz del PP, Nieves García, leyó la primera de las mociones, que pretendía la apertura de un expediente disciplinario al secretario municipal, Jesús Ángel Castro. Según la popular, el funcionario municipal ejerce de secretario también en la Mancomunitat de la Vall del Pop y, por ello, dijo, «vulnera «flagrantemente la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración».
A este respecto, el aludido esgrimió un informe elaborado el abogado Ximo Tur, en el que se señala que la situación del secretario es «sobrevenida» y «continúa en el cargo en la Mancomunitat por no haberse sustituido su cargo debido a causas ajenas al propio funcionario».
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Y concluye que «no se aprecia grado de culpabilidad administrativa, más bien, una conducta al servicio de los intereses generales del Consorcio en posibilitar su funcionamiento».
Asimismo, asegura el documento que «el secretario ha formulado denuncias contra una de las personas que firma» la solicitud del expediente «por haber presuntamente falsificado su firma en más de quince de documentos», con lo que se podría «incurrir en una alguna causa de abstención». En concreto, una de esas causas «es tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado o tener enemistad manifiesta».
Competencia del Consell
Respecto a la apertura del expediente disciplinario, concluye el informe judicial, que la administración competente para incoarlo, es la Generalitat Valenciana, debido a que el funcionario tiene el carácter de habilitado estatal.
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El secretario recibió el apoyo del presidente de la Mancomunitat de la Vall del Pop y que leyó el primer edil de Benitatxell. «Ante las noticias aparecidas en LAS PROVINCIAS referentes a la apertura de un expediente al secretario por presunta incompatibilidad, la mayoría absoluta y legal de la Mancomunitat respalda de forma unánime la labor de este funcionario».
En la misiva se indica que las labores del funcionario en el consorcio «no causan ningún perjuicio a Benitatxell», además, «tenemos una visión de colaboración comarcal y en un futuro podría participar también el Poble Nou».
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No obstante, para que no quedara ninguna duda, tras estos informes, el secretario afirmó que se pedirá a la Generalitat un análisis de la situación. Además subrayó que «no me va amedrentar» afirmó que «hay miedo de que se sepa la verdad» y sentenció «no me va a temblar el pulso a la hora de luchar contra la corrupción».
Tras este alegato, Femenia concluyó el debate del punto sin someterlo a votación. Ante esto, la portavoz popular aseguró que «los mismos informes que te hacen a tí (en referenca al alcalde) los tengo yo en otro sentido».
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Esta situación provocó un enfretameinto dialéctico y el edil Jorge Pascual reclamó que se votara la propuesta. Se votó «de forma voluntaria» y nueve ediles solicitaron la apertura del expediente, sin embargo, no se tomó en consideración ya que el alcalde no lo aceptó.
Al finalizar la sesión plenaria, la portavoz popular anunció que consultarán a los servicios jurídicos por si procede llevar el asunto a los tribunales.
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