José María Magán: «Me he rendido. Me hacen callar»

El juez José María Magán (Barcelona, 1974) sigue indignado. La persecución que ha sufrido por parte de la Generalitat catalana al denunciar su intento de imponer el catalán frente a otras lenguas le ha obligado a pedir el traslado a Alicante. «No me arrepiento de nada», asegura tajante.

No se retracta ni siquiera de las expresiones que le han supuesto tres sanciones, por un total de 6.000 euros, de parte del Poder Judicial. «Las cosas las digo tal y como son», apostilla sin margen para la duda. Respecto a las multas, ataja la cuestión de inmediato. «Yo todavía no he pagado nada. Tengo recurridas las sanciones y aguardo la decisión del Tribunal Supremo». Pese a todo se muestra confiado en que finalmente la Justicia respaldará su actitud.

Alguna de las perlas que ha deslizado en sus sentencias al frente del juzgado de lo Contencioso número 1 de Lleida ha motivado quejas de la consellera catalana. Por citar una de las más destacadas: «Se puede decir más alto pero no más claro: punto y final a la imposición de la lengua catalana como exclusiva y excluyente». Ahí queda eso. En cambio, para el magistrado no supone nada extraordinario. «Aquí no están acostumbrados a que les digas que así no se pueden hacer las cosas».

No obstante, admite cierto aire de amargura al verse obligado a poner la rodilla en tierra frente al poder establecido. La prueba más evidente es el haber solicitado el traslado a Alicante. «Allí será todo mucho más tranquilo. Esta situación me ha supuesto un coste enorme». Incluso de sus propios compañeros, llega a denunciar. Y sí, con resignación, reconoce lo obvio: «En parte me he rendido. Me han hecho callar». Él, acostumbrado a correr medias maratones, no ha podido con el 'muro' del Gobierno de Artur Mas.

En un mes podría estar haciendo las maletas para su nuevo destino: el juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante. Sería el siguiente paso de un periplo judicial que le ha llevado a recorrer buena parte de los juzgados de la provincia de Albacete, Requena (2001-2002) y la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. «Puse más de 300 sentencias», presume. Es profesor, además, de la Universidad de Castilla-La Mancha.

«El CGPJ no nos defiende»

Magán insiste una y otra vez en que lo único que ha hecho es aplicar la ley. Y de ahí no se mueve. «A mí me mandaron allí», dice en referencia al juzgado de lo Contencioso de Lleida. «Y tenía que defender al ciudadano frente a la Administración». Eso es lo que sostiene que ha hecho al anular numerosas multas de Tráfico. «Ellos siempre remiten las sanciones en catalán y no respetan a las otras comunidades». Entre ellas, la valenciana. Recuerda de nuevo la doctrina del Constitucional de no dar preferencia al catalán por encima del castellano.

La postura de este magistrado llama más la atención al haber nacido en Barcelona y dominar la lengua perfectamente. No duda en cambiar de idioma a mitad de conversación telefónica para demostrarlo.

Es muy enemigo de desvelar su ideología. Y mucho menos de apuntar su 'color' dentro de la carrera. «Que no, que no. No pertenezco a ninguna asociación judicial, y soy defensor de que los jueces actúen con independencia». Cataluña ha sido para él lugar de paso. «Bueno, en realidad lo es para el 80% de los jueces», se consuela. No obstante, son pocos los que terminan «hostigados» por el poder político y sancionado por sus compañeros. «Mira, el Poder Judicial no defiende a los jueces». Esta crítica no es exclusiva. Encuentra acomodo en otros compañeros. «Las sanciones se cuecen en los TSJ».

José María recela de dar detalles de su vida privada. No desvela si está casado o tiene hijos y el apoyo que recibe de ellos en su actual situación de inminente nuevo destino. Asegura que los compañeros le han trasladado su respaldo, aunque siempre en el ámbito privado.

Aficionado al cine -llegó a organizar el I Ciclo de Cine Jurídico en Cuenca- nunca pudo imaginar cómo terminaría la peor película de su vida. Su trabajo al frente del juzgado de Lleida.