La juez dictamina que el triple crimen de Alcàsser prescribirá a partir de 2029

Los crímenes de las niñas de Alcàsser no han prescrito. La juez de instrucción número 6 de Alzira, Elisa Fort, dictó ayer un auto en el que rechaza la extinción de la responsabilidad penal del prófugo Antonio Anglés por el secuestro, violación y asesinato de Míriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández en noviembre de 1992. Aunque han transcurrido ya más de 20 años del triple crimen -el plazo que aplica el Código Penal para la prescripción de estos delitos-, la magistrada considera que la fecha para empezar a computar el tiempo debe fijarse en el día que concluyeron las últimas diligencias de investigación del caso.

Así, el 14 de diciembre de 2009 finalizó la intervención del teléfono y el correo electrónico de la hermana de Antonio Anglés, Kelly Anglés, unas pesquisas que se autorizaron con el fin de localizar al primero, declarado en rebeldía y en paradero desconocido. Estas diligencias, restrictivas de derechos fundamentales, «gozan de las características exigidas jurisprudencialmente para asociarles el valor interruptivo de la prescripción», según un informe del fiscal Javier Roda.

Era la segunda vez que el juzgado de Alzira acordaba unas escuchas telefónicas a la hermana de Anglés -la primera vez fue el 8 de septiembre de 1994- sin que las grabaciones arrojaran luz sobre las investigaciones. Además, la policía también realizó averiguaciones sobre las actividades económicas y relaciones personales de Kelly Anglés. La última investigación, que resultó infructuosa, se inició el 25 de septiembre de 2009 y finalizó el 14 de diciembre de ese año.

En la resolución, contra la que cabe recurso, la juez Elisa Fort señala que el plazo prescriptivo de 20 años fue interrumpido por todas las diligencias relevantes, por lo que la responsabilidad criminal se extinguirá a partir de 2029 en el caso de que no se vuelva a paralizar -el tiempo señalado por el Código Penal- por otras escuchas telefónicas o una nueva línea de investigación, según informaron fuentes jurídicas.

El fiscal jefe del área de Alzira, Javier Roda, y la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en el caso Alcàsser, propusieron la misma fecha de prescripción de los asesinatos después de que el juzgado solicitara a todas las partes que se pronunciaran.

El único procesado por los brutales crímenes, Miguel Ricart, fue condenado a 170 años de prisión -en sentencia del 5 de septiembre de 1997-, mientras que Anglés logró huir del cerco policial y los investigadores creen que murió ahogado al saltar al mar en Irlanda cuando viajaba como polizón en un buque.