Alumnos de Primaria y ESO de los centros concertados tendrán becas de comedor

La Conselleria de Educación ya tiene listo el cambio normativo que permitirá que los alumnos de los centros concertados de la Comunitat puedan optar, el curso que viene, a las ayudas de la administración autonómica para sufragar los gastos del comedor escolar. De esta forma, se cumple la promesa que lanzó la titular del departamento, María José Català, en el aula LAS PROVINCIAS celebrada a finales de marzo, con el argumento de que la medida facilitará la libertad de elección pues supone igualar las opciones de acceso a las subvenciones independientemente de la titularidad del colegio. También aseguró que no supondría una pérdida de derechos de los estudiantes de la red pública -los únicos que actualmente se pueden beneficiar-, pues la intención era ampliar la partida presupuestaria destinada a tal fin.

Aunque será la primera vez que el Consell ofrezca esta posibilidad, existen municipios que ya disponen de convocatorias en este sentido, como sucede con el Ayuntamiento de Valencia, que sufraga el servicio a familias de concertados con rentas bajas o derivados de los servicios sociales. Además, es un sistema que también se aplica en otras comunidades autónomas.

El cambio normativo se tratará en las mesas de padres y de alumnos convocadas para hoy en la sede de la avenida de Campanar, pues figura en el orden del día remitido a las tres confederaciones de Ampas representadas (Gonzalo Anaya, Covapa y Concapa-cv), así como a la Federación Valenciana de Estudiantes (Faavem). Según las fuentes de las asociaciones de padres consultadas, se modificará la orden 46/2010 que actualmente regula la concesión de las ayudas para incluir a los centros privados concertados en el apartado donde se detalla el ámbito de aplicación. En su redacción actual, dice que podrán optar los estudiantes del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria «de los centros de titularidad de la Generalitat», es decir, los públicos.

Aunque la normativa vigente permite que los alumnos de la ESO escolarizados en la red pública accedan a las becas, en la práctica existe una limitación estructural, pues son pocos los Institutos de Educación Secundaria (IES) que incluyen este servicio, que no debe confundirse con las cafeterías o cantinas.

La situación es distinta en los concertados, pues son centros más grandes que suelen tener aulas de todas las etapas obligatorias (incluso de Bachillerato) y que también ofrecen el comedor como prestación complementaria para las familias. En otras palabras, el cambio podría implicar que hayan más alumnos de la ESO beneficiados en los centros concertados que en los públicos. Ayer mismo, desde la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres (Covapa) alertaban de que esta situación puede ser lesiva para los intereses de las familias de Alicante, al argumentar que en la provincia no hay IES con comedor, algo que sí sucede, aunque con cuentagotas, en Valencia y Castellón.

La propuesta de modificación de la orden también incluye una justificación de la medida. Se dice que las becas tienen como finalidad «compensar posibles carencias de tipo económico, familiar o social», por lo que la «realidad socio-económica» aconseja ampliar el ámbito de aplicación de las mismas.

También se asegura que los criterios de distribución se mantendrán vigentes, por lo que el reparto del dinero que finalmente se presupueste dependerá de la renta familiar. Por ejemplo, este curso han recibido el 100% de la subvención alrededor de 20.000 escolares, una cuantía que ascendió a 3,94 euros por día y que se destinó a padres con niveles de renta especialmente bajos. Por otro lado, en la inmensa mayoría de los casos (60.000) la ayuda ha cubierto el 75% del importe citado.

Abrir esta posibilidad implica aceptar una antigua aspiración de las entidades más representativas del sector privado concertado, desde patronales hasta Ampas. Ayer, Julia Llopis, la presidenta de la Confederación Católica de Padres de la Comunitat (Concapa-cv), destacó que se trata de una «reivindicación histórica» del colectivo y añadió que en los centros sostenidos con el concierto también hay familias con pocos recursos. «Deben existir los mismos derechos para unos y para otros, tal y como sucede con las becas de libros, siempre que se cumplan parámetros de renta similares», dijo.

Desde la Federación Católica de Ampas de Valencia (Fcapa) felicitaron a Educación por «dar pasos muy serios en la línea de proteger los derechos de los padres», pues a su juicio se corrige «una discriminación». La entidad impulsó en el pasado cuatro contenciosos en este sentido, aunque los tribunales no aceptaron el planteamiento de que las familias, independientemente del centro, «tenían el mismo derecho de acceso» a las ayudas, ya fueran de comedor o transporte, como señaló el vicepresidente, Vicente Morro.

Más reticente se mostró Ramón López, presidente de Covapa, quien recordó un planteamiento ya manifestado con anterioridad. A su juicio, sería de más ayuda para las familias de los concertados que, al igual que sucede en los públicos, la conselleria articulara algún mecanismo legal para fijar un precio máximo del menú (4,25 euros), lo que supondría un ahorro considerable.