La dependencia perderá 10.000 puestos de trabajo si no cobra la deuda de la Generalitat

Unos 20.000 dependientes podrían quedarse sin asistencia dentro de dos meses. Así de contundentes se mostraron ayer desde el sector en la protesta que tuvo lugar frente a la conselleria de Hacienda y al Palau de la Generalitat. En estos momentos les deben alrededor de 150 millones (entre entidades y ayudas a afectados) y las empresas aseguran que ya no pueden pagar las nóminas de este mes.

«Esto es un desastre», reconoció a este periódico la director general de Aerte, María José Mira. «La situación es insostenible y los puestos de trabajo empiezan a peligrar», puesto que les adeudan facturas desde el mes de noviembre del año pasado «y así es difícil salir adelante».

Por ello, llevan protestando hace ya unos meses. Ayer, las diferentes empresarios y comités del sector se manifestaron en las tres capitales de provincia. Según los organizadores fueron 1.200 personas las que acudieron a protestar. En Valencia estuvieron primero en la conselleria de Hacienda, para posteriormente ir al Palau de la Generalitat, donde no acabaron satisfechos.

«Nos han recibido desde el gabinete de presidencia y se han comprometido a trasladar nuestras protestas», admitió Arturo León, de CCOO. Pese a ello, «ni tenemos respuesta ni la vamos a tener. Ni del Consell, ni del ministerio, ni nadie», lamentó Mira. Al poco tiempo de concluir la manifestación, Alberto Fabra, anunció que están trabajando para pagar la deuda con la dependencia «en pocas fechas».

«Somos conscientes de la deuda que tenemos con ellos», insistió el presidente de la Generalitat, quien apuntó que muchas de las empresas no entraban en el Plan de Pago a Proveedores y que, junto con la conselleria de Hacienda, están analizando la situación para «intentar desbloquearla».

Mira se mostraba desolada por el hecho de tener que protestar para que «se pongan a trabajar». De momento, no han recibido un sólo euro, de modo que seguirán con las manifestaciones. «Hoy -por ayer- sólo hemos podido venir los empresarios y los comités, porque los trabajadores estaban en los centros. El día 29 habrá más gente, porque podrán venir ellos también». Ese día saldrán varios grupos desde distintos puntos de Valencia, que se unirán frente al Palau de la Generalitat para volver a mostrar su desencanto.

«Están en juego 10.000 puestos de trabajo y la atención de 20.000 dependientes. En mi opinión muchas empresas no llegarán a principio de año, aunque todo depende de la voluntad de los trabajadores», resaltó la director general de Aerte. María José Mira considera que se pueden dar dos circunstancias en caso de no recibir la deuda. «Pueden cerrarse los centros -que dependen directamente de la conselleria- o que les devuelvan las llaves a la Administración. Porque hay que tener en cuenta que las personas viven en esos centros y se pueden ver sin nadie que los atienda».

Desde el sector son conscientes de que la situación económica en la Comunitat no es la ideal. «Todos sabemos de las dificultades que provoca la crisis», admitió Arturo León, «y estamos dispuestos a colaborar», pero no pueden tolerar los dos elementos de discriminación que creen que existe.

«Por un lado, en la educación concertada, que también depende de la Generalitat, pagan cada mes, mientras que en los centros sanitarios reciben el dinero entre los 60 y 90 días, mientras que nosotros llevamos un año entero sin cobrar, y así no podemos continuar», advirtió León. «Además, en otras comunidades en las que también hay problemas nuestro sector tarda en cobrar, pero lo hacen en tres meses, a excepción de en Cataluña, que lo hacen en seis. No entendemos por qué a nosotros llevan desde noviembre del año pasado ni abonarnos la deuda».

A todo ello se añaden las palabras del ministerio. «Sale y dice que van a pagar a 30 días. Nosotros lo escuchamos y sentimos una mezcla entre incredulidad y enojo, sabiendo cuál es nuestra situación actualmente», destacó.

Si la situación no cambia no descartan que lleguen los ERE's. «Los centros privados se pueden ver abocados a ellos, bien temporales o definitivos. Los de titularidad pública no, porque van a través de licitaciones y deben tener una plantilla obligatoria». A pesar de todo, el hecho de que empiece a haber despidos «es una hipótesis que no queremos ni barajar».