El cigarro electrónico, prohibido a partir de enero en transporte y centros públicos

«Una gran trampa muy peligrosa y engañosa». Así describía ayer el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, los dispositivos conocidos como cigarrillos electrónicos, unos aparatos a los que están tratando de poner cerco tanto el Gobierno central como los ejecutivos autonómicos, especialmente la Generalitat Valenciana y comunidades como la catalana o la andaluza.

La proliferación descontrolada de establecimientos de venta de cigarrillos electrónicos, que en la Comunitat supera el medio millar según cálculos del propio sector, y la carencia de estudios fiables que verifiquen si estos dispositivos son inocuos o perjudiciales para la salud, llevó a la Conselleria de Sanidad a emitir una circular «preventiva» en la que desaconsejaba su utilización en centros educativos, sanitarios y residencias.

Sin embargo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ayer decidió dar un paso más y ha iniciado los trámites para que, a partir del próximo mes de enero, la utilización de cigarrillos electrónicos esté prohibida en centros educativos y zonas infantiles, centros sanitarios, edificios de las administraciones públicas, especialmente los que ofrezcan servicios de atención al ciudadano, y hasta en el transporte público.

Tras la reunión que se celebró ayer del citado consejo, la ministra de Sanidad, Ana Mato, explicó que el objetivo «prioritario e irrenunciable» de la medida es proteger a los menores del vapor que desprenden estos productos, ya que todavía no hay evidencias científicas de los efectos que pueden provocar. Para formalizar la decisión, el Ministerio va a solicitar a los grupos parlamentarios que incluyan esta prohibición en alguno de los proyectos legislativos que, actualmente, están en tramitación para que «en el mes de enero pueda estar ya contemplado», según subrayó Mato. Pero esta nueva regulación sólo es el principio, ya que la ministra anunció también que el Gobierno estudiará si equipara estos dispositivos al tabaco convencional, por lo que los cigarrillos electrónicos pasarían a estar regulados por la Ley Antitabaco. De ser así, entre otros aspectos, quedaría prohibido su uso en prácticamente cualquier espacio cerrado, entre ellos los negocios hosteleros.

Avanzar más o esperar

Concretamente, según explicó Mato, el Congreso y el Senado debatirán «si quieren avanzar más» en la prohibición de utilizar estos dispositivos y extenderla a otros espacios, o prefieren «darse un tiempo» y conocer las evidencias científicas relacionadas con su consumo.

Después del encuentro, el conseller de Sanitat, Manuel Llombart, se mostró muy satisfecho con el acuerdo, ya que «supone una continuidad con respecto a lo que habíamos recomendado en la Comunitat».

Curiosamente también ayer la Eurocámara aprobaba una nueva directiva de productos del tabaco y, en relación a los cigarrillos electrónicos, el acuerdo se centra en que estos dispositivos continúen estando disponibles en el mercado y no se restrinja su venta únicamente a las farmacias. Sin embargo, la cámara europea establece que, en todo caso, estos dispositivos deberán ser regulados como productos médicos, si se alega que tienen propiedades curativas o preventivas, o como productos de tabaco. En el segundo supuesto, no deberán contener una concentración de nicotina de más de 20 miligramos por mililitro. Asimismo, se permiten los cartuchos rellenables, aunque la comisión podrá prohibirlos si los vetan, al menos, tres estados miembros.

En esta línea, la Eurocámara establece que un cartucho deberá contener el equivalente en nicotina a un paquete de cigarrillos. Además, los electrónicos tendrán que ser a prueba de niños, deberán llevar advertencias sanitarias y estarán sometidos a las mismas restricciones en materia de publicidad que el resto de productos del tabaco.

La noticia de la nueva regulación corrió ayer como la pólvora. El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, se mostró tajante: «Hay que regularlo de forma drástica», equiparándolo al tabaco convencional e incluyéndolo en la Ley Antitabaco. «No podemos justificar excepciones con el cigarrillo electrónico sobre las regulaciones del consumo de tabaco, ni en los espacios, ni en las prohibiciones. Crear condiciones especiales para su consumo, que es igual de tóxico que el tabaco, no se puede tolerar», subrayó.

«Se pretende dar la sensación de que son una alternativa al tabaco, inocente e inofensiva, y no lo es porque perjudica a la salud. Llevan compuestos tóxicos y producen dependencia como la nicotina», denunció.

Por su parte, el portavoz del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, Francisco Camarelles, calificó de «paso adelante» la medida ya que, en su opinión, el cigarrillo electrónico «es un a manera de perpetuar la presencia del tabaco». Asimismo, entiende que la regulación debe ir más allá y reclamó tres aspectos que deben estar incluidos en una futura normativa; la venta a menores, la publicidad y la regulación expresa del contenido de ese producto.

Pérdida de empleos

Por contra, el presidente de la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico, Manuel Muñoz, consideró que «el cigarrillo electrónico no es equiparable al tabaco» y, por tanto, entiende que en su regulación no se debe incluir la prohibición de usarlo en los sitios públicos cerrados, a excepción de los lugares acordados ayer en el consejo. Muñoz advirtió de que una regulación «estricta» del dispositivo, es decir, equipararlo con el tabaco, conllevará «un duro golpe» a un sector en auge que, actualmente, proporciona en España 2.600 puestos de trabajo directos, y maneja un volumen de facturación de 18 millones de euros, unas cifras que se prevé se multipliquen en los próximos años.